Se reabre el debate sobre quién debe pagar las pensiones ¿Los empresarios o los trabajadores? Un nuevo “consenso” de Toledo se está gestando, esta vez también a favor de los de siempre.
Juan Carlos Arias @as_juancarlos
Jueves 7 de julio de 2016
Foto: EFE
El agujero negro de la Seguridad Social está batiendo récords. 2016 apunta a cerrarse con el déficit más abultado de su historia. Las razones de esta bajada de ingresos hay que buscarlas en un desempleo crónico por encima del 20%, la caída brutal de los salarios y la expansión de las distintas formas de precariedad laboral. Que los empresarios “paguen menos” a los trabajadores “activos”, implica que hagan lo mismo para sostener las prestaciones de los “pasivos” o retirados.
Los resultados de los cinco primeros meses del año acumulan un desajuste entre ingresos y gastos de 18.000 millones. A este ritmo, los analistas indican que el próximo año se liquidará el fondo de reserva, solo en julio se han sacado 8.700 millones. El próximo gobierno se encontrará con esta situación que previsiblemente querrá “resolver” con un nuevo “ajustazo”. Seguramente lo querrá hacer en el marco del Pacto de Toledo, buscando la inestimable colaboración de otras fuerzas políticas y sobre todo de las direcciones de CC.OO y UGT.
Los empresarios ahorran con los salarios y las pensiones
Los beneficios obtenidos por los empresarios fruto del aumento de la explotación en estos años de crisis es lo que está detrás del riesgo de quiebra del sistema y los ajustes que se avecinan.
El paro de masas fue la primera medida con la que se descargó todo el peso de la crisis sobre los trabajadores. Y la situación no apunta a una mejora real. Aunque los datos de paro registrado en el mes de junio han sido más favorables, cifran en 3.767.054 el número de personas desempleadas. La creación de empleo ha sido de 124.349. Sin embargo, en datos desestacionalizados serían 48.574 empleos.
El otro gran elemento ha sido el incremento de la precariedad, otro factor que dificulta gravemente la recaudación. En el mismo mes de junio se han realizado nada menos que 1,9 millones de contratos. Tan solo un 7,73% eran de carácter indefinido, 148.395 contratos, y un 92,27% temporales.
Pero detrás de la etiqueta de “indefinido” también hay precariedad. El 42% de los contratos de este tipo son a tiempo parcial, algo que en algunos sectores, como los menores de 19 años se agrava hasta 95,7%. Entre los 20 y los 24 años esta situación la padecen el 84,3% de los nuevos indefinidos, y entre 25 y 29 años solo baja al 64,7%. Pero es que los mayores de 60 años también viven una situación de grave precariedad, solo el 52,3% tienen contratos indefinidos a jornada completa.
A esto habría que añadir la baja remuneración de la mayoría de estos nuevos empleos. El salario medio de los nuevos contratos se cifra en 1.250 euros brutos mensuales, en realidad en la mayoría de los casos mucho menos, el salario más habitual ya no llega ni a los 1.000 euros.
La pregunta es ¿qué tipo de cotizaciones pagan los empresarios por estos trabajadores? y en consecuencia ¿de qué pensiones hablamos? Estos son los factores clave que explican el importante déficit de la Seguridad Social. Con estos sueldos y contratos se calcula que actualmente hacen falta alrededor de cinco empleos para sostener a un pensionista de 1.342 euros brutos al mes (aunque la pensión media está en 1.042 euros), cuando antes de la crisis este ratio estaba en 2/3 trabajadores.
Resulta pues insuficiente el crecimiento de la afiliación, que según datos oficiales lo hace a un ritmo anual del 2,6%, y el consecuente incremento de la recaudación, del 2,8%, ya que el gasto en pensiones lo hace al 3,3%.
¿Quién debe sostener el sistema de pensiones?
Parece estarse gestando un nuevo “consenso” que apunta a liberar a los empresarios de la “carga” de las pensiones, y dejarla recaer en los presupuestos. Pero ¿quién aporta a los presupuestos? Esencialmente los trabajadores. Los salarios aportan tres veces más que las rentas del capital, el impuesto de sociedades. El otro gran aporte, equivalente a lo que aportan los salarios, viene de los impuestos indirectos, el IVA y los especiales, especialmente gravosos para los trabajadores y sectores populares.
Podemos han mantenido hasta ahora una posición en esta dirección. Su principal propuesta es derivar el sostenimiento financiero del sistema a los presupuestos. Esto, además de dejar en el bando de los asalariados la principal carga para sostener el sistema, lo hace al mismo tiempo que acepta que las cuentas, su techo de gasto e ingresos, deberán negociarse con la Troika. Una paradoja que no aleja el riesgo de quiebra o ajuste severo sobre los pensionistas, como está realizando Tsipras en Grecia con rebajas del 30%.
CCOO por su parte ya propuso en 2013 que se incluyera en los presupuestos las pensiones de viudedad. Lo paradójico es que esta propuesta ha sido recogida por el PP en su programa del 26J, valorada en 2.000 millones al año. Es que en realidad se trata de una medida que libera a los empresarios de costear estas prestaciones y permite seguir ofreciéndoles reducir sus aportaciones. Solo las medidas de “estimulación a la contratación” suponen un detraimiento de 2.500 millones este año en favor de los empresarios.
El PSOE propuso en la campaña electoral crear un impuesto solidario que financiara la Seguridad Social. Podemos señaló que la veía con buenos ojos ya que era similar a la que llevaba en el documento “50 pasos para gobernar juntos” suscrito entre Podemos e IU. Ciudadanos fue el menos concreto de los cuatro partidos y apuntó a recuperar el consenso en el Pacto de Toledo.
Lo que está claro es que la ofensiva contra las condiciones laborales y salariales de los últimos años están ya pasando factura y amenazan con llevar a la quiebra el sistema. La “solución” que se está planteando desde todo el arco político no es otra que esta “crisis” también la asumamos los trabajadores, nunca los capitalistas, en forma de ajustes sobre las pensiones, aumento de la edad de jubilación (ya firmado entre el PSOE y con las direcciones sindicales en 2011) y descarga sobre los presupuestos su mantenimiento.
Nada se dice de buscar una solución al problema por la vía de incrementar la presión fiscal sobre las grandes fortunas y empresas, que apenas pagan impuestos. Ni mucho menos con acabar con las exenciones fiscales y de cotizaciones a la misma Seguridad Social de la que se benefician las grandes empresas. Tampoco con imponer un plan de aumento del SMI, acabar con la precariedad laboral que afecta a la mitad de los trabajadores o prohibir los despidos.
La defensa de unas pensiones dignas y garantizadas está íntimamente unida al resto de programa contra la crisis. O la pagamos los trabajadores y sectores populares o la pagan los capitalistas. Aceptar que debemos pagarla nosotros vía presupuestos es no aceptar de facto que el modelo laboral impuesto en las pasadas décadas y empeorado durante la crisis es incuestionable.
Es imprescindible exigir a las direcciones sindicales y a la fuerzas políticas que hablan del cambio, como Podemos e IU, que defiendan un programa opuesto a este nuevo “consenso” en ciernes, que plantee abiertamente que las pensiones deben ser sostenidas por los grandes beneficios de los capitalistas, en base al fin de la precariedad, el reparto del trabajo sin reducción salarial y el incremento de las cotizaciones y los impuestos a las grandes fortunas.
Juan Carlos Arias
Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
