Estado Español. La reforma laboral de Yolanda Díaz entra en vigor: una ley a la medida de la patronal

La reforma laboral, que se aprobó el 3 de febrero con el apoyo de Ciudadanos y un voto del PP, emitido “por error” por el diputado Alberto Casero, entra en vigor este miércoles. Una reforma que lejos de derogar las contrarreformas anteriores del PSOE y el PP, sigue manteniendo lo fundamental de las mismas. No por nada la norma ha contado con el apoyo de parte de la derecha parlamentaria y la gran patronal de la CEOE. Incluso la diputada de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha presumido de que el texto no tenía nada que ver con las promesas de derogación de las anteriores reformas de las que presumían el PSOE y UP.

Se trata de una reforma que deja intacta gran parte de las anteriores y que no toca cuestiones fundamentales como la flexibilización de la subcontratación, que afecta a algunas de las trabajadoras más precarias como las Kellys (trabajadoras de hotel). Tampoco se recuperarán los salarios de tramitación (los que van desde el despido y la fecha de la sentencia en que un despido se declara improcedente) ni se modifican las causas en que un despido puede ser objetivo, por lo que las empresas siguen teniendo en su mano la posibilidad del despido barato.

La norma responde claramente más por los intereses de las grandes empresas del IBEX35 (como muestran las declaraciones a favor de Ana Botín que por los de la clase trabajadora, por más que la ministra del PCE Yolanda Díaz haya presentado el Real Decreto en términos de “acuerdo histórico”.

Lo “histórico” es que por primera vez una reforma laboral lesiva para la clase trabajadora se venda como un triunfo, con el apoyo de la burocracia sindical de CCOO y UGT en pleno, pese a que responde a un acuerdo por el que el Estado Español recibirá fondos europeos para la recuperación económica por el impacto de la COVID-19 que terminarán en manos de las grandes empresas y bancos, y financiando la nueva oleada militarista.

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Pero la nueva reforma no solo mantiene lo peor de las anteriores. También incorpora nuevos ataques, como la puesta en marcha del mecanismo RED, que es una institucionalización de la socialización de las pérdidas empresariales de sectores en crisis, es una medida que favorece más a la patronal que los trabajadores, porque salva sus beneficios de forma que los paga la población por entero mediante impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. La implantación del mecanismo RED permitirá que las empresas soliciten reducciones de jornada y suspensiones de contrato a cambio de que ofrezcan formación o la recolocación de los trabajadores en otras empresas.

La reforma del gobierno “más progresista de la historia” tampoco combate la precariedad y la continua vulneración de los derechos de los trabajadores por aplicar categorías salariales que no corresponden. El convenio de empresa, a menudo peor que el de sector, podrá seguir prevaleciendo salvo en lo relativo salario. Y, por supuesto, continuarán los EREs y los ERTEs, mediante los cuales las empresas le hacen pagar a los trabajadores sus malos negocios.

La reforma tampoco soluciona el problema de la temporalidad, aunque la limita algo y endurece las condiciones en que un contrato podrá ser temporal. Nada impide a las empresas hacer rotar a trabajadores eventuales para evitar la contratación indefinida, porque no se establece un límite de contratos temporales en las empresas. En aquellas empresas en que se mantenga una alta rotación de contrataciones temporales, la reforma ofrece la posibilidad de acogerse a la contratación fija-discontinua.

Además, no se han reforzado los recursos de la Inspección de Trabajo, que por su infradotación de medios es incapaz de velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. En lugar de eso, las medidas se centran en desviar esos recursos a las empresas, por lo que las pequeñas mejoras que introduce la reforma tampoco están garantizadas.

Todo ello en un contexto en el que la clase trabajadora atraviesa un momento de crisis continua: tras la pandemia, las consecuencias económicas de la Guerra de Ucrania, unida a la especulación de algunos sectores (como el de la energía) la ponen en una situación cada vez más delicada. Con una inflación que ronda el 10%, una creciente crisis de desabastecimiento y el encarecimiento de algunos productos y servicios básicos, la retórica que se instala es la que es ella quien pagará esta crisis.

La reforma laboral de Yolanda Díaz no tiene no representa ninguna mejora de la vida de la gente. En primer lugar, porque no introduce ninguna modificación significativa que mejore las condiciones de trabajo y, en segundo lugar, porque es una política que no responde a un contexto de continua crisis, que es al que se enfrentan hoy las y los trabajadores. Una crisis que tiene claros responsables: los grandes propietarios que siguen haciendo negocio y ampliando cada vez más sus beneficios, junto con los gobiernos que los avalan.

En un contexto de creciente belicismo, además, se nos dice que debemos hacer esfuerzos para parar a Putin y “poner menos la calefacción”, como declaró Borrell, jefe de la diplomacia europea. Todo ello mientras sigue habiendo empresas con beneficios multimillonarios, bancos que se lucran con la venta de armas y un lobby energético que especula con los precios a la par que expolia el planeta.

La clase trabajadora y los sectores populares, principales afectados por las consecuencias económicas de la guerra y de la pandemia, tienen que organizarse para combatir este nuevo ataque a sus condiciones de vida y de trabajo, camuflado de “progresismo”, con la inestimable colaboración de la burocracia sindical. Para ello, hace falta más que nunca confiar en nuestras propias fuerzas y apostar por una politica independiente de todos los personeros de este regimen, que solo prometen más sufrimientos, miseria, explotación y guerrerismo imperialista.