POBREZA ENERGÉTICA. La pobreza energética, la riqueza de las multinacionales

Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Viesgo y EDP, que conforman la Asociación Española de Industria Eléctrica (UNESA), controlan cerca del 90% del mercado de la electricidad, junto con Red Eléctrica de España. Todas juntas duplican los beneficios con respecto a las industrias eléctricas europeas.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2007, el gasto medio anual en electricidad y gas de los hogares españoles era de unos 700 euros. En 2015, el gasto mensual de estas facturas aumentó en más de un 42%, situándose en 1.000 euros, unos 300 euros más. Si tenemos en cuenta el precio de la factura eléctrica que recoge Eurostat, se incrementó un 76% entre 2007 y 2014 por el afloramiento de costes y la inclusión en la tarifa de diversos conceptos.

Por otra parte, según el informe El coste real de la energía, los hogares entregaron a través de la factura de la luz a las grandes eléctricas entre 60.000 y 80.000 millones de euros en “pagos ilegítimos” entre 1998 y 2013. La razón que aducen las eléctricas para aumentar año tras año la tarifa es que su actividad es deficitaria. Algo complicado de saber ya que a día de hoy no se conoce buena parte de sus costes de producción. En palabras de Cote Romero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, el sistema eléctrico es tan complejo para así ocultar una permanente transferencia de la renta de los consumidores a las grandes corporaciones.

Hay que destacar también que desde 1998, como consecuencia de la liberalización del mercado de la energía eléctrica en 1997 por el gobierno de Aznar, el precio de la luz ha aumentado más de un 80%. Esto se debe a que, ante el temor de las empresas a una bajada de los precios, se crearon los denominados “costes de transición a la competencia”, de tal forma que el Gobierno concedió ayudas a las eléctricas por valor de 7.327 millones, que aún hoy seguimos pagando en la factura; a razón de 261€ cada uno.

El drama humano: frío, oscuridad y aislamiento

La pobreza energética afecta a 5 millones de personas y causa 7.000 muertes al año en España. Seis veces más que por accidentes de tráfico en 2014 (1131). Así lo afirma el último estudio bienal sobre pobreza y desigualdad energética de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) publicado en abril del 2016 en base a datos de 2014. Este escenario ha ido empeorando a medida que se desarrolló la crisis económica. Su consecuencia: el Estado español está en la cuarta posición de la UE en pobreza energética.

Incendios, como el de la anciana de Reus que murió por el fuego provocado por una vela al tener cortado el suministro eléctrico, o enfermedades cardiorrespiratorias son los efectos, a veces mortales, de este tipo de pobreza que se ha multiplicado por tres desde 2007. Enfermedades derivadas de las bajas temperaturas, como respiratorias (constipados o neumonía), circulatorias (hipertensión, infarto, ictus...), salud mental (ansiedad y depresión), etc., también son causantes de las muertes.

Además, el 11% de los hogares, según el INE, son incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada (que según la Organización Mundial de la Salud estaría entre 18º y 22º). Otro estudio, de Economics for Energy, una entidad privada que trabaja para las principales multinacionales energéticas, afirmó además que las comunidades con peor situación son Andalucía, Canarias o Murcia. Las que están mejor son Euskadi, Castilla y Léon y La Rioja.

Las empresas energéticas, en general, se creen con derecho a cortar suministros en caso de impago a no ser que esos hogares estén incluidos en una lista de familias en situación de vulnerabilidad. Esto es escandaloso e inhumano, sobre todo si tenemos en cuenta que no sabemos exactamente qué es lo que estamos pagando en la factura de la luz de cada mes, lo cual atenta directamente el derecho fundamental a la información. No existe transparencia por parte de las grandes eléctricas y el Gobierno ha permitido esta situación, con cortes de suministros de luz y gas a personas que no podían afrontar los pagos.

Todos a una contra esta injusticia: trabajadores, estudiantes y sectores populares

El pasado 21 de diciembre se sucedieron movilizaciones por todo el Estado, reclamando al Gobierno del Partido Popular una solución a la dramática situación que viven millones de personas debido a la pobreza energética. Los principales sindicatos combativos e incluso los mayoritarios, en mayor o menor medida apoyaron la convocatoria. Es destacada la ausencia de UGT, en ciudades como Vigo, retratando su rol de burocracia sindical.

Esta presión social ha sido la que a hecho posible que se apruebe una ley contra la pobreza energética, apoyada por el gobierno, PSOE y Ciudadanos, que establece que la financiación del bono social (un descuento del 25% en la tarifa para varios colectivos) será financiado por las comercializadoras eléctricas en función de su número de clientes, por lo que el 94% lo sufragarán las cinco grandes eléctricas de UNESA. La última medida adoptada por el Ejecutivo en materia de pobreza energética es insuficiente. Esto no es más que un parche, que no ayuda a todos los hogares en esta situación, y sigue permitiendo las exageradas subidas del precio de la luz.

Es además necesaria una auditoría al sector eléctrico (reclamada por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en la que se integra ECOO), así como la expropiación de todo el sector energético bajo control de los trabajadores y las trabajadoras y consumidores, de tal forma que exista la certeza de que estos casos no se vuelvan a producir.

Empleando los métodos de la lucha de clases y la unidad de los diferentes sectores populares, es más probable conseguir nuestros objetivos. Ejemplos como el de la lucha de los trabajadores de la energía en Francia en sus protestas contra la ley laboral en junio, que con su huelga Robin Hood, cortaron la luz a los ricos y la conectaron a los pobres, son alentadores. Los trabajadores cortaron la electricidad a empresas y en actos del Gobierno, mientras la restituían para hogares que no podían pagársela.

Por la dignidad: expropiar a los expropiadores y cambiar el modelo energético

Es necesario apostar por la utilización de energías renovables en el territorio español, en sustitución del uso de energías fósiles, ya que son caras y importadas del exterior y contribuyen al deterioro medioambiental. Esta última cuestión afecta directamente a la economía, la organización social, la alimentación y la salud. Demandamos una inversión de fondos públicos del Estado en ellas, en detrimento del enriquecimiento de las grandes corporaciones eléctricas. Incluso con las pocas iniciativas empresariales en este sentido, según el informe “A whole new world: Tracking the renewables Boom from Copenhage to Paris (2014) del Climate Council”, el número de puestos de trabajo en energía renovable se duplicó hasta 7’7 millones de personas en todo el mundo entre 2009 y 2014.

Son unas cifras relativamente bajas que se podrían multiplicar considerablemente mediante la completa transformación del sistema de producción eléctrica hacia las renovables, que implicaría necesariamente la nacionalización sin indemnización, de todo el sector energético, bajo control de los trabajadores y trabajadoras, así como de los usuarios y las usuarias. Esto permitiría a su vez invertir mucho más dinero en investigación sobre formas más baratas y eficientes de producción de electricidad y bajaría drásticamente los precios.

Por otra parte, permitir la utilización de placas de energía solar en viviendas (que implicaría la eliminación del impuesto a la energía solar), permitiría una independencia energética y económica del mercado actual. Esto no solo abriría el camino hacia la creación de una situación social más igualitaria, siempre y cuando las empresas de fabricación de placas sean públicas, con una reducción drástica del número de personas en situación de pobreza energética, sino que también contribuiría a la creación de nuevos puestos de empleo.

Además, uno de los mayores costos reales en pérdidas de energía eléctrica se produce actualmente en el transporte, las cuales se sitúan cerca del 10%. Por tanto, una descentralización parcial de la producción de energía, junto con el control obrero de los medios para la producción de esta, en todas sus formas, contribuiría a un mejor funcionamiento del servicio y una enorme mejoría en la calidad de vida de las personas.