La llegada de López Obrador a la presidencia de México ha generado importantes debates sobre su política económica.

Si bien AMLO ha cuestionado en sus discursos al neoliberalismo, analizar las medidas económicas que lleva adelante, nos permitirá determinar hasta qué punto la implementación de determinadas políticas “heterodoxas” significa un cambio de modelo económico. Esto nos da un marco para plantear sus límites y contradicciones, así como la necesidad de una perspectiva alternativa a la situación económica que vive el país.

Los gobiernos “progresistas”, que llegaron al poder la década anterior en Latinoamérica en países exportadores de materias primas, aprovecharon un momento de la economía internacional en el cual los precios de los llamados commodities se mantuvieron a la alza, lo que les permitió otorgar ciertas concesiones a la población, a la par que mantenían las bases de capitalismos dependientes. Entre los mismos se dieron distintos grados de regateo con el capital imperialista y en la subordinación económica y política a Estados Unidos. Sin embargo, desde la Venezuela de Chávez hasta la Argentina de los Kirchner, la constante fue que todos resultaron pagadores seriales de la deuda externa, mecanismo de dominación sobre los pueblos de la periferia capitalista. Al mismo tiempo, no aprovecharon el auge de los precios de las materias primas para diversificar su estructura productiva nacional, manteniendo modelos signados por una profunda dependencia y atraso con respecto a las potencias imperialistas.

México, ¿a contratendencia?

El caso de México es interesante para pensar su dinámica política y económica respecto al resto de Latinoamérica. Durante los años 70´s y 80´s, cuando ya distintos países de la región iniciaban la conversión de sus economías al neoliberalismo, México mantenía políticas económicas de tipo “estatista”: el neoliberalismo comienza a mediados de los años 80´s. Una vez iniciado esto de la mano del “Consenso de Washington”, los gobiernos del PRI y del PAN, mantuvieron una política económica ortodoxa, acatando los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Comienza la venta de las empresas estatales a precio de remate, se abre al capital privado la inversión en sectores estratégicos, [1] se ataca la organización sindical y se promueve una cultura individualista y meritocrática.

El resultado fue que México se convirtió en uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, [2] con el 45 por ciento de su población bajo los niveles de pobreza, los más reducidos salarios a nivel internacional en distintas ramas, una pérdida sostenida de poder adquisitivo que en los últimos 30 años acumula un 80 por ciento, [3] así como niveles de violencia y descomposición social solo comparable con países que atraviesan una guerra civil como Siria.

Es la experiencia con las políticas neoliberales durante más de tres décadas, sumado a la corrupción de la casta política gobernante, lo que llevó, en el 2018, a más de 32 millones de personas a votar por MORENA, que se presentó como alternativa al neoliberalismo. Y es que Obrador planteó, durante su campaña que su política sería diferente a las administraciones que lo precedieron.

Keynes, Friedman o ambos

Los principios neoliberales plantean que el Estado no debe intervenir y que el mercado se puede autorregular, en tanto que el nuevo gobierno ha señalado que aquél debe ser un actor prioritario en la dinámica económica. Intelectuales de distinto signo político plantean que lo que busca AMLO es implementar medidas de tipo neo-desarrollistas o keynesianas:

El proyecto económico de AMLO está basado en la teoría keynesiana de crecimiento por demanda. El gasto público y la inversión, tanto pública como privada, son los dinamizadores de la economía. Sin embargo, el plan no es aumentar el gasto público sino redistribuirlo. [4]

En una entrevista con la publicación empresarial “Expansión”, a finales del 2018, el premio Nobel de Economía Paul Krugman, compara a AMLO con Lula, planteando que su política no tendría razón para poner “nerviosos” a los mercados, ya que únicamente implica programas sociales y una ligera intervención del Estado en la economía. [5]

Los postulados keynesianos/desarrollistas plantean (en los libros, ya que la realidad ha resultado muy distinta) la necesidad de que los países “periféricos” tengan Estados activos que impulsen la industrialización logrando un desarrollo endógeno. Así, según aquellos, lo diferente con respecto a gobiernos anteriores sería que el programa de AMLO se centraría por un lado en mayor gasto público en programas sociales que aumenten la demanda agregada, lo que sería una política de Estado para propiciar el desarrollo de determinados sectores de la industria y una política que algunos postulan como nacionalista en el sector energético.

En este sentido, una de las propuestas centrales de AMLO es reorientar el presupuesto para aumentar la política de tipo asistencial: becas. Según sus palabras, el objetivo sería aumentar el consumo (mercado interno) e intentar paliar el enorme problema social que significa que millones de jóvenes y sectores populares no tengan un trabajo estable ni posibilidades de estudiar. Al respecto, la secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) María Luis Alcalde declaró recientemente:

Creemos que para el próximo año vamos a llegar a 2 millones 300 mil jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan para que estén en actividades productivas. Esto significaría, si los datos del Inegi están bien, que no habría ningún joven en México de 18 a 29 años que no estudie y no trabaje. Sería un México que le apuesta a sus jóvenes. [6]

Otro aspecto importante de su propuesta es continuar orientando la inversión en determinadas zonas o incentivar ciertas ramas industriales. Dando facilidades para invertir e intentando generar mayor demanda, como sucede con la creación de Zonas Libres en la Frontera, y por otro lado buscando desarrollar la industria en ramas como la alimentaria. Además, promueve la construcción de megaproyectos como el Tren Maya que contará con participación estatal, pero cuyas ganancias serán para los inversores privados.

Pese a que algunos postulan esto como desarrollismo, el hecho es que no ha dado indicios de avanzar en la producción de bienes intermedios y se da en el contexto de una economía profundamente dominada por las transnacionales estadounidenses y enfocada en favorecer a la industria maquiladora de exportación, a la cual se busca privilegiar en la frontera norte, reduciendo el Impuesto Sobre la Renta al 20 %. Con respecto a su orientación hacia el sector energético, se enfoca en buena medida hacia Pemex, donde se intenta lograr autosuficiencia energética buscando dejar de depender de la importación de combustible.

Estas medidas se intercalan, sin embargo, con un manejo neoliberal en distintos ámbitos macroeconómicos, [7] primero con el ortodoxo Carlos Urzúa en la Secretaría de Hacienda y ahora con el nuevo Secretario Arturo Herrera quien viene de haber trabajado en el Banco Mundial, y que aunque se supone con “dimensión social”, se apresuró a afirmar: “los mercados querían mucho a Urzúa, pero también me quieren a mi” en su primera conferencia de prensa.

Por un lado, los planes sociales orientados a fortalecer su base social juvenil, se articulan con el achicamiento del Estado, lo que todas las recetas neoliberales recomiendan. El gobierno proyecta despedir 200 mil trabajadores estatales durante el sexenio. En el orden de los supuestos objetivos de AMLO, esto sería contraproducente al deprimir el consumo y disminuir la demanda, lo cual empuja a la baja el crecimiento. Esta medida implica un aumento del desempleo, mayor precarización en el trabajo y abaratamiento de los salarios. Por otra parte, mientras Alcalde o Fernández Noroña —referente del ala “izquierda” del gobierno en Diputados— hablan de mejorar las condiciones de trabajo, la Reforma Laboral aprobada es continuidad de la votada en el sexenio pasado, garantiza el outsourcing mientras afecta la capacidad de organización colectiva de la clase trabajadora.

En cuanto al mercado financiero, AMLO no busca confrontar con los especuladores, afectar las transacciones especulativas en la bolsa o limitar la repatriación de utilidades. El presidente se “cuadra” ante las calificadoras de riesgo, lo cual implica ser puntual en pagar los intereses de la eterna deuda externa. [8] El manejo del Banco Central se mantiene independiente del gobierno, regulando la emisión monetaria para no causar inflación y subastando reservas para que no se deprecie el peso. La política para atraer Inversión Extranjera Indirecta mantiene una Tasa de Interés de Referencia elevada, [9] que desincentiva la inversión productiva, encareciendo el crédito, pero permite mantener capitales especulativos tomando en cuenta la Tasa de la Reserva Federal Estadounidense.

Por último, el gobierno de AMLO no está impulsando una política proteccionista en el comercio exterior: aceptó los términos de la negociación con Estados Unidos y Canadá en el T-MEC y, si se ha retrasado la ratificación, es más bien por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, sobre todo por el interés del imperialismo de impedir la triangulación comercial (dumping). Mientras que ante la amenaza de Trump de imponer una cuota arancelaria del 5 por ciento a los productos mexicanos, Obrador acató las exigencias y utiliza la Guardia Nacional para militarizar la frontera sur.

El panorama económico: contradicciones en el horizonte

Ante la presión por parte de los mercados internacionales, de las calificadoras y Estados Unidos, podemos ver las contradicciones para la nueva administración que llevan incluso a algunos analistas a plantear que el país se acerca a una recesión.

El primer dato que salta cuando se analiza el desempeño reciente de la economía es una tasa de crecimiento que se ajusta a la baja. El proyecto de nación obradorista planteaba la meta de crecer a una tasa promedio del 4 por ciento anual. Para este primer año, las estimaciones del equipo de Obrador tenían la meta de un crecimiento del 2.5 por ciento, pero los organismos internacionales estiman para el 2019 un crecimiento del PIB cada vez más cercano a cero. [10] Esto se inscribe en el contexto donde el FMI redujo su pronóstico de crecimiento del PIB global. En este contexto, la economía mexicana se vuelve más dependiente del capital especulativo (dada la elevada Tasa de Interés) por lo que en cualquier momento de “incertidumbre” en los mercados puede complicarse aceleradamente.

En el caso de Pemex, lo que buscan las calificadoras —Standad & Poor’s, Moody’s o Ficht— es que el gobierno de AMLO mantenga la apertura al capital. De ahí que hayan reducido la calificación de la paraestatal de estable a negativa. Lo anterior en un momento donde el precio del barril del petróleo se estabiliza en alrededor de 60 dólares por unidad, pero donde al mismo tiempo se enfrenta a una importante disminución de la producción de barriles diarios, pasando de más de 2500 millones a inicios del sexenio anterior a poco más de 1600 actualmente. [11]

Por otro lado, distintas variables macroeconómicas se mantienen por ahora estables: el dólar ronda los 20 pesos, pese al desabasto de gasolina generado por el combate al huachicoleo que generó descontento en sectores del empresariado; [12] por su parte, la inflación sufre ligeras fluctuaciones a la alza, estimada en 3.7 por ciento anual, mientras las reservas internacionales muestran un relativo buen comportamiento, oscilando levemente a la alza y a la baja semanalmente. [13]

Una economía subordinada al interés de Estados Unidos jamás podrá despegar

Los problemas estructurales que tendrá que afrontar el gobierno se derivan no únicamente de la enorme corrupción del régimen del llamado PRIAN y su impacto económico como asegura AMLO, sino sobre todo de la estructura económica de México, que es la de un país capitalista atrasado y dependiente de la economía estadounidense, basado en la explotación extensiva de la mano de obra y de los recursos naturales.

Esto quedó al descubierto con la crisis que recientemente tuvo que afrontar el gobierno de AMLO con la amenaza de Trump de poner de 5 a 25 por ciento de arancel a las importaciones mexicanas. Dado que el 80 por ciento de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos, está medida hubiera significado un enorme problema para la economía mexicana. Sin embargo, no es solo la dependencia en cuanto al comercio exterior: México está atado a la inversión estadounidense y se subordina a los designios políticos y económicos del imperialismo con uno y otro gobierno.

Aunque el gobierno de AMLO no la enfrenta, la burguesía financiera no está dispuesta a ceder en nada. En noviembre del 2018, Morena en el Senado presentó una iniciativa para reducir el cobro de comisiones bancarias, ante lo cual, el mercado accionario reaccionó negativamente, [14] por lo que Morena presentó una iniciativa más moderada. Algo similar ocurrió con el anuncio de la cancelación del Nuevo Aeropuerto, ante lo cual el gobierno se apresuró a asegurar la compra de los bonos de deuda y así calmar a los mercados.

En el contexto de la desaceleración económica mundial y en el marco de una inestabilidad económica global, el capital exige aumentar la explotación de la fuerza de trabajo para recomponer su tasa de ganancia. En este escenario, Donald Trump es un presidente que está dinamitando el “consenso neoliberal”, ha vuelto a imponer aranceles al acero y al aluminio en gran medida por su guerra comercial con China, mientras su amenaza reciente de cobrar aranceles sino se controlaba la migración (la cual viene de la devastadora política capitalista en Centroamérica) se puede repetir de otras formas en el futuro próximo.

Necesitamos otra economía

Si los gobiernos posneoliberales en América Latina tuvieron un margen para otorgar concesiones, AMLO se encuentra flanqueado por una compleja situación económica mundial de bajo crecimiento y por un agresivo gobierno en la principal potencia imperialista con la que compartimos frontera. En este marco, una política que busca gobernar para ricos y pobres tarde o temprano muestra sus límites.

México es un país con enormes riquezas naturales, en contraste con ello casi la mitad de la población está en la pobreza y los trabajadores viven de forma precaria. La irracionalidad capitalista que prioriza la ganancia sobre la vida y la subordinación y dependencia al imperialismo, es la que lleva a los países a la barbarie como la que vive México con violencia y feminicidios crecientes. La única alternativa realista para mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría trabajadora en el país, es poner la economía al servicio de las necesidades sociales y no del capital.

Hay que renacionalizar la industria energética privatizada y ponerla a funcionar bajo el control democrático de los trabajadores y el asesoramiento de técnicos y profesionales de las universidades públicas; se requiere el monopolio estatal del comercio exterior acompañado de una banca estatal única que concentre el ahorro nacional y otorgue créditos baratos al pequeño comerciante y al campesino para sacar el campo del atraso y avanzar en la industrialización del país, otros sectores estratégicos de la economía como las telecomunicaciones y los transportes no pueden estar en manos privadas, deben ser gestionados públicamente. El impacto ambiental debe ser considerado con jerarquía, avanzando a una economía realmente sustentable que tome en cuenta el bienestar de las futuras generaciones. Este tipo de medidas junto a un aumento de salario, para que cubra al menos el costo de la canasta básica, son algunas de las que habría que tomar para sacar a México de la dependencia, la desigualdad y el atraso en lo que lo han metido la casta política sirviendo a los intereses de los grandes capitales.

Para lograr esto, hay que romper con la subordinación ante Estados Unidos, el FMI y dejar de pagar la onerosa deuda externa. Eso solo lo puede hacer un gobierno de los trabajadores y del pueblo, que expropie a los capitalistas y trasnacionales, planifique democráticamente la economía en función del interés colectivo y que ponga la ciencia y los avances tecnológicos al servicio de la población.