Crisis habitacional. La realidad de la crisis habitacional en Antofagasta en voces de sus protagonistas

El programa Esto sí prendió, es conducido por Daniel Vargas y Galia Aguilera, del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), y este miércoles tuvo de invitadas a Yolanda Castro, dirigenta del comité de vivienda Los Copihues y del macro campamento Villa Constancia, y a Katherine Espinoza, dirigenta del Condominio Los Nogales, de viviendas públicas recientemente entregadas, en el sector Altos La Chimba.

El programa comienza exponiendo cifras terribles de la crisis de la vivienda que se vive en el país y en la región, como que se requiere construir 31 mil viviendas en Antofagasta, que más de 7.000 familias viven distribuidas en campamentos los 89 campamentos de la región, de los cuales 60 se encuentran en la capital minera de ellos son de Antofagasta, o que a nivel nacional hay un déficit de más de 500.000 viviendas.

Con la pandemia esta situación se agravó, desde ahí es que Galia Aguilera, le preguntó a Yolanda Castro, cómo han percibido en los campamentos el golpe de la pandemia: “Sí se hizo un aumento desde que comenzó la pandemia, se nota bastante que ha ido creciendo el campamento, mucha gente por desempleo y ha quedado desamparada para poder arrendar casa o pieza porque muchos vivían hacinados por los arriendos que son sumamente caros en Antofagasta.”, comentó la pobladora.

Al respecto de la pregunta acerca de las condiciones de vida en el campamento, Yolanda, respondió que “nadie va a ir a vivir a un campamento, siempre es por circunstancias, si una persona por edad no tiene posibilidad de conseguir un crédito hipotecario, hay montones de trabas, la migración ha sido explosiva, gente que viene con mucha inquietud y ganas de surgir, han llegado a esta ciudad... Yo sé que existe a nivel nacional un aumento terrible de los campamentos, en Antofagasta también ha ido en aumento, la gente llega con un montón de esperanza (...) con los sueldos que se ganan en la región es imposible mantener una familia de tres, cuatro niños, todo se complica, es super caro. Optan por hacer una toma, estar de forma irregular y tratar de llevar lo mejor posible una calidad de vida.”

La pobladora agregó que “una no es pionera en esto, llevo 7 años y ha habido una coordinación de diferentes sectores y actores que son presidentas de comités de vivienda donde nos hemos unido para golpear puertas también a nivel regional como entidades públicas del Estado, trabajar en conjunto para tener una calidad de vida mucho mejor; no hemos bajado los brazos, hemos presentado proyectos. La idea para nosotros no es vivir gratis, tenemos derecho a tener un suelo, e igual los servicios básicos como agua, luz, no tenemos problema en pagar, pero no se nos dan las oportunidades. Estamos en conversación con el gobernador que tenemos en este momento.”

Aquí se evidenció un problema con los servicios básicos. Yolanda, comenta: “Hay campamentos que todavía manejan el agua con camiones aljibe, es lamentable porque para tener energía se cuelgan de las redes de electricidad, se ha trabajado durante tantos años y recién estamos viendo una luz en el camino que nos están dando las esperanzas de tener un convenio con electricidad, como ya lo han hecho en La Chimba. Y seguir nosotros remando para lograr algo definitivo, porque se viven constantes cortes de energía, si tenemos un refrigerador se descompone, estamos 3, 4 y 5 día sin electricidad, no es vida, hay muchos niños dentro de los campamentos donde hay carencia de muchas cosas, áreas verdes, se ha pedido un espacio para que las mismas personas tengamos algo recreativo (...) Aquí vivimos personas, la mayoría trabaja y somos un aporte para la ciudad, no somos NN.”

Por otro lado, en la entrevista con Katherine Espinoza, dirigenta condominio Los Nogales, ella expuso que “estas son viviendas sociales, postulamos a través de Serviu (...) el único “pero” que tenemos es alrededor de los terrenos donde están las viviendas, en la esquina tenemos un vertedero ilegal que está en funcionamiento. Hemos tocado puertas y eso sigue ocurriendo, llenando de basura el sector.”

La trabajadora agrega que: “esperé 12 años la postulación del Serviu, fueron 10 años de postulación y 2 años de la entrega de la vivienda desde que confirmaron el proyecto. Se retrasó el proyecto por la luminaria y el agua, hemos hecho presión, hablar con distintas autoridades y logramos que nos entreguen en abril con el compromiso de parte de las autoridades con que ahora en agosto iban a estar las luminarias, pero no están.”

Frente a la pregunta de si cree que la vivienda tiene que ser un derecho garantizado por el Estado, Katherine, respondió: “

Tiene que ser un derecho para todas y todos, pero las viviendas se construyen y el proyecto de urbanización no va en paralelo; primero se edifican las viviendas, se terminan y ven la urbanización después, esto atrasa la entrega de las viviendas de 4 a 6 meses. Si ya llevamos esperando 12 años y luego esperar 6 meses más por gestiones de que saben que ahí van a haber viviendas, hay que trabajar en paralelo para que los beneficiarios tengan luz, nos retiren la basura. Hemos tenido que llamar flete para que nos saque la basura una o dos veces a la semana, con aportes voluntarios de los vecinos, después se hizo una gestión con la municipalidad, el martes recién está pasando el camión de la basura como corresponde.”

Para cerrar, Galia Aguilera, planteó que “el problema de la vivienda tiene que ver con que hay un negocio inmobiliario que hay que poner fin, un plan de vivienda y obras públicas ya que para los capitalistas la vivienda no es un derecho, es un negocio. Hay que hacer una lucha por la vivienda digna, hay medio millón de déficit de vivienda, decenas de miles de familias que viven en campamentos en el país, más de dos millones de personas hacinadas. Es necesario una reforma integral que comience con un plan de vivienda de emergencia habitacional para el pueblo trabajador junto con un plan de infraestructura pública. En la convención no se debe atacar esto superficialmente sino que se debe atacar el negocio inmobiliario y garantizar el derecho de vivienda para estas miles de familias que se ven arrojadas a los campamentos y tomas, sin urbanización.”