Desde la década de los ochenta del siglo pasado, el Estado ha sido clave en la ofensiva del capital contra el trabajo.
El periodo de reformas contra el pueblo trabajador, popularizado como neoliberalismo, que se agudizó bajo el gobierno de Carlos Salinas y el “Pacto por México” de Peña Nieto, pasando por los sexenios panistas, muestran con claridad el modo en que el Estado mexicano actuó en correspondencia con los intereses del gran capital nacional y extranjero.
Con el ascenso del lopezobradorismo a la presidencia algunos sectores de izquierda o progresistas han llegado a considerar que esa correspondencia llegó a su fin o que el “nuevo” proyecto de nación conducirá a una nueva estatalidad: un pacto civilizado entre el 1 % de los multimillonarios del país con al menos el 50 % de desposeídos que se encuentran en la pobreza. Con lo que esta nueva administración, bajo el eslogan de Cuarta Transformación, trataría de constituir un nuevo “Estado de bienestar”.
Estado y burocracia en México
El neoliberalismo caracteriza, sobre todo, las políticas económicas que el Estado ha impulsado en las últimas décadas, tales como son la restricción del gasto público, la ola de privatizaciones, el desmantelamiento del Estado, la liberalización comercial y financiera, los compromisos inquebrantables con la banca internacional establecidos con la deuda pública, la autonomía del Banco de México, elevadas tasas de interés, políticas antiinflacionarias, la ofensiva contra los sindicatos y otras políticas asociadas al Consenso de Washington. El Estado mexicano —subordinado a intereses de clase— hasta el día de hoy se ha caracterizado nítidamente por imponer estas políticas.
El objetivo principal consiste en resguardar a toda costa la reproducción del aparato productivo volcado al mercado externo bajo el dogma de atraer y orientar las inversiones privadas (extranjeras o nacionales), a los predestinados núcleos de acumulación vinculados al TLCAN (hoy T-MEC) sustentados en salarios (“competitivos”) que cubren apenas o incluso ni siquiera cubren el valor de la fuerza de trabajo, lo que tiene consecuencias estructurales en la depresión del mercado interno y la acentuación de la dependencia económica respecto al mercado exterior.
El Estado, en su papel de espolear la reproducción de capital, estimula —dentro de su aparato burocrático— la generación de esferas de alto consumo que intentan compensar el raquítico consumo interno. Los ingresos de la alta burocracia, que en sexenios anteriores llegaron a límites descomunales (salarios de hasta medio millón de pesos mensuales), hoy —a pesar de la retórica— no han dejado de ser sumamente altos, rebasan los 80 salarios mínimos.
Además, los espacios de esta burocracia dorada, los coloca como intermediarios de los grandes negocios del gran capital (el caso de Odebrecht es arquetípico), por lo que el mismo sistema genera zonas abiertas a la corrupción.
Como se aprecia en la tabla, de los más de 4 millones de trabajadores del estado, poco más de 800 mil funcionarios públicos reciben sueldos mayores a los 20 mil pesos mensuales (19%). Si tomamos en cuenta que para acceder a la canasta básica de una familia, el salario de un trabajador debe rondar los 16 mil pesos mensuales, uno que recibe 20 mil pesos dista mucho de pertenecer a la burocracia dorada.
Para 2019, de los 1.87 millones de trabajadores de la administración federal, se estimó que había 34 mil 559 funcionarios ganando más de 100 mil pesos mensuales, lo que aproximadamente representa el 2% de este sector. Si se conservara esta proporción, querrá decir, en términos redondos, que de los más de 4 millones de funcionarios públicos, unos 80 mil pertenecen a esta casta dorada. Como vemos, por los problemas que encierra la economía dependiente respecto al mercado interno, el Estado tiende a reproducir la desigualdad salarial entre sus mismos trabajadores.
Tendencias de la precarización en los trabajadores del Estado
Pero el Estado no sólo reproduce la desigualdad, sino que también tiende a precarizar a sus propios trabajadores. El Estado ha hecho suyos los procesos de reestructuración del trabajo que el capitalismo contemporáneo instauró en el último tercio del siglo pasado.
Bajo el dominio del ideario neoliberal-empresarial en contra de un “Estado obeso” y sus “extraordinarios costos de nómina”, así como presionado por compromisos financieros con sus acreedores locales y extranjeros, el Estado emprende su ofensiva contra sus propios trabajadores de los servicios públicos, así como contra sus organizaciones sindicales y de representación jurídica, ideológica, etc. El papel de la burocracia sindical ha sido deshonroso al traicionar a sus agremiados y colaborar con la política impulsada desde los distintos gobiernos.
Además del caudal de despidos, cada vez más el Estado tiende a recurrir a emplear toda una gama de trabajadores inestables, contratados por honorarios, eventuales, servicios profesionales, de Nómina 8, becarios, subcontratados (outsourcing), semibasificados y demás figuras que deterioran o cancelan en términos absolutos los derechos laborales. Un imperativo para el Estado, característico del período neoliberal, es hacer grandes transferencias al capital financiero por concepto de deudas. Por ejemplo, los costos financieros en 2019 ascendieron alrededor de 749 mil millones de pesos, para 2020 ya se estiman en 771 mil millones; ¡más de tres veces el presupuesto de la Ciudad de México aprobado para este año!
Con estos compromisos incuestionables, el Estado se ve empujado a expropiar a sus trabajadores el costo de sus derechos laborales: pensiones, aguinaldos, servicios médicos, prestaciones, finiquitos, créditos para vivienda, etcétera. En este sentido, esquemas de contratación estables, como los trabajadores de base, sindicalizados, e incluso los de confianza, representan un obstáculo para realizar esta expropiación.
Con la implementación de formas de contratación precarias, el Estado también golpea a los sindicatos formados en las empresas y dependencias públicas, cuando de por sí el sindicalismo experimenta una grave crisis. Ante esta situación, cabe preguntarnos ¿qué tan profunda es la precarización en los trabajadores del Estado?
Cuestión fundamental que no ha obtenido toda la atención que se merece. Quizá por el propio dominio ideológico neoliberal que estigmatizó a la función pública para lograr su desmantelamiento y que al mismo permitió el ensanchamiento de los espacios del capital ahí donde el Estado es erosionado. Veamos.
De 1999 a 2018, los amparados al ISSSTE aumentaron en 613 mil 543, de 2 millones 304 mil 454 llegaron a los 2 millones 917 mil 997 trabajadores. Un aumento del 27% en 19 años. Por otro lado, de 2010 a 2014, la precarización del personal en las instituciones de las administraciones públicas estatales pasó de 158 mil 434 a 377 mil 852, un aumento de 219 mil 418, en tan solo 4 años la precarización aumentó en 138.5 %.
Para 2016, el total de los trabajadores del Estado sumaban 4 millones 203 mil 475, de los cuales solo 2 millones 857 mil 365 estaban amparados al ISSSTE, por lo que los trabajadores precarios rondan en un millón 346 mil 110. Es decir, por cada 3 trabajadores de base 1 tiene contrato precario: honorarios, eventuales y otros, según la clasificación oficial. Estas tendencias nos arrojan un índice de basificación/precarización de 1 a 24. Es decir, por cada nuevo trabajador que se ha basificado o se ha contratado por confianza a 24 se les ha contratado precariamente.
Hay que tener en cuenta que nuestra aproximación no contempla la subcontratación, pues en la estadística oficial éstos no figuran como servidores públicos: tales como el caso del personal de limpieza de las dependencias, artistas que prestan servicio en festivales, trabajadores comunitarios o becarios. También hay que hacer notar que la mayoría del personal del Estado no son administrativos, sino profesores, médicos, trabajadores sociales, obreros, que atienden los servicios públicos y que con el deterioro de sus condiciones de vida, el servicio público también empeora (otro rostro de la privatización).
El debate con la 4T: El “Estado de bienestar" en entredicho
El adelgazamiento del Estado consiste en una serie de ajustes que van encaminados a reducir la inversión pública y el gasto social, concesionar los servicios o privatizarlos y hacer transferencias de riqueza hacia los acreedores financieros, es decir, toda una serie de medidas que benefician al gran capital. Irónicamente, la política de “austeridad” republicana y el combate a la corrupción, propia de este gobierno, lejos de romper con esta tendencia neoliberal, la ha optimizado. Contrario al viejo desarrollismo burgués que echó a andar las bases de la economía capitalista de la mano con el fortalecimiento del Estado, de los servicios públicos y otorgando distintas concesiones a los trabajadores, el gobierno de la Cuarta transformación, que en el discurso rememora el viejo modelo, no cuestiona el dogma neoliberal del adelgazamiento estatal y sus consecuencias.
La renuncia del gobierno federal para impulsar una reforma hacendaria progresiva contra los que más poseen (el 1% de la población), le impone otros caminos para obtener recursos para impulsar el “bienestar” mediante sus programas sociales, e invertir en el sector energético (PEMEX y CFE): se trata de la elaboración de una mera “reingeniería” de las finanzas públicas por parte de la Secretaría de Hacienda de la 4T. Básicamente esta reingeniería consiste en reorientar el gasto público de unos sectores a otros y con el combate a la corrupción “optimizar”el uso de esos recursos.
Un ejemplo se puede apreciar nítidamente con los recortes y ajustes al presupuesto de la Ciudad de México para este año: el presupuesto aumentó sólo en 5 mil millones, misma cantidad que se le aumentó sólo a un fideicomiso que se encarga de otorgar becas a niños de preescolar, primaria y secundaria; por otra parte, en 55 dependencias hubo un aumento de 18 mil millones, ¿cómo puede ser esto sin incurrir en déficit fiscal? Pues resulta que 39 dependencias se hizo un recorte de aproximadamente 12 mil millones.
El problema de esta política fiscal, es que los sectores que experimentan los recortes agravan sus problemas ya de por sí considerados críticos. El desabasto de medicamentos es uno de los casos más delicados, así como el abandono médico a sectores vulnerables de la población (como es el caso de los niños con cáncer o el financiamiento que el gobierno daba a instituciones privadas para el tratamiento de mujeres con cáncer de seno, como el caso de FUCAM).
Si estos sectores han experimentado recortes, otros que son considerados menos prioritarios se conducen al abismo. Tal es el caso de la cultura, de casi 22 mil millones de pesos que recibía en 2015, ha ido descendiendo hasta ahora contar con un presupuesto de 13.5 mil millones, una caída del 40 por ciento en 5 años. La pesada herencia de los derechos sociales unida a los servicios públicos muy lejos está de resolverse bajo estas condiciones de austeridad.
La precarización de los trabajadores estatales es otro de los casos que la 4T no pretende revertir. Al contrario, hay una ofensiva laboral contra el sector y al parecer será uno de los sellos que puede dejar este sexenio, tal como la ofensiva contra el SME con Calderón, o la ofensiva contra el magisterio con Peña Nieto.
La incorporación de más de 200 mil becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro a las dependencias públicas, lejos de beneficiar a los jóvenes, agudiza la precarización laboral en el Estado, pues a estos becarios no se les reconoce relación laboral alguna y además están siendo usados como reemplazo de los trabajadores despedidos. A su vez que el Programa sirve para tapar el boquete que va dejando a su paso la austeridad republicana, se usa un tipo de trabajador (eventual) aún más precario del que ya existía, con salario mínimo y un horizonte nulo de derechos laborales, porque de antemano se les advierte que no son trabajadores.
Con la incorporación masiva de becarios a las dependencias públicas, la precarización laboral en el Estado ha dado un nuevo salto con la 4T. Se trata de un mayor disciplinamiento y sometimiento de los trabajadores para cumplir la nueva normatividad laboral, sin derechos ni resistencia.
Ante el panorama desolador del desempleo, es preferible “someterse” a los designios de la autoridad en turno, no causar problemas, ni exigir derechos laborales de ningún tipo. La ironía es que la 4T viene haciendo de esta subordinación un “privilegio”.
El Programa PILARES de la Ciudad de México es otra prueba más. Por ejemplo, el Instituto del Deporte mantiene mecanismos aberrantes de sometimiento de los becarios de este Programa. Se pretende que en medio de la vorágine de la precarización, los trabajadores (alias becarios) se “pongan la camiseta” por este “noble programa”, asumiendo tipos de contratación simulados y violencia laboral normalizada. [1]
Con un Estado anclado a los intereses del capital financiero, un incremento monumental de la precarización en los trabajadores estatales, servicios públicos deteriorados, renuncia a la reforma hacendaria, recesión económica, y un Estado en crisis presupuestaria permanente, la 4T dice establecer un “Estado de Bienestar”.
En lo que atañe al mundo del trabajo en el interior del aparato estatal, es necesario y urgente poner en la discusión pública el creciente y permanente proceso de precarización de los trabajadores estatales. Hasta ahora no existen análisis de tan relevante problemática que lleve a reflexionar sobre el papel que el gobierno de la Cuarta Transformación está asumiendo respecto a los trabajadores públicos.
¿Puede un gobierno que se reclama “progresista” continuar las tendencias del trabajo en los servicios estatales de los gobiernos anteriores, incluso agravándolas? ¿Cuál es el futuro que la política de la “Austeridad Republicana” ofrece a los trabajadores al servicio del Estado? Esa es la cuestión.
La “austeridad” adelgaza al Estado empobreciéndolo. Lo que tiende a agudizar el grave problema de la precarización que socava la estabilidad y los derechos de los trabajadores estatales. Al mismo tiempo, se nos recrea un mundo de incertidumbre laboral, que niega nuestro futuro dentro y fuera del trabajo.
Pensar una política para nuestro tiempo
El conjunto de condiciones que señalamos, no sólo ponen en entredicho la posibilidad de un “Estado de bienestar” bajo el capitalismo, también muestran una verdad de nuestro tiempo: la inviabilidad de una política reformista para las luchas de los trabajadores del estado. El “Estado de bienestar” precisamente se fundaba en una serie de pactos entre los trabajadores y el capital, en donde los primeros renunciaban a una política revolucionaria a cambio de mejoras en el terreno económico inmediato: aumentos salariales, prestaciones, seguridad social.
En esta renuncia también se fundaba la política reformista y socialdemócrata, propia de muchos sindicatos, sobre todo en los países desarrollados. Una política de la mínima resistencia contra el capital para conseguir objetivos en el corto plazo, que subordinaba al movimiento obrero y sus organizaciones respecto a la burguesía.
Por supuesto, tanto trabajadores como capitalistas podían pactar debido a la existencia de bonanza económica que permitían otorgar algunas concesiones al movimiento obrero, eran las épocas en que los países industrializados experimentaban un crecimiento. Sobre esa riqueza generada socialmente, se daban las tensiones que, sin ser radicales, arrancaban mejoras para los trabajadores sindicalizados, pero que la burocracia sindical buscaba que nunca pusieran en cuestión el orden capitalista.
En los países oprimidos como México, los márgenes de concesiones que la burguesía podía otorgar eran, sin duda, mucho menores que en los países imperialistas. Pero la actuación de las direcciones sindicales “charras” buscaban el mismo camino: subordinar al movimiento obrero a las direcciones burguesas, primero al PRI y luego al PRD.
Esta época llegó a su fin con la crisis en la que hoy se encuentra el capitalismo y el ataque a las condiciones laborales de los trabajadores. Para el caso de los trabajadores estatales, emprender una lucha reformista y depositar esperanzas en la política gubernamental, supone serios riesgos sino es que una derrota anunciada.
La política de la 4T, como hemos señalado, no sólo continuó el desmantelamiento estatal, sino que lo ha profundizado, además de contar con gran legitimación para emprender nuevas ofensivas contra la administración pública. Por lo que realizar una política que subordine la movilización a la negociación, una temerosa resistencia pensando en crear condiciones de una posible salida “civilizada”, pensar la movilización como una moneda de cambio que posibilite un “acuerdo” con autoridades, o similares posiciones políticas, es desatender por completo nuestro tiempo social. Se requiere impulsar la unidad de las y los trabajadores, con una política independiente respecto al gobierno y la oposición conservadora, enfrentando el orden de los capitalistas y los partidos a su servicio.
Bibliografía
- Antunes, R. (2005). Los sentidos del trabajo. Argentina: Ediciones Herramienta.
- Campaña Queremos Trabajo Digno (2019). “La simulación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro”. Recuperado de: http://www.laizquierdadiario.mx/La-simulacion-del-Programa-Jovenes-Construyendo-el-Futuro
- Campaña Queremos Trabajo Digno (2020). “Pilares y la promesa de los 9 mil empleos”. Recuperado de: http://www.laizquierdadiario.mx/PILARES-y-la-promesa-de-los-9-mil-empleos
- Harvey, D. (2007). Breve Historia del Neoliberalismo. Madrid: Akal.
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)(1999 a 2018), Anuarios Estadísticos. Recuperado de: https://www.gob.mx/issste/documentos/anuarios-estadisticos
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2012, 2018), Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2012 al 2018. Recuperado de: http://www.inegi.org.mx
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2018), [Comunicado de prensa núm. 274/18 21 de junio de 2018]. Recuperado de: http://www.inegi.org.mx
- Méndez, E. (2019). Parálisis y precarización en la cultura a un año de gobierno de la 4T. Recuperado de: https://revistacodigo.com/autores/egbert-mendez-serrano/
- Montero, I. (2020). “Recortes y ajustes al presupuesto de la CDMX: Obscuro panorama para los trabajadores estatales”. Recuperado de: http://www.laizquierdadiario.mx/Recortes-y-ajustes-al-presupuesto-de-la-CDMX-Obscuro-panorama-para-los-trabajadores-estatales
- Nueva Central de Trabajadores, Documentos. Recuperado de: http://nuevacentral.org.mx/documentos/20110410-llegolahoradeconstruirnuevacentralind.html
- Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal (2018). Recuperado de: https://www.gob.mx
- Ríos Vera, J. L. “Espacios de la burocracia en la reproducción del capital”. Recuperado de: https://www.alainet.org/es/articulo/194317
- Rubén Migueles y Miguel Moscosa. (18/07/2018). “Ganan más que tope de AMLO 35 mil funcionarios”. El Universal. Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/ganan-mas-que-tope-de-amlo-35-mil-funcionarios
- Secretaría de Finanzas de la CDMX (2018, 2019, 2020), Presupuesto de egresos. Recuperado de: www.finanzas.cdmx.gob.mx
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (2015, 2019 y 2020), Paquete Económico y Presupuesto. Recuperado de: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto
COMENTARIOS