Análisis. La saña contra las normales y la mercantilización de la educación pública

Los sucesos ocurridos recientemente en la Normal Rural de Mactumatzá no son un hecho aislado, ni mucho menos la primera vez que la 4T golpea, reprime o encarcela normalistas. Desde antes de comenzar la pandemia, en agosto y octubre de 2019 las escuelas normales de Mactumatzá y la Escuela Normal Indígena Jacinto Canek fueron duramente golpeadas por la política de la Cuarta Transformación, con recortes a la matrícula y al presupuesto.

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Inclusive en medio de la pandemia, los normalistas de la Normal Rural de Tiripetío fueron encarcelados y se les levantó proceso penal por defender el presupuesto de sus escuelas, ya que a nivel nacional estas instituciones sufrieron recortes superiores al 60%. Así también, las y los egresados de estas escuelas en la entidad siguen sin ser escuchados en su demanda de acceso al servicio docente, y las promesas que les hacen en “mesas de negociación” no se cumplen.

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¿La educación es una mercancía o un derecho?

Se ha escrito mucho sobre la mercantilización de la educación pública, sobre las reformas estructurales en la materia y la esencia ideológica de la dinámica privatizadora de la educación en los últimos 30 años. Sin embargo, al calor de los recientes acontecimientos de represión contra normalistas, por parte de un gobierno que se dice “antineoliberal”, podemos cuestionarnos distintos aspectos de la política educativa y su continuidad neoliberal dentro de este gobierno.

1. La 4T impulsó una “reforma de la reforma”, la cual fue muy criticada por un amplio espectro de especialistas en pedagogía, educación e intelectuales dedicados al tema que organizaron conferencias dentro del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE). También la CNTE, en su discurso y en voz de sus especialistas, señala que la reforma morenista “es parecida en un 90%” a la anterior.

2. La intromisión de organismos internacionales como la OCDE sigue siendo una constante en la planificación y elaboración de las políticas educativas, como lo mostró en su momento la presentación de la propuesta de este organismo supranacional en enero de 2019, realizada junto al entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

3. El regreso de esquemas de “competencia docente” basados en la meritocracia, como lo es ahora el Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros, que condicionan el aumento salarial como coacción para realizar cursos, capacitaciones o actualizaciones docentes fuera del horario laboral, muchas de ellas en instituciones privadas que cobran cantidades exorbitantes o que se difieren del erario público.

A estos elementos se suma la visión por parte de las empresas para poder contar con trabajadores dóciles o “competentes”, por lo que mantienen su intromisión en los planes educativos. La demostración de este aspecto es la preservación desde el sexenio pasado de la llamada “educación socioemocional” y la “educación financiera” en las escuelas de educación básica.

La educación pública guarda en su seno una contradicción para los empresarios y sus políticos: mantener la gratuidad y universalidad implica, por un lado, que este derecho sigue siendo una conquista social que provino de una revolución, y permanece así porque desaparecerla "de un plumazo" implicaría una confrontación con la población.

Esta realidad lleva al empresariado nacional e internacional a utilizar la educación pública como parte de los medios de reproducción de la ideología dominante, es decir, la del mercado y la subordinación de la sociedad a la propiedad privada burguesa. Sin embargo, las clases dominantes tratan de seguir avanzando en la privatización y elitización de la educación, así como en la degradación de sus contenidos.

Una educación para pensar y no para obedecer

Las y los trabajadores de la educación, junto a madres y padres de familia somos quienes podemos poner un freno a la mercantilización de la educación pública. La pandemia, con la exclusión, el rezago y la deserción de millones de estudiantes, ha mostrado los estragos que han ocasionado las políticas de “libre mercado” en el servicio educativo. Ahora son las y los jóvenes quienes están poniéndose a la cabeza de defender su educación, en la UNAM respaldando a sus profesores y como vemos con las y los normalistas en defensa de sus escuelas y por el derecho al trabajo.

El ataque es uno, ya que éste se planifica desde los organismos financieros internacionales, en complicidad con los gobiernos nacionales y las autoridades locales, quienes garantizan hasta el final la aplicación de estos planes, como la reducción de la matrícula, el presupuesto y el personal que atiende los servicios, aplicando una de las tesis máximas de la ideología de mercado: otorgar un servicio reduciendo al máximo los gastos operativos, es decir, la llamada “eficiencia empresarial”.

Por eso, la respuesta frente al ataque no puede quedar en unas regiones o limitada a algunos sectores. Tenemos el importante desafío de construir la unidad entre estudiantes, docentes y trabajadores, para enfrentar como uno solo la ofensiva contra la educación. En esa perspectiva, es necesario que la CNTE y los sindicatos del sector educativo que se reivindican democráticos rompan la tregua que mantienen con el gobierno de la 4T e impulsen la movilización a nivel nacional o donde tienen presencia. La convocatoria de la Sección VII en Chiapas a manifestarse por la libertad y la presentación con vida de los normalistas de Mactumatzá pone el ejemplo, aunque consideramos que la Coordinadora debe impulsar la movilización nacional.

Junto a la movilización en las calles viene la necesidad de la autoorganización desde la base de las y los trabajadores, en la perspectiva de la recuperación del SNTE y los demás sindicatos educativos que todavía están en manos de los charros sindicales, para poder acumular la fuerza necesaria y al fin poder poner la educación al servicio de las necesidades sociales y no del capital.