EL PROGRAMA ECONÓMICO DE LA OPOSICIÓN. La “solución” de la MUD a la crisis económica: mayor sumisión a los intereses empresariales y del imperialismo (II)

En la primera entrega vimos cómo la oposición hace un diagnóstico de la crisis donde el rentismo y parasitismo de la burguesía nacional, así como la expoliación imperialista, no cuentan, sino solo la semblanza de una clase capitalista víctima de la intervención y controles estatales, por lo que propone darle mayores “libertades” para aumentar precios, no pagar impuestos, así como un mayor endeudamiento nacional, reducción del gasto público y profundizar la devaluación del bolívar. Seguimos develando el contenido de esas “soluciones” que propone la MUD.

Foto:Divulgación de una de las movilizaciones de la oposición

Privatizaciones y “devolución” de propiedades

Se plantea determinar en cada caso de empresas, tierras o bienes estatizados, “si fue reconocida o no la indemnización a los propietarios originales, si estos conservan interés en recuperar lo expropiado o si otros inversionistas podrían adquirir tales activos”.

Proponen que el Estado otorgue “derechos de gestión y administración a personas naturales y jurídicas del derecho privado de las empresas, tierras, bienes, plantas de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva, que hayan sido adquiridas por el Estado o que en el pasado han sido objeto de alguna medida coactiva de privación de la propiedad o de control sobre la administración por parte de cualquier órgano o ente de la Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal (…) Al término del lapso por el cual se le otorgue ese derecho de gestión, se le dará la posibilidad al interesado de adquirir la titularidad del derecho de propiedad”.

El objetivo es volver a la órbita de la propiedad privada capitalista lo (poco) que fue pasado a propiedad pública mediante las estatizaciones. La lógica de clase es simple: mejor en manos de empresarios privados que en manos del Estado. Si bien para quienes luchamos por la revolución socialista la estatización de una empresa en manos del Estado capitalista no implica en modo alguno la “emancipación de los trabajadores” ni mucho menos “socialismo”, la reprivatización implica una regresión, porque impugna la propiedad pública, reivindicando el derecho de la clase capitalista a la explotación en provecho propio, y subordina más directamente la producción, precios, despidos, etc., a las necesidades del lucro privado de una clase social.

Es reaccionario además, porque quienes realmente producen, los trabajadores, ¡no cuentan absolutamente para nada, más que como sujeto de explotación! Las empresas estatizadas no han fracasado porque haya fracasado algún “control obrero” o un supuesto “socialismo”, sino por mantenerse toda la economía nacional –incluyendo esas empresas– sometida a la realidad de una economía capitalista rentista y dependiente, así como a la explotación y dictadura patronal contra los trabajadores. En el discurso del gobierno la clase obrera contaba para “gestionar” las empresas estatizadas solo como demagogia, jamás hubo realmente poder obrero en estas, y en los lugares donde se intentó el propio gobierno lo desarticuló, la única solución progresiva y justa, socialmente hablando, es pasar de la propiedad pública, que ya está, a una administración directa y soberana por parte de los propios trabajadores, sin ninguna imposición gubernamental, no regresarlas al esquema en que un empresario se queda como propiedad privada con el fruto del esfuerzo colectivo de los trabajadores.

Mayor presencia del capital privado nacional y transnacional en la industria petrolera

“Incrementar la participación privada en la industria” petrolera, es parte de las “soluciones”. Ir a un esquema que “debe incluir empresas privadas, venezolanas o no, cuya participación en todas las etapas (incluso sin asociación con PDVSA) se realice en un ambiente de competencia”. Los “Lineamientos…” señalan que “Las normas constitucionales no imponen directamente la proporción accionaria que PDVSA deba mantener en sociedad con otras empresas, ni exigen la presencia de PDVSA en todas las actividades vinculadas con hidrocarburos, ni prohíben la competencia en el sector”. A partir de lo cual desarrollan la idea de que las empresas privadas nacionales y el capital trasnacional pase a ocupar un mayor papel en la industria y sean la base de su recuperación.

En esto, vale decirlo, también el gobierno coincide y de hecho se ha adelantado a un eventual gobierno de la MUD. Como hemos dado cuenta desde mediados del año pasado, el gobierno anda en un cierto giro en la política petrolera que implica la devolución a propietarios nacionales de empresas estatizadas en el sector y la idea de “un nuevo modelo con mayoría del sector privado”, lo que ha concretado ya en la Faja del Orinoco donde ha conformado una veintena de empresas mixtas donde el capital privado tiene el 80% de las acciones. Y ni hablar de la entrega que en el plano de los recursos minerales implica el Arco Minero del Orinoco.

La derecha plantea profundizar una política en ese sentido, lo que no puede dejar de recordar al principal proyecto neoliberal de los 90’s, en la crisis del puntofijismo, la “Apertura Petrolera”. Eso quiere decir sencillamente ir a una privatización progresiva de la industria petrolera, lo que es mayor pérdida de soberanía nacional y entrega de recursos nacionales al capital privado nativo y de las principales potencias capitalistas. Lo que es opuesto por el vértice a las posibilidades de que nuestro principal recurso e industria pueda ponerse al servicio de resolver las necesidades del país y, sobre todo, de los trabajadores y el pueblo pobre.

Sacrificar más los derechos de los trabajadores

Por si no fuera suficiente para la clase trabajadora tener que soportar un programa económico de reducción del gasto público, mayor endeudamiento y más devaluación, de mayor “libertad” a los empresarios para aumentar precios, no pagar impuestos, decidir si traen o no los dólares fugados, y el pase nuevamente a la órbita del interés de ganancia privada de empresas públicas, así como de los recursos petroleros, la propuesta de la MUD incluye toda una serie de medidas para desmantelar lo que consideran trabas o controles innecesarios para el desenvolvimiento empresarial, algunas de las cuales son, en realidad, medidas que protegen algunos derechos obreros.

Es el caso, por ejemplo, de la Solvencia Laboral, que como se sabe implica la certificación de que una empresa cumple con la normativa laboral, la libertad sindical, los dictámenes de las Inspectorías del Trabajo, del INPSASEL y que está al día con las contribuciones que debe hacer a la seguridad social de los trabajadores.

La Ley propuesta establece la extensión automática de este certificado por dos años a los patronos que lo tengan vencido, lo que quiere decir que tendrán todas las prerrogativas y posibilidades de contrataciones con el Estado, créditos públicos, renegociación de deudas, acceso a dólares, aún si no cumplen con los derechos de los trabajadores.

Un programa antiobrero, antipopular y de mayor sujeción al imperialismo

En cierto sentido, no hay nada nuevo bajo el sol en estas ideas, es la vieja cantaleta de la ideología burguesa sobre que para que al país y su gente le vaya bien, primero debe irle bien a sus empresarios. Es un programa que expresa sin miramientos los intereses de la clase capitalista, opuesto al que necesitamos los trabajadores y el pueblo pobre para resolver nuestros problemas, es un programa para que una parte de la sociedad, la mayoría, se hunda aún más, para que los negocios de otra parte, una minoría de empresarios y ricos, salgan a flote.

Es un programa para profundizar la dependencia nacional de los humores e intereses del capital imperialista. Un mayor endeudamiento implica mayores condicionamientos y subordinación de la economía nacional a los intereses de los acreedores de las principales potencias, una mayor penetración de las transnacionales en la industria petrolera implica un mayor control de estas sobre nuestro principal recurso natural y energético.

Es para imponer este programa que quiere volver a gobernar la derecha, unas políticas que, dicho sea de paso, como vimos, algunas ya las viene aplicando el gobierno de Maduro. Es por eso que sostenemos la necesidad de que los trabajadores guardemos la más absoluta independencia política frente a esta oposición, que combatamos su demagogia, y que la lucha contra el gobierno actual y su políticas económicas y represivas, sean en la perspectiva de forjar una alternativa obrera y popular, que enfrente tanto al gobierno de Maduro como a estos planes de la derecha.