Diputados. La trampa de la esencialidad educativa: media sanción para atacar el derecho a huelga de la docencia

En la sesión que comenzó este miércoles, Diputados dio media sanción al ataque al derecho a huelga de la docencia de la educación primaria y secundaria con 131 votos. Impulsada por La Libertad Avanza y el PRO, contó con el apoyo de la mayoría de la UCR y otros bloques aliados como Innovación Federal, Coalición Cívica, los tucumanos ex Unión por la Patria, MPN. Entre los positivos hubo algunos de Unión por la Patria: la mendocina Liliana Paponet y el jujeño Guillermo Snopek.

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Hubo 95 votos en contra de la mayoría de Unión por la Patria y la totalidad el Frente de Izquierda. En el caso de Encuentro Federal votaron más divididos: Pichetto, Massot, Monzó, López Murphy fueron algunos de los que sumaron a los afirmativos. Stolbizer, Fein, Paulón, De la Sota fueron a los negativos. Del radicalismo hubo apenas 4 votos negativos (Manes, Juliano, Coli y Reyes) y una abstención (Carbajal). Mónica Frade de la Coalición Cívica fue la única en abstenerse de su bloque, los demás votaron a favor.

Luego de conocer la alarmante cifra de que cada día 1 millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar (revelada por Unicef Argentina), el gobierno y bloques aliados votaron darle otro enfoque a la crisis educativa atravesada por el drama social de la pobreza infantil: atacar a la docencia limitando el derecho a huelga. El proyecto que consiguió la media sanción en la madrugada de este jueves no solo no propone ninguna medida frente al 70% de pobreza infantil, sino que tampoco habla de invertir en infraestructura escolar, en comida para los comedores, ni salario para los docentes que son quienes sostienen con su esfuerzo la educación pública. “Se pretende invertir la culpa de quien es responsable de la crisis educativa. El nivel educativo decae porque caen las condiciones de vida. Si llevas los niveles de pobreza al 70% es muy difícil que haya un buen rendimiento escolar” explicó Christian Castillo, docente universitario y diputado de la izquierda.

Esta “esencialidad educativa” se limita a atacar el derecho a huelga en las escuelas primarias y secundarias. Establece que, en caso de paro docente o no docente, los establecimientos educativos funcionen igual con un 30% de guardias del personal si la medida de fuerza es de 1 o 2 días; y del 50% si es de 3 días o más.

Por la mañana hubo protestas afuera del Congreso de cientos de docentes y algunos gremios del sector que se convocaron para rechazar este proyecto. Al mediodía, un operativo de la Policía Federal buscó desactivar la concentración con gases y golpes a la docencia. Las conducciones del gremio CTERA no convocó a ningún paro, limitando la movilización.

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Alejandro Finocchiaro del PRO fue el encargado de defender el proyecto y explicó "vamos a regular el derecho a la huelga en la educación obligatoria que es materia Federal” y que eso “no perjudica a nadie”. Pero José Luis Espert de La Libertad Avanza dijo que “se está limitando el privilegio de no dar clases”.

Diputados y diputadas de distintos bloques salieron al cruce del oficialismo y sus aliados. Christian Castillo del Frente de Izquierda le contestó que “esta ley es una estafa. Lo único que hace es tratar de impedir el derecho de huelga de la docencia pero no obliga a ningún gobierno a poner un peso más en educación”. Afirmó que hay paros porque “los salarios son de hambre” y lo puso en datos: una maestra en la provincia de Buenos Aires cobra $470 mil, en Mendoza $425 mil, en Chubut $422 mil, Santa Fe $540 mil, cuando la canasta familiar es de $1,3 millones.

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Esteban Paulón de socialismo santafesino (Encuentro Federal) habló de la “hipocresía” de quienes lo promovieron, recordando que hasta hubo diputados libertarios que cuestionaron la obligatoriedad de la educación. Blanca Osuna de Unión por la Patria sostuvo que “se necesita inversión, dejemos de mentirnos” y denunció los recortes presupuestarios y en programas que está haciendo este gobierno. Sumó cuestionamiento Itai Hagman: “esto es un engaño semántico. Si le preguntamos a cualquier persona si la educación es esencial, la respuesta es sí. Pero no estamos discutiendo eso acá”.

Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, denunció los recortes del gobierno de Milei que impactan en el desfinanciamiento educativo: "12% menos en términos reales por transferencias automáticas a las provincias en el 1° semestre de 2024, 81% de caída de las transferencias no automáticas a las provincias, 88% de caída en lo que respecta al Fondo de Incentivo Docente (FONID)". Apuntó a los radicales por negarse a incluir la restitución del Fonid en el temario de la sesión "no haberlo hecho es una mezquindad política".

Margarita Stolbizer de Encuentro Federal también estuvo entre las opositoras al proyecto y advirtió que este proyecto tiene “vicios de inconstitucionalidad” porque va contra normas del país, fallos de la Corte Suprema y convenios a los que adhiere de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Castillo de la izquierda sumó otro argumento: “la medida que proponen pone en peligro a los pibes en las escuelas. ¿Ustedes se imagina el cuidado del 100% de los pibes de una escuela con el 30% de la docencia? ¿Cómo se hace? ¿Y para darles de comer? Es disparatado”.

Nadia Márquez de La Libertad Avanza de Neuquén se molestó con la intervención de Nicolás del Caño de la izquierda cuando estaba defendiendo la huelga docente que se lleva adelante en esa provincia. Después de risas y gritos de la libertaria desde su banca, Del Caño le salió al cruce: “Las escuelas explotan y mueren trabajadores. ¡$4 millones ganan en esta Cámara de Diputados! ¡$7 millones los senadores y el ñoqui de Adorni gana $5 millones y tienen la caradurez de decir que el docente que gana $400 mil no puede reclamar!”.

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Entre los defensores de esta media sanción estuvieron las voces de la UCR. Julio Cobos dijo que frente a la crisis educativa “algo tenemos que hacer, yo se que esta ley no es la panacea pero entendemos que debemos dar este paso importante y necesario”, y sostuvo que es para “evitar abusos” respecto a los paros. Luego, Carla Carrizo explicó por qué ella y “27 radicales estamos apoyando este proyecto”. “Le estamos diciendo a los sindicatos que esto es un problema de poder” aseguró, y sinceró que “esto no va a resolver nada en el sentido total pero va a ayudar a distribuir el poder”.

Fue difícil la fundamentación de quienes acompañaron con su voto positivo la iniciativa: había una desconexión entre la descripción de una larga crisis educativa y la pobreza infantil, y la “solución” que estaban ofreciendo atacando el derecho a huelga.

“Hoy se tendría que titular que se está votando declarar a los docentes como ciudadanos de segunda, porque les quieren quitar el derecho a protestar” agregó Alejandro Vilca de Jujuy del Frente de Izquierda anunciando el rechazo y el apoyo a la docencia y la comunidad educativa. Y apuntó contra La Libertad Avanza: “quieren vouchers para que solo estudien los que tienen plata”.

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El gobierno de Javier Milei ya había intentando imponer este ataque por el DNU 70/2023, que fue frenado por la justicia junto a todo el apartado laboral. Luego lo incluyó en la Ley Bases, pero terminó quedando afuera de la versión que fue sancionada. Ahora logró la media sanción, pero falta el tratamiento en el Senado para que se convierta en ley.