La reforma laboral impulsada por el gobierno del socialista François Hollande, inició este martes su tramitación parlamentaria con más de mil enmiendas y una fuerte contestación social en las calles.
Miércoles 4 de mayo de 2016
Foto: EFE/Yoan Valat
La ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, defendió ante la Asamblea Nacional el polémico texto, que generó un fuerte movimiento social de lucha en Francia, dos meses antes de su presentación formal en el parlamento.
Frente a las múltiples denuncias que señalan que la ley facilitará los despidos y favorecerá la precariedad, la ministra intentó justificar su proyecto diciendo que "la economía de servicios lo arrastra todo, la digitalización del trabajo se generaliza, la uberización de las profesiones y los trabajadores desplazados se extienden, todo eso en un mundo abierto y competitivo".
La precarización del empleo es ya una realidad mayoritaria: un 90 % de los contratos que se firman en Francia son temporales, y la mitad para menos de una semana.
Entre las disposiciones más polémicas de la nueva reforma laboral, aparte de las nuevas condiciones que pueden aducir las empresas para proceder a despidos más baratos, una de las principales es el mayor espacio para establecer acuerdos en las empresas, que pueden sustituir a los convenios colectivos fijados a escala nacional. Esa es una de las principales razones para que dos de los mayores sindicatos, la Confederación General del Trabajo (CGT) y Fuerza Obrera (FO), exijan la retirada del texto. Este martes ambas organizaciones sindicales participaron en un acto de protesta en la explanada de los Inválidos, a unos cientos de metros de la Asamblea Nacional.
El secretario general de la CGT, Philippe Martínez, dijo que el Gobierno de Hollande intentó "manipular" a los sindicatos y a las organizaciones estudiantiles. El jueves pasado, al finalizar la movilización en la jornada de huelga del 28 de abril, Martínez intervino en una asamblea unitaria en la Plaza de la República, junto al movimiento Nuit Debout. En esa ocasión fue fuertemente interpelado por las organizaciones estudiantiles y sectores obreros en lucha, que reclaman la convocatoria a una huelga general “reconductible”, es decir que se prorrogue en el tiempo, hasta derrotar el proyecto de reforma laboral.
El proyecto de ley se discutirá durante dos semanas antes de ser sometido a un primer voto en la Cámara de Diputados, donde se han presentado cerca de 5.000 enmiendas. Casi la mitad de ellas viene del Frente de Izquierdas, pero también de la derecha y de decenas de parlamentarios críticos dentro del Partido Socialista, lo que da una idea de la oposición a la que se enfrenta.
La derecha se había mostrado en parte favorable al proyecto de ley cuando se conocieron los primeros elementos hace tres meses, pero ha ido tomando distancias conforme el Ejecutivo hizo concesiones para conseguir el apoyo de los sindicatos reformistas, y en particular de la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT).
Ahora, ninguno de sus diputados está dispuesto a votar un texto que también ha pasado a rechazar la patronal Medef, porque considera que no tiene nada qué ver con la versión inicial que sí apoyó.
El gobierno de Hollande se encuentra en una situación muy difícil, defendiendo una ley que las patronales consideran muy “suave” y los sindicatos demasiado dura. Su popularidad está por el suelo y cae en la intención de voto, mientras se mantiene un movimiento de lucha en las calles que puede pegar un salto en las próximas semanas.
