La reforma del delito de malversaciones podría favorecer a condenados por los casos ERE, Noos y Gürtel

La reforma del Código Penal ha generado una gran polémica debido al aumento de las penas por protestas sociales y el ataque a los derechos democráticos que esto supone. A esto se le podría sumar el escándalo que supone la petición de ERC de modificar el delito de malversaciones para reducir la pena en caso de que la persona no se haya quedado con dinero público para su bolsillo. Una medida que obligaría a revisar cientos de sentencias entre ellas las de los casos ERES, Noos o Gürtel que afectan a los grandes partidos del régimen y que supusieron en gran parte el motor de la protesta del ciclo del 15-M ante la indignación por la patente corrupción de la clase política.

El cambio afectaría desde cada concejal condenado por beneficiar a un amigo sin lucrarse personalmente a importantes figuras políticas como José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía por el PSOE y condenado por el caso ERE, quien está pendiente de entrar en prisión en diez días. O Jaume Matas, expresidente balear por el PP, condenado en el caso Noos por contratar a Iñaki Urdangarín, yerno del rey. En ambos casos, fueron grandes escándalos de corrupción que removieron el escenario político y alimentaron el desencanto por el bipartidisimo, dejando a la luz la corrupción sistemática del régimen del 78. Y también en ambos casos, es estrictamente cierto que no se lucraron personalmente, es decir, no se transfirió dinero público a su bolsillo, aunque a la luz está que les benefició de otros modos durante años.

Incluso el caso Gürtel que tantos quebraderos de cabeza ha dado al PP y que es utilizado por sus oponentes políticos para calificarlos de organización criminal como acostumbra a hacer Podemos en sus discursos podría ser revisado y algunas personas implicadas podrían ver sus condenas rebajadas.

Del “PP-PSOE la misma mierda es” que se gritaba en el 15M, sus autoproclamados herederos en cogobernanza con el PSOE apoyan hoy una reforma del Código Penal que no sólo criminaliza la protesta sino que blanquea y cubre las espaldas de alguno de los políticos más señalados en aquella oleada de escándalos de corrupción que sacudió hace una década el régimen del 78.