Mundo Obrero. La precariedad laboral continúa aumentando bajo el gobierno de Pedro Sánchez

La no derogación de las reformas laborales que acentuaron la precariedad laboral, la de Zapatero y la de Rajoy, hace que se siga expandiendo la precarización laboral. Sin embargo, los beneficios empresariales se disparan y la economía mantiene un buen ritmo de crecimiento, a pesar de sufrir una cierta ralentización. La burocracia sindical, mientras, mira para otro lado.

Algo más del 90% de los contratos que se firman son precarios porque son temporales, cuando esos trabajadores quieren trabajos estables. Sin embargo, es evidente que una economía como la española que lleva creciendo tres años por encima del 3% y que en 2018 lo hará también con cifras cercanas- se prevé un crecimiento cercano al 2,7%- presupondría una creación de puestos de trabajo estructurales muy superior a aquellos que están sujetos a la variabilidad de las necesidades del propio mercado capitalista. Sin embargo, en esa tesitura de crecimiento solvente y sólido, resulta que la creación de puestos estructurales se materializa como algo absolutamente marginal mientras la creación de puestos con carácter temporal es la constante absoluta y predominante en todo el período de salida de la crisis, incluyendo los tres últimos de fuerte crecimiento y elevada creación de empleo.

Esto es así porque claramente se están verificando las consecuencias de las dos últimas reformas laborales. No lo olvidemos, una de un gobierno socialista como el de Zapatero muy valorado como progresista. Y la otra del gobierno de Rajoy, ya con otras valoraciones, corrupto y antisocial. Sin embargo ambos partidos políticos sostenedores del régimen del 78, en lo que respecta a la precarización y en dejar a los trabajadores indefensos y a los pies de los caballos explotadores de la patronal, se han dado la mano para lograr el crecimiento del beneficio empresarial y la salida a la crisis económica de 2008 a costa de la sobreexplotación y la miseria de los trabajadores. Además todo el proceso ha venido acompañado por una fuerte devaluación salarial, con cifras en algunos segmentos de trabajadores, precisamente los más precarizados, de hasta el 30% de disminución de sus salarios.

Lo cierto es que Pedro Sánchez comenzó prometiendo que iba a derogar la reforma laboral de Rajoy y después de 100 días de gobierno no ha realizado ningún movimiento al respecto. Más bien, lo que ha sucedido es que inmediatamente después de lograr el éxito en la moción de censura contra Rajoy, comenzó a señalar la enorme dificultad para llevar adelante su promesa de derogación de esta reforma laboral por la debilidad parlamentaria, para pasar a indicar que quizás sería suficiente con suprimir los aspectos más lesivos de esta reforma.

Sin embargo, ni siquiera ha dado un solo paso serio por el momento para iniciar de manera creíble la derogación o reforma alguna de la reforma laboral, y, a la burocracia sindical, por otra parte, tampoco se la ve que esté especialmente inquieta o agite las aguas. No existe la más mínima convicción para desarrollar la lucha sindical y social necesaria y con la suficiente fuerza para tratar de revertir la relación de fuerzas en favor de los trabajadores e intentar torcer la voluntad al gobierno y lograr derogar la reforma laboral de Rajoy, menos aún la de Zapatero, ni en su totalidad ni en parte alguna.

Podemos e IU apoyaron la moción de censura en favor de Sánchez, argumentando la necesidad de una regeneración democrática y de revertir los recortes sociales. Esto último no se estableció como condición indispensable para apoyar la moción de censura. Por lo tanto, han pasado a sostener parlamentariamente al PSOE, partido que se ha caracterizado históricamente por ser el artífice de la mayoría de las reformas laborales sufridas por los trabajadores, incluida la última de Zapatero, e incluyendo todo tipo de recortes en políticas sociales, como el propio “pensionazo” de Zapatero y las reconversiones industriales y recortes de derechos laborales generalizados de Felipe González en sus gobiernos. Recordemos que por algo uno de los gritos más difundidos del 15 M fue: “PP y PSOE la misma mierda es”.

Podemos, que incluso se ha erigido como socio preferente del gobierno de Pedro Sánchez, le ofreció todo su apoyo parlamentario ya en el mes de junio a cambio de una batería de 20 medidas, entre las que se incluía la derogación de las reformas laborales. Sin embargo, la relación se enfrió a finales de julio, tras no llegar a un acuerdo sobre la senda de déficit. Desde ahí tras posteriores negociaciones en agosto, la relación pasó a ser intensa y muy mejorada lo que se plasmó en la reunión mantenida a principios de septiembre en Moncloa y la posterior rueda de prensa dada por Pablo Iglesias en solitario que puso el marco al acuerdo global alcanzado con algunos compromisos concretos, pocos y poco relevantes, y puntos intermedios con más temas que se desarrollarían en función de la negociación a desarrollar en diversos temas.

En esa rueda de prensa ya no se habló de ninguna exigencia a Pedro Sánchez para que derogue las reformas laborales, limitándose a centrar las exigencias en algunas reformas impositivas más bien superficiales, en facilitar material escolar gratuito a la población, la revalorización de las pensiones y medidas similares que para nada alcanzan a revertir los recortes sociales fundamentales y las enormes agresiones sufridas en los derechos económicos y sociales de los trabajadores.

La precarización campa a sus anchas tras 100 días de gobierno

Lo que ha venido sucediendo y lo corroboran los datos estadísticos es que la precarización laboral ha continuado expandiéndose como una mancha de aceite bajo los 100 días del gobierno de Pedro Sánchez.

Los datos oficiales del mes de agosto del Servicio Público de Empleo (SEPE) recién publicados indican que se realizaron 1,6 millones de contratos de los cuales 1,5 millones eran temporales y, por lo tanto solo unos 100.000 fueron fijos. Esto supone un porcentaje de temporalidad de algo más del 90% del total de los contratos realizados en el mes de agosto. Esta cuantía es muy similar en nivel cuantitativo de temporalidad al 90% que se venía registrando, pero lo que es más grave es que los propios contratos temporales son cada vez más precarios, es decir, se está produciendo una precariedad dentro de la precariedad.

Esto es así porque el 27% de los contratos eventuales firmados el agosto lo eran para trabajos de 7 días o menos. Sin embargo, al contrastar el dato con lo que sucedió hace 11 años en el mismo mes de agosto, podemos comprobar que en 2007 esos contratos de tan solo una semana suponían cerca del 15%. Desde esa fecha el dato ha ido aumentando año tras año, incluido el último período.

Esto para una economía como la española que siempre se ha encontrado, incluso antes de la crisis, con una temporalidad muy por encima de la media europea, y muy por encima de la propia lógica económica y de las propias leyes que han venido exigiendo que la temporalidad solo pueda ser utilizada para contratos no estructurales, resulta una debacle social absoluta. Un tsunami de miseria social, al alcanzar estos registros de precariedad un nivel histórico que rompen cualquier marco de desarrollo social mínimo para un país de economía capitalista desarrollada.
Lo curioso es que los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT, parece ser que han denunciado la situación y lo achacan a que la reforma laboral agravó la situación.

Pero esa situación nació de las múltiples reformas laborales pactadas con las cúpulas sindicales de CCOO y UGT y firmadas por ellos acuerdo tras acuerdo. Y por si fuera poco, la reforma laboral de Rajoy resulta que fue aceptada tácitamente por los dirigentes de CCOO y UGT, dado que más allá de dos huelgas generales convocadas contra Rajoy a regañadientes y arrastrando los pies, se pasó enseguida a aceptar la situación, negándose a convocar ningún tipo de lucha y movilización relevantes ni en la calle ni en los centros de trabajo desde noviembre de 2012 hasta hoy. Más de 5 años de apatía sindical absoluta.

Lo que parece evidente es que solo derribando a las actuales cúpulas sindicales de CCOO y UGT, cómplices y sostenedores de todos los recortes salariales y laborales y los gobiernos que los impusieron, iniciando la reconquista de los sindicatos para la clase trabajadora, impulsando la coordinación y acción común de los trabajadores y trabajadoras de diferentes sindicatos y sustituyendo las direcciones burocratizadas por direcciones combativas y sin privilegios, luchadoras y no corruptas. De este modo sería posible comenzar a revitalizar una lucha sindical realmente combativa, que debería estar apoyada en asambleas democráticas de trabajadores, para impulsar una lucha sostenida por un programa que incluya la nacionalización de los sectores estratégicos, la derogación de las reformas laborales y la finalización de la precariedad, la prohibición de los despidos, subidas salariales para recuperar todo el poder adquisitivo perdido y el reparto del trabajo sin recorte salarial.

Sin duda, es una tarea dura y complicada. Las cúpulas sindicales han demostrado su solidez que se apoya y estimula la resignación y pasividad de los trabajadores, y que cuenta con el enorme apoyo a todos los niveles que reciben de los gobiernos y la patronal. Pero por ello mismo resulta algo esencial impulsar esa perspectiva antiburocrática y de lucha, para empezar a modificar la relación de fuerzas actual y lograr que la crisis la empiecen a pagar los capitalistas.