Anoche, durante la emisión de Estado Nacional, el senador Juan Ignacio Latorre se refirió al proyecto de indulto para presos políticos de la revuelta mencionando evitando posicionarse sobre la existencia o no de la prisión política en el país.

Antonio Paez Dirigente Sindicato Starbucks Coffe Chile
Lunes 21 de diciembre de 2020
A pocos días de entrar a la comisión de derechos humanos del senado se encuentra el proyecto de ley que busca un indulto para los presos políticos de la revuelta. Recordemos que Piñera ya anunció que de prosperar dicho proyecto este utilizará su poder de veto para evitar su promulgación.
Anoche, durante la emisión del programa Estado Nacional de TVN, el presidente de la comisión de DDHH del senado, Juan Ignacio Latorre (RD) participó del debate poniendo el énfasis en su intención de “escuchar todas las voces” durante la tramitación del proyecto y poniendo sobre la mesa, falencias del sistema judicial chileno e hizo referencia a las críticas que organismos internacionales han hecho al país.
También mencionó el hecho de que el periodo especial que marcaron las protestas del año pasado, donde se violaron los derechos humanos de forma extensiva pueden hacer excepciones en la aplicación de la justicia.
Consultado sobre su posición frente a la existencia o no de la prisión política en el país, el senador evitó pronunciarse sobre el tema e hizo énfasis la inequidad con la que actúa la justicia en el país “tenemos una justicia para ricos y otra para pobres” y un “abuso de las prisiones preventivas contra determinados grupos” señaló Latorre. Sin mencionar ningún ejemplo, a pesar de que Carlos Larraín (conocido expresidente de RN quien salvó a su hijo Martín tras asesinar a un peatón y luego huir del lugar) estaba participando del panel.
La mano blanda del gobierno para violadores de derechos humanos
A diferencia de la tibieza con la que el senador Latorre se refirió a la existencia o no de la prisión política en el país, el gobierno y el oficialismo han sido defensores totales de preservar la impunidad contra los violadores de los derechos humanos durante dictadura militar, además de leyes que buscan eximir de responsabilidades en el actuar de las fuerzas represivas (como Carabineros). En este punto Latorrre casi no se pronunció solo se limitó a mencionar el “uso desproporcionado” de la represión y a repetir que el gobierno violó los derechos humanos.
Es necesario continuar exigiendo la libertad para las y los presos políticos de la revuelta.
A más de 12 meses de la revuelta popular de octubre siguen existiendo cientos de presos políticos en las cárceles y centros de detención de menores. Mientras los tribunales rebajan penas para Ponce Lerou, libera a los ejecutivos de empresas coludidas o mantiene condenas simbólicas en casos mediáticos como los de Gustavo Gatica, Fabiola Campillai o Sebastian Zamora, estos jóvenes siguen siendo acusados o condenados con testimonios y pruebas construidas por Carabineros, la PDI o la fiscalía que buscan dar señales para quienes se quieran movilizar.
Por eso cientos de organizaciones sociales y políticas se encuentran llevando adelante diversas campañas para exigir la libertad de las y los presos políticos, denunciar la represión y la forma en la que la justicia chilena ha actuado contra quienes se movilizaron desde octubre hasta hoy.