Miguel Lifschitz llamó al diálogo a diferentes sectores para la reforma constitucional pero el radicalismo no apoya. Mientras tanto anunció que en las próximas elecciones irá con el macrismo.
Celina Tidoni Abogada del CeProDH Rosario
Jueves 25 de agosto de 2016
La vetusta constitución santafesina comienza a generar los primeros problemas entre los sectores del gobierno. Lifschitz hizo un llamado al diálogo para discutir su plan de reformar la carta magna, pero los radicales no asistieron. El punto de la reelección es el argumento utilizado para delimitarse, al mismo tiempo que dan a conocer su inevitable enfrentamiento electoral en 2017 con el Partido Socialista.
Bajo un manto de “federalismo, igualdad, justicia social” y demás adornos, luego de 54 años, el gobernador parece estar muy preocupado por dar actualidad a la ley suprema que rige a los santafesinos. La realidad es que tiene un objetivo claro que se asocia a poder continuar su mandato en 2019. Allí caerían sus principios y sus deseos de tener una constitución “transparente e iluminada”.
El Partido Socialista, que viene intentando hacer este cambio desde hace muchos años pero nunca logró que el conjunto del arco político de el apoyo suficiente, hoy parece encaminarse un acuerdo. El radicalismo, sin embargo, dio a conocer que luego de acompañar por 3 mandatos al Partido Socialista pegará el salto hacia el PRO, por lo que pasarán a ser competidores en las próximas elecciones. Allí radicaría su decisión de, hasta el momento, no apoyar los planes del gobernador.
Otros sectores, como el presidente de la Suprema Corte Rafael Gutiérrez, sectores de la Iglesia Católica y los ex gobernadores Bonfatti y Binner estuvieron presentes en el lanzamiento oficial de la Reforma.
¿Reforma progresista?
Al hablar de reforma, se lo plantea como una necesidad para avanzar en “la democracia”, ya que como sabemos esta Ley está vigente desde 1964, es decir que no ha sido adaptada ni siquiera luego de 1994.
La realidad, es que los cambios que generan estas modificaciones legales lejos están de mejorar la realidad de los trabajadores y sectores populares, en general son reformas cosméticas que trazan lineamientos generales, “cambiar algo para que nada cambie”.
En este sentido, por ejemplo, cuando se reformó el sistema judicial de la provincia, la expectativa de una perspectiva acusatoria era asociada a “mayor democracia”, por la oralidad del proceso, la división entre el rol de investigación fiscal y la definición a cargo del juez, etc. A más de un año de su aplicación, son múltiples las críticas para con la justicia provincial, que multiplica cada día más los juicios “express” y demás mecanismos que lejos están de promover las garantías constitucionales.
Tanto al Partido Socialista, como al PRO y al resto de los sectores que hoy debaten entre cuatro paredes la reforma, poco parece importarles el aumento de tarifas para los millones de usuarios que según la constitución violan los derechos del consumidor. Tampoco parece importarles que todos tenemos derecho a una vivienda digna mientras miles atestan los barrios de emergencia de Santa Fe.
Hoy la discusión recae en la reelección y en los diferentes arreglos que harán el resto de los partidos para tener su beneficio, como el que hicieron los radicales y peronistas en el conocido “Pacto de Olivos”, para la constituyente de 1994.
