INDUSTRIA ENERGÉTICA. La reforma eléctrica y los jueces al servicio de los empresarios

En su conferencia matutina del lunes pasado, López Obrador dio a conocer el contenido de una carta dirigida al ministro presidente de Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, solicitándole que se investigue a un juez por otorgar suspensiones en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Luego de la aprobación de la reforma en el Senado el 3 de marzo y de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 9, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, el 11 de este mes admitió un recurso de amparo y otorgó una primera suspensión provisional a favor de un parque eólico.

En respuesta a López Obrador, Arturo Zaldívar indicó que la queja sería remitida al área correspondiente y que, en caso de existir elementos, se abrirá la investigación que proceda. Lo anterior, sin embargo, haciendo énfasis en la pretendida autonomía e independencia de los jueces.

Mientras tanto, el juez Gómez Fierro ha seguido otorgando suspensiones a empresas privadas y el juez Primero Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Rodrigo de la Peza López Figueroa, comenzó a otorgarlas este martes.

De conjunto, las suspensiones otorgadas por ambos jueces hasta el momento suman 27. Se trata se suspensiones provisionales pero con efectos generales, lo que mantiene paralizada la aplicación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, misma que le da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la distribución de energía, quitando privilegios a las empresas privadas.

Según los jueces, la reforma eléctrica viola los derechos constitucionales a un medio ambiente limpio y a la salud, pero nada dijeron ni dicen de las nefastas consecuencias para el medio ambiente de la aplicación del TLCAN, hoy T-MEC, como en la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago o el Valle del Mezquital, por ejemplo.

Este jueves, Gómez Fierro determinará si concede la suspensión definitiva en uno de los primeros amparos, en cuyo caso quedaría paralizada la aplicación de la reforma hasta que se resolviera el amparo.

Abogando por los intereses empresariales

Continuando con la disputa, López Obrador informó que su queja ya se encuentra en manos de los consejeros de la Judicatura, dijo que los jueces no pueden ser intocables y este miércoles anunció que, en caso de que la Suprema Corte resuelva que la reforma eléctrica es inconstitucional, entonces su gobierno promoverá una reforma a la Constitución.

Por su parte, diversos actores han salido a mostrar su oposición a la solicitud de investigación por parte de AMLO y a defender la actuación de los jueces, detrás de los cuales, y bajo una retórica demagógica y supuestamente preocupada por cuestiones ambientales, está la defensa de los intereses de las empresas privadas.

Así, por ejemplo, el rector de la Escuela Libre de Derecho, Ricardo Antonio Silva Díaz, dirigió una carta de apoyo al juez Gómez Fierro, los colegios de abogados de México emitieron un comunicado conjunto expresando preocupación por la intrusión del Ejecutivo Federal y pronunciándose por la preservación de la democracia y el Estado de derecho, y grandes medios alineados con las trasnacionales como El País, El Universal y El Financiero hacen campaña denunciando interferencias en las decisiones judiciales.

Al mismo tiempo, el PAN acusa al gobierno -junto a otros sectores de la derecha- de tener un talante dictatorial, sostiene que la reforma eléctrica es inconstitucional y adelantó que, en caso de que el gobierno promueva una reforma constitucional, no contará con la mayoría en el Senado.

Una posición independiente a favor de las grandes mayorías

Al avanzar sólo tibiamente en el camino de lograr la soberanía energética, dejando intacta la producción privada de energía y sin un plan de transición hacia energías renovables, el gobierno ha dado margen para que los jueces defensores de los empresarios esgriman el derecho a un medio ambiente limpio y a la salud como argumento para otorgar suspensiones.

En ese marco, el gobierno ahora solicita una investigación a los mismos organismos que integran a esos jueces.

Elegidos a dedo y con sueldos millonarios, los jueces gozan del mismo estatus social que los grandes empresarios, con quienes establecen estrechas relaciones y a quienes benefician con sus fallos.

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Por eso, para acabar con los jueces al servicio de los grandes empresarios, los trabajadores debemos incorporar como parte de nuestras demandas que los jueces sean elegidos democráticamente, que ganen como un trabajador medio y que los juicios se resuelvan mediante un jurado popular.

Asimismo, frente a los problemas de la soberanía energética y de la crisis ambiental, es fundamental luchar por la renacionalización de toda la industria energética y la expropiación de las empresas privadas, bajo control de sus trabajadores organizados democráticamente, como base de un plan para transitar hacia el uso generalizado de energías renovables.

Para avanzar en ese camino, es necesaria la intervención independiente de los trabajadores -empezando por los del sector energético- y sus organizaciones, enfrentando a las burocracias sindicales para conquistar una perspectiva favorable a los intereses de las grandes mayorías y no de los empresarios beneficiados por la entrega del sector energético.