A raíz de la suspensión del servicio en tres importantes clínicas de la provincia, que afectan a más de 25 mil afiliados, el instituto viene estando bajo el ojo de la tormenta. Sin embargo y la precariedad del servicio y el ajuste es mucho más profundo.
Lunes 26 de junio de 2017 10:23
Infografía: Carolina Díaz
A través de una resolución administrativa a nivel nacional, el PAMI rescindió los contratos con 3 clínicas privadas que dejaron a más de 25.000 jubilados mendocinos sin cobertura. Desde el 1 de junio, la clínica Santa Isabel de Hungría, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y el Hospital de Ojos Caimarí no reciben a los afiliados del PAMI.
La crisis abierta por este motivo llevó a que el Senado provincial citara al titular del PAMI Mendoza, Carlos Valcarcel, a dar explicaciones a la Legislatura. Allí Valcarcel, aseguró que las clínicas seguirían atendiendo a los afiliados hasta el 30 de Junio y que estaban avanzando en la derivación de los jubilados y jubiladas a otras clínicas, aunque por la medida judicial estaba “inhibido” de informar cómo sería la derivación. Sin embargo, desde asociaciones de jubilados denuncian que “Hay clínicas que ya dejaron de atender a los jubilados, y las que todavía nos reciben, cuando le decís que tenés PAMI, varias te responden que no tienen cama”.
En Mendoza, el 40% de los 220 mil afiliados se atienden en hospitales públicos, el resto lo hace en clínicas privadas y han quedado en el medio de la disputa entre estas y el Instituto nacional.
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Medicamentos recortados
“A una persona no le corresponden los medicamentos gratis, esto se debe entender. Es un subsidio, una ayuda”. Con esas palabras, Carlos Valcarcel, titular del PAMI en la provincia, había justificado la quita del 100% de cobertura gratuita en los medicamentos a los adultos mayores. Esta medida, afectó a 76 mil de los casi 100 mil jubilados y jubiladas de la provincia que accedían a este beneficio. A raíz de este ajuste, la Federación de Centros de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de la zona Este presentó un recurso de amparo en la justicia y está organizando una movilización para las próximas semanas.
La resolución 5/17, establece que los jubilados y jubiladas que perciban haberes superiores a los 6.397 pesos, dejarían de recibir los medicamentos al 100%, además establece también la quita para quienes sean propietarios de más de un inmueble o autos o embarcaciones de menos de 10 años de antigüedad. “Nadie es rico con $6.397. La canasta básica es superior a los $14.000 y ni este ni ningún gobierno puede venir a quitarle los derechos a los jubilados", declaró Julio Ortíz, presidente de la Federación de Centros de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad, Zona Este y Gran Mendoza a Sitio Andino. Ortiz además aclaró que "estos son derechos adquiridos, que nos corresponden por ley, que no pueden ser cercenados", y aseguró que no es el único recorte que vienen sufriendo los jubilados: "no sólo se trata de medicamentos, aquí se incluyen prótesis y sillas de rueda que ya no se entregan más".
En la audiencia realizada en el senado provincial, representantes de los afiliados denunciaron que en el último tiempo, hay medicamentos que aumentaron su precio de 300 a 4000 mil pesos.
El propio titular del PAMI había informado que “En nuestra provincia se entregaban medicamentos al 100% a más de 100 mil afiliados” y que a partir de la medida sólo serían 15 mil quienes los seguirían recibiendo y que estimaba que otros 15 mil iniciarían “expedientes de excepción” para seguir accediendo a los medicamentos. Sin embargo, en el amparo presentado, las organizaciones de jubilados detallan, a modo de ejemplo, que en el este provincial residen 41 mil afiliados al PAMI y una sola auditora médica y una sola trabajadora social, quienes deben darle curso al pedido de excepción. Por lo que cual es imposible que atiendan en tiempo y forma el pedido de los afiliados, aunque sea una mínima parte.
Junto con la quita de la gratuidad de los medicamentos, el PAMi también había quitado de su lista de medicamentos reconocidos a más de 150 fármacos, lo que también había generado polémica.
Muertes evitables
En el mes de Abril, el único prestador de Servicios Médicos Ambulatorios suspendió el servicio, dejando sin atención a 140 adultos mayores requieren de este servicio mensualmente. Victor, hijo de una afiliada a Pami fallecida producto de no recibir atención médica domiciliaria, denunció a MDZ que su mamá se encontraba muy debilitada y grave cuando requirió el servicio de atención domiciliaria que le fue negado por la falta de pago de PAMI. "Cuando mi mama necesitó la atención domiciliaria, el SEMA tenía suspendido el servicio por falta de pago de parte del PAMI", denunció el hijo de la mujer fallecida.
En esa misma oportunidad, desde la ONG Protectora, denunciaron que "De hecho, tenemos información que hay 37 casos esperando por este servicio, de los cuales unos 7 han fallecido".
En su defensa, el gerente de SEMA responsabilizó al atraso del PAMI en el pago de las prestaciones para justificar la falta de atención a los jubilados y jubiladas y negó que la suspensión del servicio haya derivado en muertes evitables. "La gente ha muerto porque se tiene que morir. Pero no es lo mismo una muerte digna que estar sin atender".
