El panorama de los últimos días ha estado marcado por la ratificación de la prisión preventiva de 45 días para Felipe Román, estudiante de la carrera Técnico de Diseño Industrial de la Universidad, tres estudiantes de la UAHC y uno de la ARCIS. Todos ellos víctimas de un supuesto nuevo montaje policial.
Miércoles 15 de julio de 2015
Belén Zamorano
Los cinco estudiantes fueron formalizados por incendio en lugar habitado, porte de armas y porte ilegal de artefactos explosivos. Este sábado 11 de julio, la Corte de Apelaciones confirmó, por unanimidad, la prisión preventiva de 45 días, mientras se realiza la investigación por su supuesta implicancia en el ataque al cuartel de la PDI el 24 de noviembre del año pasado. Los jóvenes arriesgan una condena desde los 5 años y un día, hasta 20 años de prisión.
Las pruebas que utilizó la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Oriente para detener y formalizar a los cinco jóvenes, se sostienen en 15 testigos protegidos y rastros de ADN en overoles, colillas de cigarros y envases de yogurt alrededor del cuartel, además de los libros incautados tras los allanamientos a las casas de familiares en la madrugada del 2 de julio.
A lo anterior, se suma el Fiscal a cargo del Caso: José Luis Leiva, ex Director de los Servicios de Inteligencia de la PDI en Concepción. Reconocido por su labor de intervenir y desarticular organizaciones políticas, actualmente se desempeña como Jefe de la Fuerza de Tarea de Delitos Complejos en Cañete. Un personaje cuidado bajo siete llaves, de quien no existen registros, siquiera, en internet.
La herencia de la Dictadura sigue operando impune
Este caso se suma al de Germán Urrutia y Cristóbal Miranda, estudiantes de la UTEM, detenidos y torturados tras la movilización de la Confech en apoyo al paro nacional convocado por la Unión Portuaria del 18 de junio. Los estudiantes confirmaron ser víctimas de duras golpizas por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros, las que incluso los hizo perder la conciencia en tres ocasiones, además de ponerles bolsas de plástico en la cabeza para asfixiarlos. A esto, se añade la denuncia por montaje de Fuerzas Especiales y LABOCAR, los que les rosearon las manos con bencina para utilizarlo como evidencia.
Hoy, los estudiantes imputados se encuentran en Santiago 1, privados de libertad, cumpliendo la prisión preventiva a la espera del juicio. German y Cristóbal arriesgan un mínimo de 3 años de pena efectiva, hasta 10 años, siendo procesados por la Ley de Armas y porte de artefactos incendiarios (molotov), utilizando testimonios de funcionarios de Fuerzas Especiales como pruebas.
Exigencia a la Vocería de la Confech
En el Ampliado Estudiantil del viernes 10 de julio se levantó la exigencia a la Vocera de la Confech, Marta Matala, para que el organismo de los estudiantes se pronuncie públicamente contra la criminalización y la represión al movimiento estudiantil, utilizando todas las tribunas mediáticas que disponen, para superar el cerco comunicacional que mantiene el gobierno de la Nueva Mayoría.
Se puede entender que esta problemática atenta contra el conjunto de los trabajadores, profesores y estudiantes que vienen protagonizando una serie de movilizaciones a nivel nacional y que mantienen profundos cuestionamientos hacia el Gobierno. Este último, en una ofensiva por desarticular, viene impulsando una serie de políticas y mecanismos, también aplicados en Dictadura, lo que se visibiliza en la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado a trabajadores del Transantiago, desalojos a colegios y liceos, encarcelamientos a estudiantes por montajes.
Es imperante levantar un gran movimiento democrático en solidaridad con los presos y contra la criminalización a la lucha de estudiantes y trabajadores, y que de esta forma, el movimiento estudiantil en su conjunto, tome en sus manos la lucha por la libertad de los siete compañeros. Además, se hace imprescindible que organismos como la CONFECH, ACES y CONES, se hagan partícipes y llamen a jornadas nacionales contra la represión, criminalización y montajes policiales.
