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LUCHA ESTUDIANTIL. La rebelión estudiantil de la Rey Juan Carlos abre el debate sobre como acabar con la casta universitaria

Las y los estudiantes de la URJC se orientan a acabar con el actual equipo de gobierno. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué hacer después? ¿Es posible democratizar la universidad desde sus propias reglas de juego?

Viernes 1ro de marzo de 2019

Foto: ID.es

Hace una semana más de un millar de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid se manifestaba frente a las puertas del Rectorado en contra del Plan de Reordenación Docente propuesto por el equipo de gobierno. Así culminaba una semana de huelga y movilizaciones estudiantiles contra la última iniciativa del rector, Javier Ramos, que solo persigue su propio beneficio político extinguiendo grados enteros y dejando en la estacada a miles de estudiantes en el proceso.

El plan se terminó aprobando en el Consejo de Gobierno de la URJC del viernes, una institución compuesta por 51 miembros de los cuales tan solo cuatro son estudiantes y quince de ellos son consejeros designados directamente por el rector, poniendo de manifiesto el carácter antidemocrático del régimen universitario.

Por el otro lado, la fuerza del estudiantado organizado se expresó en una movilización que logró retrasar la reunión del Consejo de Gobierno durante más de tres horas y que obligó al rector y a sus adeptos a acceder a la misma a través de las galerías subterráneas de la universidad. En la batalla por la deslegitimación de este antidemocrático Consejo de Gobierno, esta victoria moral de los y las estudiantes de la URJC es todo un ejemplo a seguir en el resto de universidades y centros de estudio. Es necesario poner en pie un movimiento estudiantil en solidaridad con la lucha de la URJC que pare este enésimo ataque a la educación pública.

En este momento la clave para los estudiantes de la Rey Juan Carlos pasa por abortar la aplicación del plan de reordenación deponiendo a Javier Ramos y todos sus vicerrectores a través de todos los medios que estén a su alcance. En ese sentido se está promoviendo una moción de censura contra el rector en el claustro de la universidad. Hay que exigir a todos los claustrales y –especialmente– a los representantes de estudiantes, que voten a favor de la destitución inmediata de Ramos sin excusas.

Sin embargo, poco se puede esperar de una institución antidemorática como el Claustro, donde las y los estudiantes representan una minoría, y catedráticos y otros sectores de la casta universitaria gozan de una sobrerepresentación casi estamental. Para echar a Javier Ramos y su equipo la únic confianza debemos ponerla en la movilización y autoorganización, la energía puesta en marcha y vista en las pasadas jornadas en la URJC.

Una vez se lograra la expulsión del actual equipo rectoral, seguramente la “salida” que se nos propondría desde la universidad sería la de convocar nuevas elecciones a rector, lo que abre el debate acerca de cuál es el camino a seguir en la defensa de la universidad pública y de los intereses de sus estudiantes y trabajadores.

Desde ya que ninguno de los candidatos que puedan surgir de la misma casta universitaria que engendró a Ramos puede representar una alternativa favorable, más allá de las promesas en las que puedan incurrir durante la campaña electoral. Promesas que, una vez al mando, nada les impide incumplir, aplicando el mismo plan de reordenación e incluso iniciativas más lesivas, amparados con los mismos métodos de los que se vale Ramos que la propia estructura institucional de las universidades les proporciona.

Por otro lado, no existe ninguna garantía de que el candidato avalado por los estudiantes pueda salir electo pese a obtener la mayoría en las urnas, gracias a un sistema de ponderación del voto por sectores que asegura la prevalencia de los intereses de los catedráticos privilegiados por sobre el resto de sectores de la comunidad universitaria (estudiantes, investigadores, docentes no permanentes y personal administrativo y de servicios).

Pero incluso si, por alineación de los astros, resultara elegido un candidato verdaderamente favorable a los intereses del estudiantado y la mayoría de la comunidad universitaria, esta persona estaría atrapada en los gigantescos límites que impone el régimen universitario. En primer lugar, la mayoría absoluta que ostenta la casta privilegiada en todos y cada uno de los organismos de gobierno universitario. Y, en segundo lugar, la obligatoria aprobación por parte del Consejo Social –un órgano plagado de grandes empresarios– de toda iniciativa económica, de estudios, de becas, etc.

La conclusión, por tanto, solo puede ser que no existe ninguna salida favorable dentro de los márgenes de un régimen universitario que hace parecer incluso al sistema parlamentario español como un ejemplo de virtud democrática. Es imprescindible impugnar de conjunto el régimen de la casta universitaria mediante la constitución de un Claustro Estatuyente verdaderamente libre, soberano y democrático.

Un Claustro Estatuyente en el que todos sus integrantes sean elegidos por sufragio universal, bajo el principio de una persona igual a un voto, y revocables en todo momento. Este organismo debería plantear medidas tales como la desaparición de la figura del rector, una institución cuasimonárquica en las universidades; la gestión de la universidad por parte de estudiantes, docentes, trabajadores y trabajadoras mediante órganos de gobierno con mayoría estudiantil; la expulsión de representantes empresariales en las instituciones universitarias; la internalización de los y las trabajadoras de los servicios privatizados; entre otras medidas encaminadas a alcanzar una universidad radicalmente democrática.

Un proceso de este tipo chocaría inmediatamente con la ordenación legal vigente concretada en la Ley Orgánica de Universidades aprobada en 2001, que fue el comienzo de la reestructuración de la universidad pública hacia el modelo neoliberal que se profundizaría con el Plan Bolonia y el 3+2. Sin embargo, en su momento generó una enorme oposición y lucha por parte del movimiento estudiantil y otros sectores universitarios.

Tumbar la legislación universitaria requerirá retomar esos grandes ejemplos de lucha poniendo en pie un movimiento estudiantil asambleario y combativo. En ese sentido, los y las estudiantes de la URJC marcan el camino. Si desde esa lucha concreta emergiera una enmienda a la totalidad al régimen universitario y su estructura legal, es seguro que surgiría un inmenso sentimiento de solidaridad en todo el Estado que podría ser la base para la reconstrucción de un movimiento estudiantil que permitiera, entre otras cosas, dar respuesta a demandas como la gratuidad de los estudios superiores, un plan de becas-salario para las y los estudiantes de familias humildes y por lo tanto el retorno de los miles de estudiantes expulsados por no pagar y la entrada de aquellos que ni pudieron intentarlo.

Los escándalos en la URJC solo son la punta del iceberg de las antidemocráticas estructuras universitarias de las que surge una casta universitaria parásita con enormes vínculos con los intereses políticos y empresariales del país. Desde Contracorriente luchamos por una universidad que deje de estar sometida a los designios del mercado y se ponga en función de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo, al servicio de la transformación social. Una universidad así solo puede ser entendida en su expresión más radicalmente democrática. Porque, como bien se ha señalado desde el movimiento de los referendos universitarios, la juventud quiere decidirlo todo y las universidades no se quedan al margen.