Las situaciones en Italia, España o Nueva York, donde el personal médico se ha visto obligado a tener que elegir quién vive y quién muere, están a las puertas de suceder en Chile. La discusión sobre “el dilema de la última cama” es una chocante muestra de que, en el sistema de explotación capitalista, la vida humana tiene un valor absolutamente desigual y depende en primera y última instancia de los valores del mercado.

«“Mientras la ética se ha definido clásicamente como
una doctrina del buen vivir y del buen morir,
la necroética se constituye como una doctrina del buen matar.
Ella diserta sobre los procedimientos de homicidio para hacer
de los objetos una evaluación moral complaciente” »

Grégoire Chamayou

Una ética de la muerte

La aparición de una necroética (esto es, una ética de la muerte) no es nueva y se remonta a los campos de batalla. Podemos ver dos claros campos de aplicación de ésta: la inmunidad de los combatientes en primer lugar, versus la seguridad de los no combatientes, que dejó de ser prioridad hace mucho (como es evidente desde las dos guerras mundiales hasta las invasiones imperialistas en Medio Oriente) donde la cifra de muertes de civiles excede por millones a la muerte de soldados. Es decir, los “daños colaterales” son aceptados, desapareciendo así la línea de demarcación entre combatientes y no combatientes. Éstos últimos, a su vez, son objeto de “protección” únicamente en caso de ser considerados “ciudadanos”. Los no ciudadanos no caben dentro de esta “protección” discursiva.

En el caso de la salud, el asunto de la elección de quién vive y quién muere se remonta a las guerras napoleónicas y su invasión de Europa. A cientos de kilómetros de un hospital francés, un soldado herido de gravedad sólo podía esperar la muerte. Los escasos médicos de campo y sus aún más escasos recursos sólo podían garantizar la vida de los menos graves que, dicho sea de paso, eran los que más rápidamente podían volver a combatir. En efecto, el neologismo “triaje”, esto es, el procedimiento médico que consiste en la priorización de pacientes, proviene de la palabra francesa triage, que quiere decir escoger, separar o clasificar.

Éstos procedimientos son un proceso de gestión del riesgo médico que permiten optimizar los recursos ante el flujo de pacientes en momentos que la demanda de recursos supera a la oferta. Las clasificaciones y criterios han ido modificándose desde los 60’ a los 90’, volviendo a una trágica primera plana con ocasión de la pandemia. El concepto básico, “lo urgente no siempre es grave, y lo grave no siempre es urgente” perdió todo sentido ante la masividad de contagios. Un paciente se volvía grave y urgente al mismo tiempo. Y no era uno, eran decenas, cientos, miles. La “oferta” de recursos mostraba por todo el mundo que las políticas neoliberales habían destruído cualquier capacidad de responder a una pandemia.

El COVID-19 y la ética del “dejar morir”

El discurso y las discusiones sobre la “última cama”, tal como se han dado en Chile la última semana, parten del supuesto de que, ante la ausencia de recursos médicos (ventiladores mecánicos), un paciente con condiciones de base (otras enfermedades) no podría sobrevivir y sólo alargaría su agonía. En esas condiciones, lo mejor es darle un tratamiento de “acompañamiento”. O sea, dejarlo morir.

El Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Dr. Ignacio Sánchez, planteó en sus “Lineamientos éticos en la atención de pacientes en una situación de pandemia” que el concepto de “cuidar” estaba por sobre “curar”. No se sabe si este doctor está insultando al país, no sabe nada de salud, o de plano quiere discutir a punta de mentiras y falacias. Todo el mundo sabe que aún no hay una “cura” para el COVID-19. Así, es claro que a los pacientes positivos hay que “cuidarlos”. A partir de esa operación discursiva falsa, el Rector Sánchez relativiza todo cuánto podría suponer el “cuidado” médico. Si un paciente no tiene condiciones de salvar la vida, “utilizar todos los recursos” debiese conversarse con la familia y con el mismo paciente en momentos de estabilidad. También, debe tomarse en conjunto con los “Comités de Ética”, que han surgido en los centros médicos “para prepararse a decisiones clínicas difíciles”. El rector argumenta que tales decisiones no deben tomarse dependiendo de la situación económica del paciente. Para tranquilidad de la conciencia del señor Sánchez, tal decisión tampoco la puede tomar el paciente ni su familia: si es pobre, va a terminar en el sistema público. Si ya no hay camas, el personal médico tiene que optar entre la vida de personas pobres.

Éste es el calibre de las dicusiones que se daban entre los integrantes de la Comisión de Ética de la Mesa Social COVID-19, abundante en luminarias pensantes provenientes de universidades privadas con un marcado perfil político de derecha, e incluso de la Armada.

¿Cómo podría haber un procedimiento “humanitario” en dejar morir (o quitar la vida)?

Si la acción “humanitaria” elemental consiste en dar cuidado a vidas humanas desamparadas, cualquier acción que vaya en contra no sería humanitaria.

Es claro que la elección propia sobre fallecer de manera digna es un derecho de cada persona (aunque la legislación chilena ni siquiera lo contemple). También es claro que, en determinadas situaciones clínicas, un tratamiento más invasivo sólo podría empeorar la condición del paciente. Pero esos no son los criterios que está poniendo el Gobierno sobre la mesa. El criterio no es ni ético ni médico, es material: no hay más recursos. Por eso es que hay una decisión ya tomada, que es política.

Piñera y Mañalich, que se han llenado la boca haciendo analogías con la guerra, no se han detenido a pensar que la ética de la muerte en la lógica militar es “nadie muere, excepto el enemigo”. Esto es: está mal dar la muerte exponiendo la propia vida. Está bien quitar la vida protegiendo la propia. Es decir, el objetivo final es matar salvando la propia vida.

Desde este punto de vista, como las muertes podrían haber sido peores, haber “limitado” las muertes es algo moralmente correcto. Esto es la “ética del mal menor”, sólo que en situación de muertes masivas. Pero, como recuerda Hannah Arendt, “políticamente, la debilidad del argumento ha sido siempre que aquellos que optaron por el mal menor tienden muy rápido a olvidar que eligieron el mal.” (“Responsabilidad y Juicio”)

Que muera el pueblo: una decisión ya tomada

Pero no sólo eso. Ésta decisión oculta que hubo otras decisiones previas, que nos hacen ver que el escenario no era ni imprevisible ni inevitable: el desmantelamiento del sistema público de salud, los procesos privatizadores, la precarización de las profesiones médicas son todas decisiones políticas concientes, sistemáticas y deliberadas, que se llevaron a cabo directamente en contra de la oposición de los involucrados. Nadie podría negar (sólo los negacionistas, que siguen culpando a la izquierda) que la salud era uno de los temas más importantes que motivó la Revuelta de Octubre. Un poco más atrás, las protestas que se mantenían previo al estallido social tenían mucho componente de trabajadores de la salud, que reclamaban por falta de insumos básicos, incluso guantes quirúrgicos. Los responsables de esto son la dictadura cívico-militar y los Gobiernos de la ex Concertación, llegando a los dos períodos de Piñera.

A su vez, ¿cuáles son los criterios para dar la muerte? Si hay dos personas entre las que hay que elegir, y ambas estiman (y así también sus seres queridos) que aún tienen mucho por dar y no quieren perderlo, el criterio se resume a la pura capacidad material: no hay más camas. Ahí no hay moral ni ética alguna. Simplemente, el Ministerio le quitó la capacidad al personal médico. Le arrebató las herramientas. Tal cual la Inspección del Trabajo permitió cesantía y suspensiones sin sueldo masivas, que han derivado en hambre, el motivo que originó la situación era la decisión política del Gobierno y no la culpa de los hambrientos.

Pero además de ésta decisión ya tomada, hay otra decisión intermedia que ya tomaron Piñera y Mañalich: responsabilizar a la población por el aumento de contagios, y a los profesionales de la salud por la de elegir quién vive.

¿Quién le otorgó el derecho al Gobierno a decirle a los médicos y trabajadores de la salud: ustedes tendrán que elegir quien muere, porque les arrebatamos los insumos?

Esto sólo tiene una comprobación póstuma: haber dejado morir a tales, salvó la vida de cuales. Una vez mostrado los datos, puede comprobarse que la decisión era “correcta”. Los muertos se elevan a categoría de salvadores, aunque no hayan decidido dar la vida sino que la muerte les haya sido impuesta.

Esto es: la decisión política neoliberal de precarizar el sistema de salud llega a el siguiente punto: unas vidas son imprescindibles, otras son prescindibles. Este absoluto valor desigual de la vida se afirma con todo su peso por una cuestión material que anula el debate: no es posible salvar todas las vidas. Ya no hay camas.

Si un mecánico de vehículos, en una actitud criminal le corta los frenos al automóvil de un chofer, podría decirle: aún tienes la opción de conducir a muy baja velocidad, es tu decisión. Pero la decisión la había tomado el mecánico previamente: cortar los frenos conlleva la posibilida cierta de la muerte, y en determinadas situaciones es inevitable, como al entrar en una pendiente. En ese momento, ¿es ético que el mecánico le diga al chofer: “tu decisión moral corecta es arrojarte del vehículo, aunque otra persona morirá”?

En la sociedad de clases moderna, el derecho a matar sin crimen le corresponde al verdugo y al soldado. La obligación de facto, recaída sobre la conciencia del personal médico, de dejar morir personas no por agumentos médicos sino por falta de herramientas, los hace parte, en los hechos, de este selecto grupo.

Ésto entra en contradicción con su función social elemental y con sus más íntimas convicciones morales. El personal médico es obligado a dejar morir. Como el origen de ésta situación está en la decisión política de precarizar el sistema de salud y no hay argumento médico alguno, el Gobierno entonces otorga el derecho a matar y le traspasa la responsabilidad al médico, que pasa a formar parte de la infame comunidad de verdugos y soldados.

La “ética” de quienes deciden sobre la vida y la muerte

Es claro que existe una minoría de médicos con pensamiento de derecha a quienes éste paso no les cause mayor conflicto. Se van a convertir en los ángeles de la muerte de Mañalich y el futuro los condenará, tal como a los médicos de los campos de concentración nazis o a los médicos que acompañaban a los torturadores en las dictaduras latinoamericanas. Son profesionales de la muerte y sus propios colegas los miran desde ya con un signo indeleble en su frente. No decimos ésto como una hipótesis: en pleno estallido social y miles de heridos por la actuación policial, no fueron pocos los “profesionales” médicos que culpaban a los heridos por su condición o procedían con plena desidia o de plano negligencia. Esto es aún peor si consideramos que dentro de la estructura “laboral” de un equipo de salud el médico es el jefe, seguido de las enfermeras, y luego todo el personal TENS y paramédicos, que son los que hacen el trabajo más pesado.

Pero sabemos que la inmensa mayoría de trabajadores de la salud no son así, e hicieron suyas las demandas de Octubre. La Revuelta llevó la lucha a los pasillos abarrotados de los servicios públicos, y muchas personas profesionales de la emergencia o técnicas, como paramédicos, de plano salieron a la calle codo a codo con la Primera Línea para socorrerla, exponiendo su propia vida.

Pero se abre la pregunta: ¿quiénes son los encargados de tales “comisiones éticas”? ¿cuál es la “ética” de tales profesionales? Pongamos ejemplos concretos: la Comisión Asesora de Ética Asistencial del Ministerio de Salud (o sea, cuyo Jefe es Mañalich) tiene como secretaria ejecutiva a Adela Contreras, quien explicó al diario La Tercera (16.05.20) que “Se espera un aumento de situaciones complejas, en un sistema de salud con recursos finitos”. Lo que nos está diciendo Contreras es: la limitación de recursos es un dato objetivo, no se puede modificar, no importa el origen, así son las cosas. Si antes no se compraron ventiladores o que era mentira su llegada desde China, no tiene importancia en la sala UCI, que es donde se ejecutarán las acciones de vida o de muerte. La decisión política ya estaba tomada, pero éstas personas quieren hacernos creer que la decisión no es política, sino médica. Otro ejemplo que tomamos de esa misma nota es el del Jefe de la UCI de la UC (o sea, cuyo Jefe es Sánchez) Sebastián Bravo, para quien “Si llegamos a sobrepasarnos tendríamos que enfrentarnos a esta ética de catástrofe, ver a los pacientes que tengan mejores proyecciones y darles oportunidades sobre los otros (…) Te ponen un poco como juez y parte de algo que nosotros no estamos en condiciones de hacer”. Como eufemismo, le llama “ética de catástrofe”, aunque su reflexión final es certera: son obligados a ser juez y parte, y no deberían serlo.

Más explícito y decidido se muestra Claudio Merino, que es presidente del Comité Ético Asistencial del Hospital de Temuco y que además es jefe de la UPC de la Clínica Alemana de esa ciudad. Según él, “Hubo pacientes que, de un principio, uno sabía que no tenían cabida en una unidad clínica, porque su pronóstico venía con patologías de base de antes. Se conversó con sus familias y se llegó a un acuerdo conjunto de manejo conservador. Hay pacientes que si los ingresas a una unidad crítica, lo que vas a lograr, más que la mejoría, será prolongar la agonía”. Más que claro, no sólo da por hecho el desastre en la salud, sino que le agrega un componente que aparenta ser muy profesional: evitar la agonía del paciente.

Desde la vereda del más completo pragmatismo, Pola Rojas de la Posta Central argumenta que “Como médicos de emergencia estamos a diario con pacientes graves, que o se mueren o se recuperan con secuelas, o no se recuperan totalmente. Llevamos años en esto, tratando de salvar vidas. Y cuando no se puede (hay que) ayudar a morir lo más digno posible”. A su vez, la presidenta del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico e internista en el Hospital San José, Natalia Henríquez, planteó que “no existe un instructivo desde la dirección sobre qué hacer en caso de no existir cupos y no tener opción de derivación. Hasta ahora, va a quedar a criterio del médico de turno.” Situación similar en el Hospital Sótero del Río (que atiende al 10% de la población del país), donde el citado artículo nombra a un “alto funcionario” que transparenta que “hay una falta de protocolo claro para tomar decisiones ante la posibilidad de tener que elegir entre salvar la vida de un paciente por sobre otro (…) de mantenerse esto así, esta responsabilidad podría recaer en el médico que trate al paciente”. En ninguna de esas dos últimas instituciones hubo respuesta por parte de la Dirección.

Éstas opiniones chocan con toda su contradicción en la realidad misma, donde desde ya las decisiones las tiene que tomar el personal médico, e incluso contra sus propios convencimientos. Fuentes consultadas en el Hospital Barros Luco nos ilustraron que uno de los casos de personal en cuarentena se debió a que un médico ordenó la atención de un paciente con COVID-19 sin que los trabajadores tuviesen los equipos de protección personal adecuados. Como resultado, el personal se vio expuesto y ahora no pueden seguir trabajando y están bajo riesgo. Aún más chocante, el paciente falleció de todas formas, y le correspondió a ese personal meter a la persona fallecida en una bolsa, sin que su familia pudiese despedirse. Esa es la situación cotidiana, y aún peor, de las y los trabajadores de la salud.

Esto es: si el origen del colapso sanitario tiene un origen político, entonces las muertes ya decididas son asesinatos políticos, sólo que el régimen no usa fuerzas represivas bajo el amparo de la noche y la niebla sino que obliga a profesionales de blanco a hacerlo bajo la total luminosidad de la sala UCI, cobertura de prensa e impacto social mundial incluídos. Ésto hace recaer sobre sus conciencias individuales el hecho de éstas muertes, que por supuesto no son su responsabilidad en lo absoluto, pero el entero régimen (con el invaluable apoyo de los medios de comunicación) presenta el problema como un dato a priori inmodificable y sin poder acceder a su origen: así son las cosas, hay que dejar morir a gente, no pregunten porqué pasó eso. Esto lleva a una demolición de la salud mental de éstos profesionales médicos, elemento que se ha ubicado por su propio peso dentro de los más importantes dentro de los Protocolos de “última cama”.

Por supuesto, quien se manifieste contra ésta situación sufriría una condena moral y posiblemente jurídica. Si además de manifestarse es contagiado, tal persona podría incluso ser considerado un enemigo del Estado, un peligro biológico para la sociedad. En tal caso, el derecho a matar sin crimen podría ser ejecutado ya no por médicos sino por soldados, tal como puede adelantarse en la posibilidad cierta de un nuevo estallido social por hambre y contagios. La sociedad chilena actual, sin embargo, sólo vería un crimen, como efectivamente sería. No queremos hacer supocisiones abiertas, sino preguntar directamente: si hay un aumento explosivo de contagiados, sin la menor posibilidad de atención médica, ¿acaso los contagiados van a ser asesinados por el ejército si salen a manifestarse a la calle? Piñera y Mañalich han hecho una intensa campaña las últimas dos semanas, para responsabilizar a las personas por el aumento de contagios. ¿Es eso una preparación política para dejar actuar a los soldados como criminales “legales”?

“Dejar morir” es un atentado contra la más básica percepción de “comunidad”, incluso bajo el argumento del “bien común”. El individuo capta que puede ser abandonado a la muerte, aunque con mucho “cuidado”. Como sea, compasivamente, va a morir. Todo se reduce a convencer a la comunidad de que “no es posible hacer más” con los recursos disponibles.

Una sociedad que se ha esforzado lo indecible por desarrollarse, y lo único que obtiene de vuelta es un pequeño grupo de ricos y multimillonarios con todos los recursos, mientras la inmensa mayoría es arrojada los “recursos finitos”, sólo podría sacar en conclusión que ha sufrido el abandono, la no protección del Estado. El problema estratégico acá es que eso no lleva necesariamente a la conclusión de que el Estado moderno nunca ha tenido la tarea de “proteger”, sino de reprimir. Por el contrario, podría llevar a una dinámica de mayor animosidad y competencia entre individuos. Esto es, liquidar por completo una dinámica comunitaria. La población de nuestro país, sin embargo, posee enormes rasgos comunitarios derivados de la histórica Revuelta del 2019, que lo hizo verse a sí mismo como “Pueblo” por primera vez en 30 años.

Una respuesta obrera y popular: ¡Salud, Pan y Trabajo! ¡Fuera Piñera!

Las y los trabajadores de la salud del Hospital Barros Luco de Santiago, agrupados en la Fenats, hicieron un llamado a conformar un Comité de Salud y Seguridad que ya lleva dos reuniones virtuales. En su segunda reunión el pasado 20 de Mayo “se hicieron parte representantes y miembros/as de 6 asambleas territoriales de la comuna de San Miguel, Juntas de Vecinos, organizaciones territoriales como La Minga o Acción Popular Los Pinos de San Bernardo, así como de la Asamblea Valle del Sol, y medios de prensa alternativos” (izquierdadiario.cl), además de agrupaciones estudiantiles como la ACES y Vencer, o sindicatos como el STU del Transantiago, Andina de la Coca-Cola y trabajadoras de Integra, donde se acordó “levantar la consigna de ¡Salud, Pan y Trabajo, #FueraPiñera! frente a la situación que enfrentamos e impulsar una fuerte campaña contra los despidos, las suspensiones y la precarización laboral, porque son esos ataques también los causantes del hambre, al mismo tiempo de la coordinación para pelear por el cese de los trabajos no esenciales con el pago íntegro del salario a los trabajadores, y por un impuesto extraordinario a las grandes fortunas para financiar un sueldo de 500 mil pesos a todos los trabajadores informales que viven del día a día y producto de la pandemia no pueden ganarse su sustento”.

Esto, a la vez de “fortalecer la coordinación para avanzar en la unidad de estos sectores, considerando que la CUT ha cumplido un papel realmente criminal manteniéndose en la inmovilidad mientras pasan ataques enormes al pueblo trabajador”.

Está por verse las respuestas, de por sí históricas, que va a dar el conjunto del pueblo trabajador ante la barbarie a la que nos arrojó el capitalismo. Está en juego nuestra vida y es claro que los ánimos de Revuelta llevarán a una decisión: o nos morimos de hambre y pandemia encerrados en la casa, o salimos a luchar aunque en ello nos maten. Nosotros estamos seguros que el Pueblo no puede aguantar sufrimientos de masas sin que ello lleve a nuevas luchas.

Hoy, es necesario desde ya luchar por un sueldo de $500.000 para todos los trabajadores informales que ahora no pueden trabajar producto de la pandemia, y que éste sea financiado a través de impuestos a las grandes fortunas.

Ante la crisis sanitaria y social es necesario que el sistema de salud se unifique con el privado y público, estatizando las clínicas y laboratorios bajo el control de sus trabajadores. Esto debe ir de la mano con el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, para que toda la población tenga acceso a medidas preventivas y necesarias para combatir esta crisis sanitaria y social.

Para esto debe haber un gran movimiento que pelee contra las medidas y ataques del gobierno, donde la organización y la alianza de la clase trabajadora con los sectores populares le imponga a la CUT que convoque a un Paro Nacional, como lo vienen haciendo las y los trabajadores del Hospital Barros Luco que se organizan junto a usuarios, estudiantes y vecinos en el comité de Salud y Seguridad.