Antes de que La Laguna se convirtiera en el hato lechero más importante de América Latina, ya era una de las más importantes regiones agrícolas de México. Desde la época de Porfirio Díaz, los campos laguneros fueron los principales abastecedores de algodón de la industria textil, la más estratégica del porfiriato.

Las cosechas algodoneras, así como las redes industrial y comercial que se tejían a su alrededor, convertían a La Laguna y a Torreón en el orgullo de “Don Porfirio”. Basta recordar que la principal fracción burguesa disidente del régimen de Díaz provenía de esta región: la que encabezaban Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, antiguos colaboradores del dictador.

La élite lagunera era una burguesía terrateniente que explotaba, bajo el régimen de peonaje, a una gran cantidad de jornaleros permanentes y eventuales en las grandes haciendas a ambos lados del Río Nazas (límite natural entre Coahuila y Durango). Cuando la revolución estalló, la propiedad de la tierra quedó prácticamente intacta, a consecuencia de que el ala constitucionalista dirigida por Carranza, poseía importantes extensiones de tierras.

No fue sino hasta la Reforma Agraria del presidente Lázaro Cárdenas en la década de 1930, motivada por los levantamientos campesinos que persistieron después de la revolución, que la propiedad privada de la tierra se vio fuertemente afectada, particularmente en La Laguna.

Antes del reparto agrario, existían en La Comarca 220 propiedades -en su gran mayoría grandes haciendas- que poseían más de 190 mil hectáreas de riego. La concentración de la tierra era tal que sólo 20 familias controlaban el 80 por ciento de la producción algodonera desde finales del siglo XIX.

Sin embargo, en 1936 el reparto agrario transformó los cimientos de la sociedad mexica y cambió la calidad de vida de los campesinos, que entonces eran la gran mayoría del país. Esto se reflejó particularmente en La Laguna. Sobre esto, Hernán Salas Quintanal escribe:

“El reparto agrario de Cárdenas transforma las condiciones de producción algodonera. Se impone un régimen de producción basado en los ejidatarios y los pequeños propietarios que permite la apropiación de la tierra y el agua nacionales, por sobre el dominio que tenía el capital extranjero”. [1]

Con la expropiación de las haciendas, las tierras serán entregadas a los campesinos bajo el régimen ejidal. Así, el ejido colectivo nacerá como una forma de propiedad comunal de la tierra en la que las grandes hectáreas, antiguamente en manos de unos pocos hacendados, serán divididas y parceladas entre los peones, de manera inalienable. El Estado se hará cargo de la dotación de crédito, insumos y tecnología, mientras que los ejidatarios, además del trabajar la tierra, organizarán cooperativas de producción y comercialización donde procesarán, almacenarán y venderán sus cosechas.

No obstante, el Estado se cuidará de mantener el control de los ríos, represas y mantos acuíferos, un factor sustancial para sujetar a los campesinos a chantajes y cooptaciones, y sin el cual no se entendería el posterior emporio ganadero, como veremos más adelante.

Los límites de la Reforma Agraria

Respecto a los alcances de la Reforma Agraria, menciona Salas Quintanal que ésta “no elimina el capitalismo agrario en la Región, al contrario, se produce una simbiosis entre la economía ejidal y la capitalista basada en complejas interdependencias (…) los sectores capitalistas comienzan a diversificar sus inversiones de tal manera que, en la década de los cincuenta, cuando caen los precios del algodón en el ámbito mundial, reorientan su actividad y el uso del suelo hacia la producción forrajera, originando, de este modo, la cuenca lechera de La Laguna, una de las más importantes hasta hoy” (p. 160).

El reparto agrario no había afectado a todos los hacendados por igual, ya que algunos mantuvieron un número considerable de hectáreas, teniendo la precaución de conservar para sí el suelo más rico, otorgando al sistema ejidal las tierras más empobrecidas. Además, éstos presionaron al gobierno para privilegiar a los sectores privados con el acceso al agua, en detrimento de los ejidos.

De hecho, ya desde el sexenio de Ávila Camacho inició un proceso de “descolectivización” donde los ejidos se subdividieron, creando una suerte de “minifundio”. Además, la colusión entre empresarios y gobierno forjada por el PRI allanó el camino para que, gracias a la corrupción, los procesos de transformación y comercialización del algodón fueran subsumidos poco a poco por los productores privados, acumulando éstos las mayores ganancias del comercio algodonero.

En esas condiciones se da la crisis del algodón de la década de 1950, donde la Comarca es particularmente sacudida. De tal suerte que los propietarios privados, menos afectados por la crisis, reorientan su negocio hacia la producción de forrajes (alimento para el ganado) y leche, que por entonces estaba experimentando un auge mundial.

Como sostiene nuestro autor, “los gobiernos post cardenistas reorganizaron la producción sobre la base del desmantelamiento del ejido colectivo, a través de los créditos y del control de la distribución del agua, de la asistencia técnica y de la administración” p. (164). Este control del agua por parte del gobierno posibilitará el manejo clientelar de los ejidatarios, a quienes chantajearán para orillarlos a cambiar el uso de suelo de sus tierras hacia el forraje, en beneficio de los empresarios ganaderos, a cambio del acceso al agua y créditos.

Nacimiento del emporio lechero

En la década de 1950 nace La Pasteurizadora Laguna, un aglomerado de empresarios ex algodoneros que fueron beneficiados por los gobiernos de Ávila Camacho y Miguel Alemán en detrimento de los ejidatarios. También en esa década nace La Pasteurizadora Nazas, que agrupaba a ganaderos de la laguna de Durango y se financiaba con capitales regiomontanos. En el 76 se fusionan ambas y nace la que hoy conocemos con el nombre de LALA.

A partir de entonces y con el crecimiento del comercio mundial de los lácteos, LALA se hará progresivamente de más tierras para abastecer a la pujante industria lechera, apoderándose paralelamente, de manera ilegal, del agua superficial y subterránea de la región, gracias a que el Estado los beneficiará, tanto con el asesinato, persecución, represión y cooptación de ejidatarios, como con el control de los distritos de riego.

LALA poco a poco se irá convirtiendo en el nuevo gran latifundista de La Laguna, concentrando importantes cantidades de hectáreas, acaparando el agua de los principales mantos freáticos y revirtiendo la reforma agraria de 1936. Esto dará un salto en 1994, cuando las reformas neoliberales del expresidente Salinas de Gortari cambian la constitución para legalizar el desmantelamiento total del sistema ejidal, abriendo las puertas al mercado a las extensiones ejidales.

Hoy día, muchos de los jornaleros son contratados en los establos de LALA, con salarios miserables, en tierras que antes pertenecían a sus padres. Además, la sobre explotación de los mantos acuíferos está ocasionando problemas de cáncer entre la población, debido a los altos contenidos de arsénico en el agua.

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El acaparamiento del agua por la industria lechera

A diferencia de otros sembradíos, el forrajero necesita de ingentes cantidades de agua para crecer. De las 175 mil 662 hectáreas de riego en la región, 135 mil 446 son de forraje. La dependencia a este monocultivo impuesto por la burguesía ganadera es de una dimensión casi apocalíptica, pues el ecosistema de la región es semidesértico, con escasas lluvias durante el año.Hoy por hoy, LALA concentra más del 80 por ciento de los pozos de agua, sobreexplotando los mantos acuíferos y dejando a los ejidos y ciudades de la región en un sensible estado de estrés hídrico.

Según cifras de Conagua en 2018, el 81.9% del volumen de agua disponible en la región se usó para fines agrícolas, es decir, 883.9 millones de metros cúbicos de los 1,088.5 millones disponibles.

La industria agro-ganadera extrae más agua de lo que naturalmente se recarga con la filtración de lluvia. El abatimiento de los acuíferos es tanta que se está extrayendo agua a más de 200 metros de profundidad del Acuífero Principal, un nivel que se esperaba alcanzar hasta el año 2100 pero que la avaricia de los dueños de Grupo Lala ha adelantado 80 años.

Es urgente luchar por que el Estado expropie las tierras de la industria lechera, entregándolas a los trabajadores del campo. Paralelamente, se debe efectuar una reconversión del uso de suelo, diversificando los sembradíos para plantar árboles y vegetación coherente con el clima y el suelo de la región.Esto permitiría reducir radicalmente el volumen de extracción del agua, posibilitando que nuevamente los mantos se recarguen y recuperen en pocos años el nivel de agua que naturalmente tenían.

Estas medidas son el único camino para revertir el agotamiento de nuestros mantos, los cuales eran ricos en disponibilidad de agua antes de que LALA y sus precursores convirtiera a la región en su gran establo.