Trabajo. La segunda ola y la fragmentación de la clase trabajadora

En el informe anterior del Observatorio de les Trabajadores en la Pandemia publicado en marzo, decíamos que uno de los principales impactos que el primer año de la Pandemia tuvo en la clase trabajadora fue la profundización de su fragmentación. Y que esta fragmentación era una de las cuestiones centrales a mirar si queríamos comprender la dinámica de la crisis.

Contra la idea de que “lo peor ya pasó”, que es el tono de los informes del Ministerio de Trabajo nacional, concluímos que: “La incipiente recuperación, no permite alcanzar los valores de la economía previos (y tampoco deseables) a la pandemia, sino que indicaría ser una recuperación sin empleo formal, motorizada por el aumento de la informalidad, el subempleo y distintas formas de empleo degradado que permitan aumentar los ritmos de explotación y rentabilidad”. Los recientes informes publicados por el INDEC confirman esta tendencia, haciendo que la entrada de lleno en una segunda ola de Covid-19, encuentre a Argentina con un combo explosivo como eje de su crisis nacional: un mercado de trabajo completamente degradado y, consecuencia ineludible de lo anterior, una tasa de pobreza que alcanza el 42%.

La segmentación del mercado de trabajo entre quienes tienen un empleo formal medianamente estable, quienes sufren distintos grados de precarización (como la informalidad) y quienes están desempleades o en “situaciones lindantes a la desocupación” (como les subocupades) no es, ni de casualidad, una “anomalía argentina”. Por el contrario, es un fenómeno en expansión a nivel mundial, como indica el estudio más reciente por parte de la OIT más de 2000 millones de personas, el 62% del empleo mundial total, reviste como “informal”. El carácter generalizado del fenómeno de la segmentación del mercado de trabajo y de la ultra precarización del empleo como tendencia del “mundo del trabajo” se ha recrudecido con la pandemia.

En Argentina este problema también es reconocido como una de las principales características de la clase trabajadora actual y, más allá de las distintas líneas teóricas e interpretaciones, los datos que les autores recogen indican que se trata de un fenómeno que vino para quedarse (a menos que seamos les trabajadores quienes logremos revertirlo).

Por su importancia, tanto en términos de cómo impacta la crisis social en cada estrato de la clase trabajadora, así como en relación a cómo puede articularse una resistencia unificada ante la crisis, construimos este informe dando cuenta de cómo esta fragmentación permite visualizar la crisis actual.

Una mayor degradación del trabajo

Como destacamos en nuestro informe anterior, los datos del 4° trimestre sobre el mercado laboral publicados por el INDEC-EPH a fines de marzo revelan, al menos, tres puntos sobresalientes para caracterizar la situación de la-clase-que-vive-del-trabajo durante el último año de Pandemia:

1- Una reducción de las tasas de actividad y de empleo (2.2 y 2.9% respectivamente), en la comparación interanual de los cuartos trimestres de 2019 y 2020, lo que indica una caída en los niveles de empleo y un aumento en la porción de la fuerza de trabajo que ha dejado de buscar empleo de manera activa durante este último año.

2- Un crecimiento del 2.1% en la tasa de desocupación en el último año, es decir, en el indicador que mide la proporción de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente. Según las últimas mediciones del INDEC sobre los 31 aglomerados urbanos los desocupados representan el 11% de la PEA (2.1 millones de personas). Sin embargo, si tomamos en cuenta también aquelles trabajadores desalentades en la búsqueda de empleo y lo proyectamos al total de la población urbana, el total de afectades por la desocupación abarca a 2.9 millones de personas. Así, en la comparación entre el primero y el cuarto trimestre de 2020 se cuentan más de 900.000 nueves trabajadores sin empleo durante el año de la Pandemia. [1]

3- Un leve incremento de la tasa de empleo entre el tercer y el cuarto trimestres de 2020 (2.7%), motorizado por el crecimiento de los segmentos más vulnerables de la clase trabajadora: les asalariades no registrades, les trabajadores por cuenta propia, les subocupades y les ocupades demandantes. De ahí la definición que formuláramos en nuestro informe previo de la mayor precarización del trabajo como marca de la “recuperación” del mercado laboral de los últimos meses. Así, los mismos sectores más perjudicados durante los meses de mayores restricciones y cierres por la pandemia son los que en los meses de apertura logran cierta recuperación y hacen crecer la tasa de empleo, considerando que los puestos en el sector registrado vuelven a sufrir una caída en este mismo período. Pongamos, entonces, el foco en el sector más vulnerable de la clase trabajadora para analizar qué consecuencias tiene que sea este sector (y no el formal) el que se recupera levemente en los últimos meses.

Se amplía el sector más vulnerable de la-clase-que-vive-del-trabajo

La primera consecuencia evidente es la alteración entre las proporciones de los distintos sectores que componen la clase trabajadora en el país, aumentando el peso relativo de quienes tienen menos derechos laborales y, por ende, más condicionamientos a la hora de salir a luchar (porque la precarización, al igual que el desempleo, es un gran mecanismo de disciplinamiento obrero).

El cuadro 1.1 exhibe la composición de la población ocupada total [2] (es decir, los porcentajes correspondientes a las cuatro categorías ocupacionales utilizadas: asalariado, patrón, cuentapropista y trabajador familiar sin remuneración) y la variación de sus componentes en dicha fisonomía durante el primer año de pandemia. En la comparación interanual, los asalariados, cayeron 2,1% y, por otro lado, los cuentapropistas crecieron por encima de los valores del 2019 (3,7%), luego de una caída de casi 3% durante el primer y segundo trimestre del 2020. Primera conclusión parcial: mientras caen quienes trabajan en forma asalariada, aumentan quienes lo hacen bajo la “engañosa” fórmula del cuentapropismo. Se estima que un 50% de les trabajadores encuadrados bajo dicha categoría, se desempeñan bajo formas precarias de empleo y en relaciones de dependencia encubiertas.

A diferencia del cuadro anterior, aquí tomamos la tasa de empleo, que expresa la proporción de población ocupada sobre la población total. Desde este punto de vista, el cuadro 1.2 permite observar la forma diferencial en que la caída de los asalariados (que mencionamos más arriba) impacta en el seno de un mercado laboral segmentado. Mientras que la caída en el sector formal, calculada sobre el total de la población fue del 1%; la caída de los informales fue de 2. Segunda conclusión parcial: dentro de los asalariados, los informales caen el doble que los formales (2 y 1%, respectivamente).

Por su parte, dentro del universo de los No Asalariados, el sector cuentapropista creció respecto al cuarto trimestre del 2019, recuperando y sobrepasando la caída de los primeros dos trimestres. O sea que, hasta ahora, la foto de la comparación interanual 4to trimestre 2019 / 4to trimestre 2020 da como resultado, una degradación del mercado de trabajo consistente en:

• Caída del trabajo asalariado en proporciones diferenciadas entre formales e informales, siendo la caída entre los formales del 1% y de los informales del doble, 2%
• Aumento del cuentapropismo (en su mayoría, precarizados encubiertos) del 0,9 %

El cuadro 1.3 contiene las proporciones en términos absolutos al 4to trimestre de 2020

Vayamos ahora a lo que pasó en el transcurso de 2020 para comprender cómo se armó esta foto de degradación que acabamos de mostrar.

Las variaciones del empleo asalariado durante el transcurso del 2020 expuestas en el cuadro 1.4, desglosado por formal e informal, exhiben también un comportamiento diferenciado. Mientras que la caída en les formales fue sostenida durante los cuatro trimestres del primer año de pandemia y sin, por el momento, signos de recuperación, les informales cayeron abruptamente en el segundo trimestre (-5,1%) y luego comenzaron una leve recuperación en sentido inverso, aunque sin llegar a recuperarse en términos interanuales. En números totales, mientras que un millón 200 mil personas dejaron de ser asalariadas; 380 mil personas ingresaron al régimen del cuentapropismo. Esta caída del empleo (con estas particularidades) es la que redundó en un aumento de la desocupación de 2,1% que, sumado al total de trabajadores que producto de la recesión y las restricciones se vieron desalentados en la búsqueda de empleo, ascienden a un total de 2.900.000 trabajadores. [3]
Hasta aquí hemos visto las dinámicas de degradación diferenciadas según cada sector de la clase trabajadora: asalariados (y dentro de éstos, formales e informales) y cuentapropismo que, como ya hemos señalado, es una categoría que encubre (en buena medida) la situación de trabajadores precarizades.

Veamos ahora lo que sucede dentro de les ocupades en cuanto a las variaciones respecto a la intensidad de la ocupación. Esto es importante porque nos permite observar el comportamiento de la subocupación, el indicador que engloba a aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajan menos horas que las que quisieran trabajar. Este “querer trabajar más y no poder” está directamente ligado no a un deseo de ser más explotado sino a la insuficiencia del salario que ganan. Estamos hablando, por ende, de trabajadores cuyos ingresos no les alcanzan para vivir, motivo por el cual quieren incrementar la “intensidad” de su ocupación y en ese sentido puede indicarse como una forma de la degradación/precarización del trabajo. Durante el cuarto trimestre del 2020 continuó el incremento de les trabajadores subocupades: aquellos que trabajan menos de 35 hs. semanales y están dispuestos a trabajar más horas. Tal como se observa en Cuadro 1.5, la participación de este sector dentro del total de ocupados creció 3% en términos interanuales.

El crecimiento de este indicador expresa, entonces, el deterioro no sólo del empleo, sino también del salario que por estos empleos percibe una parte significativa de les trabajadores. A su vez, da cuenta de una tendencia de más largo aliento: la suba de 3% de la subocupación en el último año, no es una anomalía o contratendencia en el marco de la pandemia, sino que sigue una dirección ascendente sostenida desde el año 2016. En cuatro años (en la comparación de 4to trimestre 2019-2020, EPH-INDEC), les trabajadores que realizan jornadas laborales menores a 35 hs. semanales y que desearían trabajar más horas aumentaron de 6,7 %.

De esta forma, mientras crecen les desocupades, les desalentades -quienes no buscan empleo pero están disponibles para trabajar-, les subocupades y les trabajadores que no trabajaron durante la semana de referencia -quienes tienen una ocupación y no estaban trabajando temporalmente durante el período de referencia, pero mantenían un vínculo formal con su empleo [4]-; sólo caen los ocupados plenos y también los sobreocupados, es decir, quienes se ven obligados a trabajar más de 45 horas semanales para cubrir sus necesidades. Un punto que también nos habla de empleos degradados, al menos, desde el punto de vista salarial. De esta forma sólo han demostrado dinámicas ascendentes el desempleo y las situaciones linderas al desempleo, que presentan límites porosos entre sí y que son atravesados de manera fluctuante por las distintas trayectorias laborales.

Este breve repaso por algunas de las modificaciones que sufrimos las y los trabajadores durante el primer año de la pandemia (comparación 4to trimestre 2019 / 4to trimestre 2020) nos deja esta panorámica de degradación del mercado de trabajo en Argentina.

1. Caída del empleo asalariado, con dinámicas diferenciales entre empleo formal e informal. 0,9% en el empleo formal y 2% en el empleo informal, lo que da un total de 2,9%. Esto significa que el total de formales en términos absolutos es de 8.015.750 personas mientras que los informales alcanzan 3.881.310
2. Aumento del cuentapropismo (forma en que se encubre las formas precarias de trabajo) del 0,9 %. En términos absolutos, los cuentapropistas ascienden a un total de 4.471.495 personas
3. Aumento de la subocupación del 2,7%
4. Caída del 3,3% de la ocupación plena
5. Aumento del 3,8% de quienes no trabajaron en la semana de referencia

Retomando la idea expuesta al comienzo del informe sobre la fractura de la clase trabajadora, y teniendo en cuenta que en términos aproximados la mitad de los cuentrapropistas esconden empleos degradados, precarios y de relación de dependencia encubierta, les trabajadores informales y precaries ascienden a un total de más de 6 millones de trabajadores. De esta forma, la población ocupada se compone aproximadamente de 8 millones de trabajadores formales y 6 millones de trabajadores informales y/o con empleo precario. Del total de trabajadores ocupades, al menos un 20% - 3 millones de trabajadores - se encuentra en situaciones linderas al desempleo, sea por estar subocupades o por tener empleo intermitente. Por su parte, como vimos, la desocupación abierta alcanzó a 2,9 millones de trabajadores.

Género: la segmentación de la segmentación

En este contexto de mayor degradación tanto de la calidad del empleo como del salario, la situación de las mujeres trabajadoras expresa un deterioro más pronunciado en cada uno de los indicadores laborales que miremos: la diferencia entre quienes están empleades, desempleades o subocupades, quienes trabajan en la informalidad en peores condiciones, y aquelles que reciben menor remuneración siempre es mayor en el caso de las mujeres. Veamos.

Según el Dossier Estadístico en conmemoración del 110° Día Internacional de la Mujer publicado por el INDEC en marzo de 2020 [5] , si bien las mujeres alcanzan niveles más altos de educación, al observar la tasa de empleo la brecha las perjudica: mientras que los varones tienen una inserción del 61,4%, la tasa de empleo para las mujeres es de 41,9% (valores actualizados al 4° trimestre de 2020), es decir 19,5 puntos menos. Si además observamos el segmento de entre 30 y 64 años donde los niveles de empleo son mayores, esta brecha se amplía a 22 puntos.

Por otra parte, son también las mujeres quienes están representadas en los niveles más altos de desempleo: el 11.9% se encuentra desocupada, frente al 10.2% en el caso de los varones. A su vez, si avanzamos en la comparación interanual entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, vemos que la desocupación durante el primer año de pandemia afectó proporcionalmente más a las trabajadoras mujeres que a los varones (2.4 frente al 1.6%). Aún restan explorar las conexiones entre estos números y el impacto de la pandemia en ciertos sectores con fuerte presencia de mujeres como el trabajo doméstico, el comercio o la hotelería, así como el impacto de las medidas de aislamiento en la sobrecarga del trabajo doméstico al interior de los hogares.

La foto no cambia si consideramos la tasa de subocupación horaria, es decir quienes trabajan menos de 35 hs. semanales y necesitan trabajar más para cubrir sus necesidades. Según el Dossier Estadístico por el Día Internacional de la Mujer mientras el 14.2% de las mujeres ocupadas se encontraba en esta situación (a valores del tercer trimestre de 2020), el 12.8% de los varones lo estaba. Esta participación tan desigual no puede explicarse sin considerar la gran cantidad de horas que las mujeres destinan a las tareas domésticas y de cuidado, trabajo no pago e invisibilizado que sin embargo resulta fundamental para el funcionamiento del sistema capitalista en su conjunto [6]. Por otra parte, tal como surge de los datos publicados por el mismo informe, la desigualdad se profundiza según los niveles educativo y socioeconómico. Así, aunque las mujeres trabajan en el mercado laboral menos tiempo promedio que los varones, la brecha desaparece entre quienes accedieron a la educación superior o universitaria. Además, la tasa de empleo es mucho más baja entre las mujeres de menores ingresos y la desocupación crece en relación inversa al nivel salarial. De modo que son las mujeres más vulnerables, quienes ocupan las posiciones más degradadas del mercado laboral.

¿Qué pasa si miramos la informalidad? Inmediatamente vemos que es una condición que atraviesa a les trabajadores casi sin distinción de género. Sin embargo, la diferencia salta a la vista cuando miramos los niveles de ingreso: el ingreso medio de las mujeres asalariadas sin descuento jubilatorio representa el 70% del ingreso medio de los varones asalariados. Una situación que para nada se restringe al tipo de contrato dado que, según el citado informe, por cada $100 que gana un varón, una mujer gana $79. Esto se explica no sólo porque aún hoy los varones ganan más dinero que las mujeres por las mismas tareas, sino también, como vimos, porque las mujeres disponen de menos tiempo para el trabajo remunerado, se insertan en sectores de la economía con salarios más bajos y tienen menos posibilidades de acceder a cargos de mayor jerarquía.

Esto termina de pintar de conjunto para el año de pandemia una caída del empleo, con mayor profundidad en los informales a la vez que un incremento en la degradación de las relaciones socio-laborales. Pasemos ahora a la relación entre esta degradación, el salario real y el alarmante 42% de pobreza.

Salarios que ensanchan la pobreza

El aumento del desempleo y la degradación de los puestos de trabajo, impactan de manera regresiva en los ingresos que les trabajadores perciben y explican por ende, el incremento en las cifras de pobreza.

Cuando nos detenemos en la variación interanual del índice de precios al consumidor [7] junto con la evolución salarial podemos observar, en promedio, una pérdida del 3,1 % de los salarios frente a la inflación (acumulada en el orden de 36 %). Esta cifra se construye a partir de un promedio que contempla los salarios del sector público y privado, formal e informal, y por ende esconde realidades que son heterogéneas: mientras que el sector público aparece con una pérdida cercana al 9,3%, el sector privado se encuentra en un 1,7%. Sin embargo, y a pesar de estas diferencias, si hay algo que queda claro es que todos los sectores perdieron frente a la inflación.

Al enfocarnos en la distribución del ingreso para el 4to trimestre de 2020, vemos que el salario promedio de les asalariades en su conjunto era de $ 36.246. Según el tipo de contratación el promedio salarial varía: asciende entre les formales a $ 44.613, mientras que entre les informales baja al $ 18.676 [8]. Aun teniendo en cuenta que estos promedios tornan imperceptible la realidad de una enorme proporción de trabajadores que cobran salarios mucho menores, observamos que dichas cifras no llegan a cubrir la Canasta de Consumos Mínimos calculada por ATE INDEC. Esta canasta mínima total está calculada para un hogar compuesto por una pareja de 35 años con dos hijes en edad escolar y su última actualización al mes de marzo de este año escaló a $92.928 [9]. Resulta entonces que, en promedio, ni la suma de ambos ingresos, en caso de que ambos trabajen (sea en condiciones formales o informales), alcanza a cubrir los niveles mínimos de subsistencia para que una familia tipo escape a la pobreza (ni siquiera para acceder a un nivel de vida estrictamente deseable, sino uno mínimo). Esto se confirma cuando vemos la expansión interanual del 6,5% de la pobreza y del 2,5% de la indigencia para el segundo semestre de 2020, que llega al 42 % de pobres y 15 % de personas indigentes respecto a la población total nacional [10].

La proporción de asalariades informales cuyo ingreso en diciembre de 2020 era entre $ 500 y $ 20.000 alcanzaba al 66 % (2,5 millones de personas), mientras que entre les formales constituía un 12 % (alrededor de 690.000). Si pensamos en hogares en donde ambas personas perciben el salario mínimo, el ingreso familiar que en diciembre estaba aproximadamente en $ 41.000 en la actualidad llega a rondar los $ 47.000: un aumento nominal que queda a mitad de camino del sueldo necesario para subsistir. Como es sabido, el Salario Mínimo Vital y Móvil constituye, sobre todo, un valor de referencia para les trabajadores informales así como también impacta en los montos de jubilación mínima y de aquelles que perciben programas sociales. Así, tomando además en consideración la inflación acumulada del 13% en el primer trimestre -que augura una curva en continuo ascenso-, en torno al SMVM al día de hoy se observa que: a) el pequeño aumento pasado de octubre de 2020 prácticamente se anuló en términos reales y b) la reciente actualización del 9 % ($ 1944) retroactiva al mes de abril y consensuada desde las alturas con las dirigencias sindicales y empresariales, queda muy lejos de significar algún tipo de mejora en las condiciones de vida de les trabajadores, siquiera para recuperar algo de todo lo perdido. Ante medidas tan exiguas de este tipo, que se suma a la ausencia del IFE y las regresivas modificaciones jubilatorias, no pareciera que se esté dimensionando el profundo deterioro del salario real, que arroja a la marginalidad y a la pobreza a alrededor de 19 millones de personas, tratándose de una de las proporciones más altas desde 2004. De hecho, este magro incremento del salario mínimo -aproximadamente un 35% a ser entregado en siete cuotas hasta febrero de 2022- constituye la mitad de lo que según el CIFRA se precisa para llegar a compensar su persistente caída (70%) [11]. A su vez, la situación de les trabajadores de cooperativas e informales que dependen de la economía social, es sin dudas una de las peores. El Salario Social Complementario quedaría ahora en apenas $11.772 y encima no abarca ni a un 5% del total de quienes no están en relación de dependencia, tal como declaró Alex Roig el titular del INAES.

Junto a la degradación del mercado de trabajo se constata, entonces, una permanente caída del poder adquisitivo de amplios sectores de la población, que ralentiza el consumo y los efectos del “rebote económico”; que empeora y degrada las condiciones de vida, de la misma forma que muestra la evidente urgencia en la necesidad de una recomposición salarial de la clase trabajadora.

Contra la “nueva normalidad”

A lo largo de este informe vimos claramente que la foto de la actualidad de la clase trabajadora incluye la fragmentación de sus filas y la degradación de las condiciones de trabajo y empleo como un rasgo ineludible. Este proceso no comenzó con la pandemia sino que viene configurándose durante los últimos 40 años, sin que los años de crecimiento económico (como la llamada “década ganada”) revirtieran las bases estructurales de esta fragmentación y degradación. La pandemia opera, de este modo, como una oportunidad para los empresarios para consolidar esta tendencia “normalizando” la mayor precarización conseguida en base al disciplinamiento de la crisis y la pobreza.

En estas condiciones, el debate político aparece copado por una falsa discusión: si el gobierno nacional está haciendo lo suficiente o no para “contener” a los sectores de la clase trabajadora que conforman los eslabones más débiles de esta débil cadena. Esa discusión es triplemente falsa. En primer lugar, porque, en términos inmediatos, la respuesta es sencilla y ya son muchas las voces (incluso oficialistas) que lo dicen: no, no está haciendo lo “suficiente”. Discontinuó el IFE (ingreso familiar de emergencia), dejó al SMVM en niveles bajísimos y permitió la pulverización del poder de compra de los salarios. También es relativamente sencillo el porqué de esta “insuficiencia”: basta mirar los compromisos de pagos de la deuda y el ajuste fiscal del Estado y puede entenderse cuáles son las “prioridades” de la política económica del gobierno nacional. Pero hay un segundo sentido en que la discusión es falsa: muchos señalan que, como “la manta es corta”, el gobierno ha tenido que elegir a qué sector de les trabajadores “priorizar” y ha seleccionado el sector de trabajadores asalariados formales (por ejemplo, a través del ATP) con la expectativa de que, recuperación económica mediante, este sector “traccione” todo el resto. Como hemos mostrado, hasta ahora la “tracción” ha sido en sentido inverso: los levísimos signos de recuperación del empleo son en los sectores informales. Esto hace que la “tracción” sea descendente, es decir, que empuje todas las condiciones (de salario y de derechos laborales) hacia abajo, porque la fragmentación de la clase obrera y el crecimiento de sus sectores más vulnerables es un gran mecanismo de disciplinamiento del conjunto de la clase trabajadora: nadie que pertenezca al sector asalariado formal, quiere perder ese status (que perversión mediante se configura como “privilegio”), lo que presiona a la aceptación de menores salarios y menores derechos. Por último, la discusión es falsa también en un sentido menos obvio y menos inmediato: en este contexto de degradación acelerada, todo discurso que se encargue de moderar o directamente frenar las demandas de las y los trabajadores en nombre de “ponerle el hombro a la crisis” es, en realidad, la aceptación de la “normalización” de dicha degradación como condición de posibilidad de una salida paulatina de la crisis. Dicho en otros términos: que el costo de la crisis lo paguen las y los trabajadores y sobre ese pago [que, como indican todos los índices mostrados en este informe, la clase trabajadora ya ha empezado a pagar] procedamos a la “reconstrucción”. Ese discurso, que no lo inventó este gobierno sino que suele ser enarbolado en los ajustes llevados a cabo por gobiernos de corte progresista (sea que el ajuste sea más o menos buscado y aceptado como tal), se ha demostrado falso: lo que se paga cash en degradación del trabajo y del empleo no se recupera en cuotas en períodos de crecimiento. Esa es una de las brutales enseñanzas de los últimos 40 años y particularmente de la llamada “década ganada”: la clase trabajadora no recuperó (ni en salario, ni en condiciones de trabajo ni en la fisonomía del mercado de trabajo) las condiciones perdidas en la última gran crisis nacional (2001).

En esta “normalización” de la degradación social de las condiciones de vida de la clase trabajadora las burocracias sindicales colaboran todo lo que pueden. Y más recientemente las organizaciones sociales que más representación tienen entre les precaries, cooperativistas sociales y desocupades (agrupadas en la UTEP) se han integrado, en su mayoría, al gobierno nacional. Por lo cual a pesar de las retóricas progresistas y populares no están dispuestos a enfrentar esta fragmentación de les trabajadores si esto supone posicionarse contra el plan gubernamental. A pesar de ellos, las luchas contra esta extendida precarización están presentes en los distintos frentes de batalla que se abrieron con la pandemia. Solo por nombrar algunas: está presente en las luchas por las condiciones mínimas de defensa de la vida que vuelven a tener prioridad en esta segunda ola, como muestran los reclamos de les trabajadores y personal médico del sistema de salud y las luchas de les docentes de la ciudad de Buenos Aires contra la presencialidad obligatoria; también está en los reclamos salariales que tuvieron un hito en la huelga con piquetes de les trabajadores de la salud de Neuquén “autoconvocades” que vienen de conseguir un triunfo en sus demandas luego de haber paralizado las rutas de la provincia y el negocio de Vaca Muerta. También el histórico paro de los trabajadores vitvinícolas que recientemente cerró un acuerdo salarial del 57%. Esto es solo por nombrar los conflictos más visibilizados de estos días. Lo que éstos muestran es que el combo “precarización + salarios de hambre” está motorizando los reclamos de muchos sectores de les trabajadores ocupades; mientras que el aumento de la pobreza y la miseria social que propone el gobierno motoriza los reclamos y movilizaciones de les desocupades, informales y cooperativistas (como vimos en estos primeros meses del año). Además, vale la pena recordar acá, que la “informalidad” no es solamente una dimensión del trabajo, sino también del hábitat: el año pasado las luchas por la vivienda recorrieron el conurbano bonaerense (y algunas provincias del interior) y nos mostraron en la lucha en Guernica como una experiencia de cómo puede actuar el peronismo progresista ante la emergencia de los de abajo.

La precarización generalizada que supone, hasta ahora, el “impacto” de la pandemia nos muestra el carácter estratégico de la lucha contra esta fragmentación de la clase trabajadora, lo que supone la confluencia y unidad entre efectives, contratades, tercerizades, cooperativistas y desocupades.