La reforma laboral -la Ley 20.940- ya es una realidad. El 1 de abril empezó a regir. Este cambio, inevitablemente abrirá disputas entre empresarios y trabajadores en el terreno de las negociaciones colectivas y la organización sindical, en un escenario recargado políticamente.
Viernes 7 de abril de 2017
A la medida del régimen
Recordemos que en agosto de 2016 el Tribunal Constitucional rechazó la “titularidad sindical” que contemplaba la iniciativa del Gobierno, a instancias de parlamentarios de derecha. Esto es sólo una muestra de cómo este régimen político limita cualquier intento por abrir espacios en términos jurídicos a la organización de la clase trabajadora. Incluso las tímidas propuestas gubernamentales.
Aun así, aspectos como la prohibición de los reemplazos en las huelgas -que con los “servicios mínimos” adquiere un carácter bastante simbólico- generan malestar empresarial. Piñera, hace algunas semanas y como candidato presidencial, ya venía posicionándose en contra de los cambios de esta reforma señalando que son un freno al empleo y a los salarios.
En agosto de 2016, la propia presidenta Bachelet, declaraba respecto a la reforma -cínicamente- que "aspirábamos a más porque estimamos que persisten desequilibrios en las relaciones laborales que deben ser corregidos y porque un camino para hacerlo es el fortalecimiento de las organizaciones sindicales”, según informaba El Mostrador. Si tenemos en cuenta que las palabras de Piñera arriba citadas son del 22 de marzo, veremos como para la derecha y los empresarios nunca es suficiente cuando se trata de limitar los derechos de los trabajadores.
Pero tanto ella como los principales dirigentes de la CUT actuaron como avales de este proyecto. Recientemente, como podemos leer en el sitio oficial de la CUT Nolberto Díaz, señaló que “esta Reforma Laboral va a significar avanzar en algunos aspectos que son sustantivos para el mundo del trabajo. Esperamos que este manual ayude en ese proceso. Sabemos que esta es una ley todavía insuficiente, que todavía queda un largo trecho para caminar para recuperar los derechos arrebatados con el Plan Laboral de 1980, pero también estamos consciente que aquí, vamos a dar pasos con la colaboración de los tribunales de justicia que van a ratificar lo que la Dirección del Trabajo ya ha hecho y lo que evitó, de alguna manera, el Tribunal Constitucional: los grupos negociadores no existen; su existencia es nominal. Los sindicatos tienen en la práctica titularidad sindical, tienen y van a tener más poder y toda negociación va a partir de lo previamente acordado. Ya no se va a poder avanzar hacia atrás”.
La CUT acaba de lanzar unManual destinado al mundo sindical con el fin de otorgar herramientas para actuar en el nuevo marco legal. Pero con todo lo útil que pueda tener un manual como este, la CUT se guarda de denunciar el carácter pro empresarial de la reforma, notorio en la tan discutida definición de los servicios mínimos. Pareciera ser que estos dirigentes simplemente hacen caso omiso de la enorme crisis de la CUT producto de su política subordinada al Gobierno.
Serían 2500 empresas las que negociarían este 2017 con la nueva legislación. El 2016 fue el tercer año con más huelgas efectivas en las últimas dos décadas. Los empresarios están tensos, porque quieren rayar rápidamente la cancha bajo la nueva legislación. No será sorprendente que busquen negar el derecho a huelga apoyándose en la trampa de los “servicios mínimos”. Está por verse de qué manera la reforma impactará en la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo en Chile.
