El ministro del Interior hace públicos los datos que hasta ahora habían sido clasificados como “secreto de Estado”. Un Régimen envalentonado que no tiene pudor en exhibir su balance represivo.
Jueves 18 de enero de 2018
Foto: EFE
El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha comparecido este jueves en el Senado para dar cuenta del operativo de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegado en Catalunya desde las primeras semanas de septiembre. Según sus propias palabras habrían sido 6.000 los agentes desplazados y el coste de esta ocupación policial del territorio ascendería a los 87 millones de euros.
Una cantidad 10 veces mayor que la que el Tribunal Superior de Catalunya estimó se había gastado en la consulta del 9N de 2015, por la que fueron inhabilitados Mas, Rigau y Ortega y sus bienes embargados. El supuesto gasto de dinero público para la celebración del 1-O es otro de los delitos que se les imputa a Puigdemont y los consellers encarcelados o en Bruselas. Queda claro que en el Régimen del 78 gastar millones en perseguir urnas y papeletas y golpear a quienes quieren votar sale mucho más a cuenta que en permitir una consulta.
La comparecencia del ministro en la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta se ha producido a petición propia, y es que el gobierno del PP parece haber optado por aparecer como el que realmente se ha jugado a aplastar con todos los medios al alcance del Estado -como exigió el Rey el su discurso del 3 de octubre- el movimiento independentista catalán. Pretende de esta manera paliar su descalabro electoral del 21D y la “competencia” de Cs en el campo de la derecha que se quiere presentar como la mejor marca para combatir el independentismo.
Zoido ha querido reivindicar la labor de los cuerpos policiales estatales en Catalunya para intentar evitar la celebración del referéndum del 1-O ante la “absoluta pasividad y poca colaboración” de los Mossos d’Esquadra. Una reivindicación que se oficializará en las próximas semanas con la anunciada condecoración de los agentes que han intervenido en las cargas policiales, registros -con y sin orden judicial- y detenciones de los últimos meses. Para ello, el Ministerio de Interior ya ha encargado la compra de 12.000 medallas, tal y como se publicó en el BOE la semana pasada.
Las palabras del ministro en el Senado y estas próximas condecoraciones son el “a por ellos” oficial del Estado a los miles de policías y guardias civiles que desalojaron a golpe de porras, gas pimienta y pelotas de goma 113 colegios.
Sobre los 1.066 heridos del 1-O registrados por el servicio de salud catalán, Zoido ha mantenido la tesis de que se trató de una actuación “legítima y proporcionada” y ha querido presentar como “prueba” un informe de la Fiscalía presentado en el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona. Como si a estas alturas alguien creyera en la independencia de los fiscales catalanes.
Además, ha añadido que la responsabilidad por los heridos recae en quienes intentaron que las votaciones pudieran llevarse a término. Incluso, y a pesar de los cientos de imágenes en que queda constancia del carácter totalmente pacifico de quienes defendieron los centros de votación, se ha atrevido a decir que “había muchos ciudadanos pacíficos, pero sí digo que entre esas personas pacificas se infiltraron muchos radicales que estaban perfectamente organizados".
Los reacciones más contundentes contra lo conocido en esta comparecencia han venido de las filas de ERC, PDeCAT y EH-Bildu, que las han tildado de “vergüenza” y han vuelto a denunciar la represión sufrida y las amenazas. En el caso de los independentistas catalanes han propuesto la formación de una comisión de investigación en el Parlament catalán sobre la represión del 1-O. Desde las filas de los comunes se han sumado a estas condenas, si bien sorprenden las tibias declaraciones de Pablo Iglesias quien se ha limitado a decir que “a la vista de lo que ha ocurrido con el despliegue desde luego ese dinero de los contribuyentes no se gastó de la manera más sensata”.
El reconocimiento orgulloso de lo realizado en Catalunya el 1-O por parte del ministro es una constatación más del proyecto de reconfiguración del Régimen del 78 en clave represiva y recentralizadora que engendra la ofensiva del bloque monárquico sobre Catalunya. Naturalizar y “condecorar” la violencia policial para abortar cualquier movilización que desafíe al Estado y las políticas de los diferentes gobiernos es lo que se ha propuesto Zoido y el gobierno del PP, con el apoyo del PSOE, Cs, la Corona y toda la Judicatura.
La represión continúa adelante, lo vemos en Catalunya con los intentos de adulterar el resultado del 21D por medio de la prisión preventiva y órdenes de detención. O en forma de los cientos de querellas impuestas a profesores, activistas y cargos públicos para combatir al movimiento democrático. Pero también en el resto del Estado, con las condenas a twiteros y periodistas por delitos de opinión, el encarcelamiento de muchos activistas sociales, obreros y juveniles, y las multas y juicios para cientos más.
La necesidad de impulsar un gran movimiento contra la represión, por la libertad de todos los presos políticos y el desprocesamiento de todos los luchadores, es una tarea urgente que la izquierda de todo el Estado debería poner en el centro de su agenda para evitar que se consolide el Estado mordaza hacia el que nos dirigimos.
