Despojo. La privatización del ejido y el derecho de los pobladores de Chiautzingo

La franja de tierras comunales llamada El Cipresal, que comprende 5 hectáreas y que ha estado en posesión del núcleo agrario desde que se fundó el ejido en 1925, está siendo reclamada por Raúl Salinas, quien asegura que “colocaron mal sus cercos”, de acuerdo con un plano de hace 35 años, cuando compró un terreno en esa región, que formaría parte de su rancho Las Mendocinas, valuado en 156 millones de pesos.

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Al respecto, el presidente López Obrador respondió que cuando existe una controversia entre ejidatarios o comuneros con propietarios, si se agotan instancias, se llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero dijo no saber si ya había escalado hasta ese punto el caso, incluso mencionó la posibilidad del gobierno para intervenir o pagar una indemnización en caso de que la corte fallara a favor del propietario privado.

En su discurso recordó que en el sexenio de Carlos Salinas se reformó el Artículo 27 de la Constitución, con el propósito de poner las tierras ejidales al mercado, lo que significó la desaparición de varios ejidos en el país. Como consecuencia, “los ejidatarios más importantes son actualmente latifundistas con 5, 10, 20 y hasta 50 mil hectáreas” de terreno, denunció.

Sin embargo, al tener que optar entre inconvenientes, “porque es mucho el rezago, fueron muchos los agravios, son grandes problemas nacionales”, dijo que su actual gobierno no alcanzará a resolver los problemas ejidales, pidió a los próximos gobiernos que continúen enfrentando y resolviendo la problemática. Lo cual, sería posible si se le “da continuidad a la resolución de la política neoliberal", dando a entender la necesidad de que su partido vuelva a ganar las elecciones para resolver el problema.

La posición del presidente en realidad, es respetar la propiedad privada e incluso pagar con recursos del erario público por devolverla a los ejidatarios, sin resolver de fondo el problema de despojo y acaparamiento de los recursos naturales que provoca escasez y uso inapropiado de los mismos, lo que genera deterioro medioambiental y el empobrecimiento de la mayoría de la población campesina e indígena.

¿Qué dicen las autoridades locales?

Anteriormente, Raúl Salinas intentó sobornar a los pobladores, por ejemplo, con la construcción de una escuela y ante su negativa buscó el apoyo de funcionarios locales como Salvador Domínguez Rojas, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que es quien preside actualmente el ayuntamiento de San Lorenzo Chiautzingo, en cuya página de gobierno se lee una publicación del 25 de agosto, donde se agradecen las donaciones y regalos al ayuntamiento por parte de Raúl Salinas y su hijo, Juan José Salinas Pasalagua, a través de su fundación “Paso a Paso”; que consistieron en la entrega de 30 uniformes para agentes de la policía y seguridad vial del municipio, la reparación de patrullas y el préstamo de tres motocicletas.

Por su parte, el 30 de agosto el gobernador morenista Miguel Barbosa Huerta, en rueda de prensa, dio instrucciones al director de Gobierno, su primo Julio Huerta Gómez, para que intervenga en la protección de los derechos de los ejidatarios de Chiautzingo, cuyas demandas había mandado investigar desde el 15 de marzo, luego de que el 13 de marzo, Raúl Salinas se opusiera al trabajo de reforestación de El Cipresal que habitualmente realizan los ejidatarios.

Sin embargo, Barbosa sólo mencionó que recientemente Raúl Salinas tapó el paso obligado que utilizaba la población para llegar a parcelas de uso comunitario, por lo que únicamente pidió que “respetaran a los ciudadanos en su derecho de paso”.

No obstante, el equipo de Julio Huerta dio la razón a Salinas de Gortari en un informe técnico acerca de su propiedad territorial sobre El Cipresal, luego de que sus representantes de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población, recorrieron el 31 de marzo, los límites de la hacienda y el ejido para revisar los planos que presentaron ambas partes.

Los pobladores señalan que el límite entre la exhacienda y el ejido ha sido la barranca o arroyo El Cipresal, que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que es de propiedad federal, aunque aún no está delimitado.

De ser así, la concesión que pudiera tener Raúl Salinas sobre el agua del arroyo podría ser revocada por vías legales, al ser el recurso hídrico considerado como un bien común, pero llevaría tiempo.

Entre las contradicciones de los funcionarios que se mueven conforme a conveniencia, ya sea para no perder simpatía entre sus votantes o para obtener los beneficios de la familia empresarial, la población de Chiautzingo es la que se mantiene afectada.

Es necesaria la organización entre campesinos pobres y trabajadores para recuperar las tierras que pretenden ser robadas, sin ninguna indemnización para los propietarios privados.