La rebelión popular iniciada el 18 de octubre de 2019 está inscrita entre los mayores eventos de la historia de la lucha de clases del país. Las tres Constituciones “históricas” que han regido la vida política nacional –la de 1833 bajo el peso de la noche de Diego Portales, la de 1925 entre crisis y golpes de Estado con Alessandri y la de 1980 bajo la dictadura de Pinochet- se sucedieron en momentos de crisis políticas-estatales y de lucha de clases más o menos aguda o de su término violento. No casualmente la crisis actual del régimen de la transición y la irrupción violenta de la rebelión ha erosionado la Constitución de la dictadura, y el país se debate hacia una nueva constitución, como expresión de la crisis de hegemonía burguesa.

La Constitución actual, la del General Pinochet, se escribió bajo los ríos de sangre y cañones de fuego de la dictadura, que se impuso por la fuerza física contra el mayor intento en la historia de la clase trabajadora chilena junto a los campesinos y pobladores de tomar el cielo por asalto. Al final de la dictadura, a fines de los 80, los acuerdos de una transición pactada a la democracia –con el apoyo activo de la embajada norteamericana y la bendición del papa Juan Pablo II- consolidaron las herencias de la dictadura y su constitución, modelando un nuevo régimen pactado con militares y grandes empresarios.

Chile, a diferencia de países de América Latina, como Bolivia, Argentina, Venezuela, Ecuador, que iniciaron el siglo XXI con crisis económicas, rebeliones populares, caída de gobiernos, y ascenso de gobiernos llamados “pos-neoliberales” o “progresistas”, vivió los últimos treinta años en una relativa y aparente estabilidad. Fue considerado aplaudido por el capital financiero y los mercados como un modelo. “En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, es un verdadero oasis” dijo Piñera en una entrevista a medios internacionales solo diez días antes del comienzo de la revuelta. La democracia pos-pinochetista con un co-gobierno de “extremo-centro”2 neoliberal (Derecha y Concertación) forjaron una aparente estabilidad que sin embargo, venía erosionándose.

El agotamiento del modelo económico y las embestidas de lucha de clases desde varios frentes, venían erosionando la hegemonía burguesa forjada en dictadura y transición pactada. Ya los secundarios en 2006 hicieron su primera “rebelión” contra un gobierno, y luego se sucedieron huelgas combativas en sectores estratégicos de la economía nacional. El 2011 fue la primera irrupción más o menos generalizada de lucha de clases, bajo el liderazgo del movimiento estudiantil, que enfrentó al primer gobierno de Piñera, dejando fracturado al viejo régimen pos-pinochetista. Posterior a él se desplegaron revueltas en regiones periféricas y “zonas de sacrificio” así como combates huelguísticos de la nueva clase trabajadora chilena3. Sin embargo el régimen fue capaz de desviar ese proceso en los marcos de la institucionalidad, con Bachelet II (2014-2018), que si bien pudo contener la energía de lucha de clases, no logró resolver ninguna de las contradicciones profundas que salieron a la superficie el 2011 y con los casos de corrupción transformó la crisis del régimen.

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