SANIDAD. La sanidad privada amenaza con ir a la huelga y la sanidad pública madrileña tiembla

La sanidad pública madrileña es hiper dependiente de la privada, por obra y gracia de la gestión privatizadora y externalizadora de la señora Isabel Díaz Ayuso. Algo que viene siendo una constante en todos los gobiernos autonómicos sean del color que sean, al menos desde la aprobación de la ley 15/97, que abrió la espita de la privatización de la sanidad y cuya aprobación contó con el beneplácito del PSOE y PP.

Es cierto que en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid su vocación privatizadora y de desmantelamiento de lo público adquiere dimensiones absolutamente colosales. Y que venimos de un período largo de gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid que han tenido auténticos defensores del ultraliberalismo, como Esperanza Aguirre, cuyas señas de identidad fundamentales pasan por la máxima de socializar pérdidas y privatizar beneficios, algo a lo que llaman cínicamente: colaboración público-privada. De hecho, su referente de modelo de gestión sanitaria fue el modelo Alzira de Valencia, facilitando enormes negocios a las empresas privadas concesionarias de la sanidad a costa de la sanidad pública, e incluso rescatándolas cuando no obtenían los millonarios beneficios con los que contaban. Lo mismo que hizo Esperanza Aguirre, continuada por Ayuso, con su política hospitalaria de levantar hospitales concertados y privatizados para el fomento del lucro sanitario de empresas del sector. Un modelo profundizado y expandido aún más por Díaz Ayuso. Pero es que los Gobiernos del PSOE con participación de Unidas Podemos o no, también han mantenido bien firme la senda privatizadora y de debilitamiento de la sanidad pública como atestiguan los datos y la penosa situación en la que se encuentra en todo el territorio del Estado, realizando conciertos y externalizaciones también por doquier.

Enriquecimiento de la sanidad privada a costa de la pública

La relación entre la sanidad pública y la privada es inversamente proporcional, en el sentido de que cuanto mejor esté la sanidad pública menos boyante estará la privada y al revés. De ahí el enorme interés y esfuerzo de todos los gobiernos autonómicos, incluidos los del PSOE, en debilitar la sanidad pública. Porque en caso contrario no se produce el negocio.

Este detalle se refleja, por ejemplo, en el enorme incremento de la población que durante los últimos años ha contratado una póliza con aseguradoras privadas sanitarias. Ante la imposibilidad de que te den una cita con el especialista en tiempo mínimamente razonable o incluso que tengas que esperar semanas para que te atiendan en la atención primaria, aquellos que se han podido pagar una póliza privada lo han hecho. En la atención primaria la situación de debacle es tal que ninguna comunidad autónoma -salvo Navarra- consigue dar cita con uno o dos días de espera para sus dolencias cotidianas a un porcentaje significativo de la población. La media española de los que lo consiguen está en el 23,4%, Navarra está en el 57% y es la mejor, queda todavía casi la otra mitad que tampoco lo consigue ahí. La Comunidad de Madrid está por debajo de la media nacional al igual que Valencia, Murcia, Andalucía, Baleares y Canarias, además de Ceuta. Madrid ocupa la cuarta plaza por abajo, solo por delante de Ceuta, Canarias y Baleares, pese a ser la primera comunidad autónoma por nivel de riqueza económica.

Ayuso está batiendo récords en las ratios de transferencias de recursos públicos de la sanidad pública a la privada haciendo que se disparen en un 82% estas externalizaciones y copando ya la primera posición por porcentaje de gastos desviados a conciertos privados. En mayo pasado CCOO denunció que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había trasladado el año pasado nada menos que 2.513 millones de euros de los fondos públicos hacia la sanidad privada, un 82% más que en 2021. La mayoría en concepto de conciertos hospitalarios que tuvieron un incremento del 55,9% más que en 2021. Por el contrario, se redujeron los gastos corrientes en la sanidad pública en 75,9 millones de euros, al igual que la plantilla que pasó de 82.445 personas sanitarias a 78.498, todo ello según datos de CCOO.

Respecto a las listas de espera, otro caballo de batalla muy relevante para fomentar que mucha parte de la población se decida, si puede, a contratar un seguro privado sanitario, lo relevante es que actualmente hay más personas que nunca esperando una intervención quirúrgica. Están aguardando en el conjunto del Estado 793.521 personas para ser operadas de alguna dolencia. Siendo la media nacional de 122 días de retraso para una operación y 95 para obtener una cita con el especialista. Porque otro grave problema de la sanidad pública es que te atienda a tiempo el médico especialista, dado que en gran medida, intervenciones o cualquier acción de fondo requiere la intervención de un médico especialista, de ahí que muchos busquen el atajo de las urgencias hospitalarias donde con esperas insoportables logran salir con un pruebas realizadas y un diagnóstico. Si bien la saturación de las urgencias hospitalarias, junto con el cierre y apertura parcial y debilitada de las urgencias en los centros de salud de la Comunidad de Madrid, han provocado otro grave problema de degradación y mala calidad en la atención de las urgencias, una prestación estratégica de la sanidad pública para mantener a raya las dolencias graves inesperadas y la seguridad sanitaria de la población.

El reflejo de todo ello es la forma como se han incrementado las pólizas privadas sanitarias por parte de la población en todo el territorio del Estado español. Alcanzando los niveles más altos en 40 años. Con los datos de Unespa, la patronal del sector privado de las aseguradoras sanitarias, el porcentaje de personas con sanidad privada en el conjunto del Estado está en el 20,45%, siendo en Madrid con el 38,11% la que se encuentra a la cabeza, mientras por debajo está Navarra con el 10,79%. Diferencia llamativa que no se explica por el nivel de renta dado que Navarra tiene un elevado nivel medio de renta y, sin embargo, una proporción mucho menor que Madrid de población con pólizas sanitarias privadas. Una enorme diferencia como puede comprobarse y que demuestra el efecto inversamente proporcional entre el éxito de la pública y la privada.

La multitud constante y continuada de pacientes de la sanidad pública que se derivan para la privada a través de conciertos con la Comunidad de Madrid para realizar pruebas diagnósticas, resonancias, mamografías, etc., amenazan también con el colapso ante la huelga dado que si se anulan esas citas volverán a la pública engrosando aún más las listas de espera. Un fenómeno del que ha abusado Ayuso en su máxima expresión y que ahora, desmantelado lo público puede ser un auténtico boomerang.

Consecuencia de todo esto y ante la posible paralización por la huelga de la sanidad privada que afectaría a la actividad de al menos 75.000 personas sanitarias, incluyendo a todos los servicios correspondientes, supondría paralizar con toda probabilidad muchas de las pruebas diagnósticas previstas y por realizar. A lo que habría que añadir el incremento de las atenciones médicas personales a las personas que han huido de la pública y se han pasado a la privada, lo que puede provocar ahora índices más fuertes de saturación, colapso y sobrecarga en los servicios de la sanidad pública al regresar esa población de nuevo a lo servicios sanitarios públicos. Algo que añadido a la falta de personal estructural agravada por las vacaciones de verano puede dibujar un escenario complicado en la sanidad pública durante estos meses y dependiendo de lo que dure el conflicto.

El conflicto que se ha despertado ahora en la sanidad privada demuestra además que la gestión privada precariza el empleo aún más de los y las trabajadoras sanitarias con sueldos que están en la mitad de lo que cobran en el sector público sanitario, siendo ya en éste bastante bajos. No en vano en el Estado español existe un déficit de 5.000 médicos de familia y que aumentará a 9.000 en 2027 si no se para la sangría. Además, en las dos últimas convocatorias del MIR han quedado muchas plazas sin cubrir, sobre todo en el ámbito de la medicina de familia.

La sanidad privada sobrevive en gran parte a costa de vampirizar a la sanidad pública con la colaboración entusiasta y ferviente de los gobiernos autonómicos tanto del PP como del PSOE que ceden sin problemas ante el lobby del sector sanitario privado. Es por eso que se hace fundamental para disponer de una sanidad pública universal y de calidad, que se nacionalicen todos los recursos sanitarios privados y se pongan al servicio de la sanidad pública bajo control de trabajadores y usuarios, para evitar una gestión con criterios capitalistas y blindar el servicio público de la sanidad.