El Gobierno oficializó el congelamiento de nuevos ingresos a la Administración Pública, reducirán viáticos, comidas. Achicar el gasto es para los trabajadores, las patronales mantienen sus beneficios.
Miércoles 11 de julio de 2018
Ayer el Gobierno hizo oficial un nuevo recorte sobre los trabajadores estatales. Mauricio Macri, a través de la firma del decreto 632/2018, congeló el ingreso de nuevo personal a la Administración Pública hasta diciembre de 2019, se terminarán los contratos de Asistencia Técnica con las universidades (más despidos) y disminuirán viáticos, entre otros.
A pedido del FMI, el Gobierno acelerará la reducción del gasto. Pero el ajuste no es para todos igual. Mientras los tarifazos continuarán, habrá despidos y se contrae el poder adquisitivo de los salarios, las patronales del campo no harán ningún “gesto patriótico” y pagarán menos retenciones, los especuladores también siguen con sus negocios.
Sin ingresos al Estado y nuevos despidos
La disposición publicada este martes en el Boletín Oficial, según el Gobierno tiene el objetivo de “ahorrar” más de $ 20.000 millones.
El decreto establece que no habrá nuevas contrataciones en el sector público en el Estado con excepción de la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. También quedan excluidos de la medida los nombramientos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Servicio Exterior y el Cuerpo de Guardaparques Nacionales.
El texto señala que la Administración Nacional "no podrá efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019".
El Gobierno puso fin a los convenios vigentes de servicios de asistencia técnica con universidades nacionales, provinciales o privadas. Los contratos quedarán sin efecto desde el 1° de enero de 2019. Se estima que los contratos por “asistencia técnica”, alcanzan a casi 6.000 trabajadores.
En tanto, las bonificaciones, los incentivos o premios tendrán que ser aprobados por la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público. No habrá nuevos incentivos hasta el 31 de diciembre de 2019. Además, bajarán en un 30 % el gasto de viáticos, comidas y gastos de movilidad.
Este no es el primer ataque a los trabajadores del sector público. Desde la asunción de Cambiemos, hubo miles de despidos. Un informe realizado por la Junta Interna de Ate Indec reveló que el poder adquisitivo del salario de los estatales de mayo de 2018 fue un 18,2 % inferior al de noviembre de 2015.
Premios a las patronales
Para beneficiar a los empresarios al Gobierno poco le importa el déficit fiscal. Las patronales fueron premiadas con la reforma tributaria, la eliminación y reducción de las retenciones a las exportaciones mineras, agrarias e industriales. Esto significa menor recaudación para el Estado.
Según un cálculo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en 2016, el Gobierno dejó de recaudar U$S 4.500 millones por la quita de derechos a la exportación al agro.
La semana pasada hubo diversas versiones en los medios sobre el posible freno a la disminución de las retenciones a la soja. Pero el Gobierno finalmente confirmó que las retenciones seguirán bajando.
Las retenciones a la soja y sus derivados completarán en el año una baja de 6 puntos, desde el 30 % en el que finalizó 2017 al 24 %. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, esta disminución le significará al Estado un recorte de U$S 1.000 millones durante 2018. Al tipo de cambio actual, se tratan de alrededor $ 28.000 millones. Una suma mayor al monto que el Gobierno pretende “ahorrar” a costa de los trabajadores estatales.
Otro sector ganador son las empresas energéticas. El nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, quien reemplazó a Juan José Aranguren, aseguró que seguirán los tarifazos y las facturas tendrán nuevas subas en septiembre y octubre.
El acuerdo con las petroleras para moderar las subas fue dado de baja por Iguacel. Así, las naftas aumentaron, YPF subió un 5 % la primera semana de julio y a la semana siguiente otro 1 %. Luego la siguieron Shell y Axion.
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Los especuladores y el capital financiero también amasaron ganancias y siguen sus negocios en el país. El Gobierno se endeudó con el FMI y sigue el ciclo de endeudamiento.
En los primeros cinco meses de este año los intereses de la deuda representaron $ 145.371 millones, un aumento de 58,3 % con respecto al mismo período de 2017, según datos de Asap.
Un informe del Observatorio de la Deuda de la Universidad Metropolitana (UMET), calcula que la deuda va a representar en diciembre de este año el 82 % del PBI.
Mientras las Lebacs implicaron otra sangría de recursos. En los últimos dos años se gastó aproximadamente $ 30.000 millones por mes sólo para pagar los intereses de las Lebac.
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Redacción
Redacción central La Izquierda Diario
