Tras la aprobación en primer debate del proyecto de Ley Marco de Empleo Público y el ambiente electoral cada vez más cercano, la situación política en el país preserva rasgos de una situación de transición, en medio de una creciente debilidad institucional y con tendencias al bonapartismo en las figuras políticas e instituciones burguesas.
Miércoles 14 de julio de 2021
La Ley de Empleo Público
Por un lado, el contenido del proyecto de Ley pretende centralizar todo el sistema de empleo público en manos del poder Ejecutivo, específicamente a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Una reforma en esta línea aumenta directamente el control político del Estado sobre la vida de la clase trabajadora, reforzado con otros ataques como la Ley Antihuelgas firmada en enero de este año.
Por otro lado, el ataque al salario es directo. La aprobación de la Reforma Fiscal en 2018 garantiza que la medida del Salario Global congele miles de salarios a la baja por años. El proyecto de Ley de Empleo Público no ataca la desigualdad salarial, sino que la perpetúa.
Al mismo tiempo, es importante recordar que el proyecto de Ley es parte de los compromisos con los que el Gobierno busca un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de más de $1.700 millones; atacando los salarios más bajos para garantizar la política crediticia del FMI. De nuevo, la crisis burguesa descargada sobre las espaldas trabajadoras.
Las tendencias al bonapartismo
La situación política de crisis y de transición, implica que se presenten fenómenos contradictorios en la lucha de clases, tanto por derecha como por izquierda. La tendencia que han mostrado tanto el Gobierno, como diferentes instituciones y figuras políticas burguesas, es a presentar formas cada vez más bonapartistas; es decir, a ponerse por encima de las propias leyes e instituciones, concentrando poder político. En sí mismo el proyecto de Ley de Empleo Público es un ejemplo de una cara más bonapartista del Gobierno, pero no es el único indicio.
El acuerdo general que los principales representantes burgueses mantienen respecto de profundizar el ajuste del FMI a la clase trabajadora, sigue vigente. La perspectiva de “actualizar” la política económica y recrudecer las condiciones de dependencia y la expoliación imperialista, se mantiene en términos generales. Sin embargo, diferentes precandidaturas a la presidencia, tanto del PLN y el PUSC, como del mismo PAC y de Fabricio Alvarado, están de acuerdo en que el proyecto de Ley puede ser mejorado, que no apunta a otro lugar sino al de agudizar aún más el ataque a la clase trabajadora, con este o aquel detalle de más o de menos.
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Otro tanto puede decirse del papel que la Sala Constitucional puede jugar en la aprobación del proyecto del Ley. En el pasado, esta institución ha jugado un rol garante de la legitimación de grandes ataques a la clase trabajadora, como la Reforma Fiscal o el propio Tratado de Libre Comercio (TLC), haciendo su parte en el ajuste y la profundización de la dependencia imperialista.
Tanto para los escándalos de corrupción, como el caso Cochinilla, los sindicatos deben llevar adelante una investigación independiente, en donde las personas que ejerzan como jueces deben ser electas de manera democrática y abierta, por medio del voto universal. No solo para este caso en particular, sino como medida para garantizar un golpe a la corrupción del Estado Burgués.
La confianza en cualquiera de las supuestas tendencias internas dentro de la propia Sala IV debe ser sustituida por una política de autoorganización de la clase trabajadora, poniendo la confianza en sus propias fuerzas. De esta forma puede garantizarse una pelea que esté en función de las necesidades más sentidas de las personas trabajadoras, y no en función de los intereses y los salarios de las altas esferas de la administración pública.
La debilidad institucional
Identificamos una tendencia al rechazo y al descontento generalizado de sectores trabajadores hacia diferentes instituciones del Estado burgués y el propio Gobierno. Medidas como la legalización de los despidos y los recortes a las jornadas laborales, al lado de los escándalos de corrupción como los del caso Cochinilla, colaboran a que sectores proletarios reconozcan el papel de estas instituciones en garantizar la explotación y al servicio de qué intereses operan en última instancia.
De acuerdo con los resultados de los estudios de opinión política del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), la simpatía política y la valoración de los partidos políticos dentro de la opinión sociopolítica, son históricamente bajos. En medio de tal apatía, instituciones como encargadas de sostener la legitimidad de la democracia burguesa como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la propia Asamblea Legislativa aparecen con notas de aprobación significativamente bajas (5,9/10 y 4.4/10).
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No obstante, no debe menospreciarse el ambiente electoral que se encuentra cada vez más cerca.
Experiencias de autoorganización de las masas durante momentos de conflicto social han dado muestras del potencial de la clase trabajadora; sin embargo, tanto en la experiencia de la lucha contra la Reforma Fiscal, como meses después con la pelea del Movimiento Rescate Nacional, han quedado claros los límites de las direcciones sindicales y su confianza en figuras burguesas como Corrales o el propio Célimo Guido quien terminó sentándose a negociar con la UCCAEP.
En un ambiente con vacíos importantes para la representación política de la clase trabajadora, es necesario impulsar un polo de organización independiente de las direcciones burguesas, un espacio que reivindique la independencia de clase y los intereses de las masas trabajadoras.
Por una salida con independencia de clase
Desde Organización Socialista Revolucionaria (OSR) levantamos la exigencia a las direcciones sindicales de llamar a un Encuentro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras. Un espacio con independencia de clase para que cientos de trabajadores decidan su plan de lucha contra el ajuste del FMI.
Desde OSR llamamos a las demás organizaciones de izquierda para avanzar en espacios de militancia conjunta, para llevar de manera unitaria las pelea contra la agenda antiobrera del gobierno y del FMI. La independencia política de la clase trabajadora es requisito elemental para garantizar un plan que de conjunto combata el ajuste del imperialismo.
Frente al panorama electoral, hacemos un llamado tanto al Nuevo Partido Socialista (NPS), como al Partido de los Trabajadores (PT), a impulsar un Frente de Izquierda de los Trabajadores y Trabajadoras, con candidaturas abiertas a referentes de izquierda, con el objetivo de dar pie a un polo de izquierda de la clase trabajadora, que reivindique la independencia de clase y sea una alternativa a los partidos patronales y a la derecha neoliberal.