La región de Atacama es una de las regiones más afectadas por la contaminación de las mineras.
Teresa Melipal Santiago de Chile
Sábado 24 de marzo de 2018
La lucha por el agua en el norte de Chile se hace escuchar una vez más tras la sequía producida por las últimas precipitaciones durante las últimas décadas y el aumento de temperatura producido por el cambio climático. Sin embargo, un gran factor que moviliza a los pueblos indígenas es la privatización de los derechos de agua a favor de las grandes mineras y empresas energéticas.
Y es que a principios del mes de enero Soquimich y Corfo acordaron en explotar el Litio para el 2030 en la cuenca hídrica más importante del Salar de Atacama, afectando a 400 habitantes de la Comunidad Indígena Atacameña de Peine. Esta cuenca es un complejo sistema interconectado de escurrimiento de aguas superficiales y subterráneas que alimentan vegas, bofedales, lagunas y salares. Estas fuentes y canales son gestionadas por el Consejo de Agricultores, siendo estos los que administran y supervisan el uso de agua mediante la designación de un “celador de riego" por parte de la comunidad pero que año a año poseen problemas con la limpieza de canales por la sequía que provoca la extracción del mineral en la zona.
El Código de aguas
El Código de Aguas de 1981 se transformó en el principal tope para el control y administración del recurso hídrico de parte del Estado y de las comunidades campesinas e indígenas. Donde el derecho al uso del agua se convirtió en una propiedad absoluta total para quien lo solicite, traduciéndose en decenas de megaempresas que tomaron la delantera para beneficiarse de este recurso.
En tanto, en la región de Antofagasta según un informe de la Dirección General de Aguas, las empresas mineras, en su mayoría transnacionales, poseen casi el 100% de los derechos de aprovechamiento sobre las aguas subterráneas y utilizan alrededor de 1000 litros por segundo de las superficiales.
