El último exabrupto fue el maltrato y la expulsión del periodista Jorge Ramos de una conferencia de prensa en Iowa. La ultraderecha republicana consolida a su mejor representante, que promete deportación masiva.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Viernes 28 de agosto de 2015
Jorge Ramos, periodista de origen mexicano y conductor estrella de la cadena Univisión, el medio más popular en la comunidad latina en Estados Unidos, le preguntó al magnate “cómo piensa expulsar a 11 millones de indocumentados del país, negar la ciudadanía a los bebés nacidos en territorio estadounidense de padres indocumentados y construir un muro que divida la frontera”.
La respuesta fue el maltrato y la expulsión de Jorge Ramos por parte de un guardaespaldas del magnate Trump. Ante la indignación de algunos periodistas, el precandidato se vio obligado a readmitir a Ramos.
Lo cierto es que el millonario hace ostentación de una profunda xenofobia que se manifiesta también en su forma despectiva de referirse a los migrantes como “ilegales” y a sus hijos nacidos en suelo estadounidense como “anchor babies” (bebés-anclas).
Si a esto se suman las ofensivas declaraciones que realizó al lanzar su precandidatura en junio, y su brutal desprecio contra las mujeres, se configura como el referente más popular para los votantes que se declaran republicanos.
Deportaciones masivas: alto costo para el gobierno estadounidense
Según distintas organizaciones, para llevar a cabo el proyecto de deportación de Trump se requerirían entre 114 millones de dólares (mdd) hasta 620 mdd. Esta exorbitante suma financiaría la incorporación de más funcionarios a las agencias federales, encarcelamiento, juicio ante la corte de migración y el transporte de las personas deportadas a sus lugares de origen.
La separación de familias y el daño social a la comunidad latina sería brutal. Pero a esto agregan los analistas que las consecuencias económicas para Estados Unidos serían malas también: las empresas dispondrían de menos mano de obra para industrias y servicios. La fuerza de trabajo se reduciría 6.4% en el transcurso de los 20 años posteriores a las deportaciones y el producto bruto interno estadounidense se contraería en 5.7%.
En suma, para el imperialismo estadounidense no sería una medida favorable a la obtención de utilidades para los capitales privados.
El odio racial y las ganancias capitalistas
Detrás del discurso antimigrante se esconde la avidez de ganancia de los empresarios. El cínico magnate que tanto desprecia y odia a los extranjeros residentes en Estados Unidos, se beneficia de su capacidad de trabajo a cambio de sueldos que son más bajos que el promedio que perciben los trabajadores estadounidenses.
Un caso: un joven que trabaja para Trump en uno de sus restaurantes, Ricardo Aca, 24 años, oriundo de Puebla, salió a responder las ofensivas declaraciones de su patrón. Afirmó que no es narcotraficante, ni delincuente, ni violador. Tiene tres trabajos para poder sostener a su familia.
Como explicamos en otro artículo, la economía estadounidense, para seguir manteniendo cierto nivel de crecimiento, necesita de la mano de obra de trabajadores migrantes.
En parte, porque la población estadounidense tiende a envejecer en términos demográficos, en parte porque los migrantes, al tener numerosas restricciones para acceder a la residencia legal, se ven orillados a condiciones laborales mucho más precarias y a sueldos más bajos.
Párrafo aparte merece el programa de visas H2A y H2B. Son permisos de trabajo temporal: la primera para agricultura –que comprende labores agrícolas- y la segunda para empleos no relacionados con la agricultura –trabajo doméstico, trabajadores de hoteles, de la industria pesquera y la industria forestal, entre otras. A este programa –del que se abren alrededor de 66 mil plazas por año– acuden quienes quieren evitar los peligros de la entrada sin papeles a Estados Unidos. Pero no están a salvo.
Gracias a las “bondades” de las visas H2A y H2B, los empresarios pagan salarios muy bajos, mantienen en condiciones prácticamente de esclavitud a las y los trabajadores contratados, están a merced de estafas, accidentes laborales, acoso sexual, violaciones y maltratos, y no tienen ningún derecho laboral.
Una de las empresas que opera con este programa es L.T. West, empacadora de cangrejos en Louisiana, que aloja a sus trabajadoras en tráilers que ni siquiera tienen agua potable.
Otra empresa es Star One Staffing, que contrata trabajadores temporales, cuya CEO es Mary Jane Hague, esposa del juez Andrew Hague. Los directivos de la compañía presumen ante las y los trabajadores que tienen excelentes relaciones con la policía y con funcionarios gubernamentales. La empresa llegó a pagar a trabajadoras de limpieza de hoteles menos de un dólar la hora, bajo amenazas.
LAS PERSPECTIVAS PARA LOS MIGRANTES
La criminalización de los migrantes y su sometimiento a condiciones de vida cada vez más duras son la marca de fábrica de las dos administraciones del demócrata Obama, quien había prometido una solución a la cuestión migrante para ganar el voto latino que lo llevó al poder.
A esto se suma la campaña xenófoba encabezada por Donald Trump, que se extiende a distintos niveles entre los distintos precandidatos republicanos.
Tanto el partido demócrata como el republicano velan por los intereses de los ricos y los poderosos. De ellos no vendrá una solución favorable para los migrantes. Mantener sometidos y acorralados a los extranjeros residentes en Estados Unidos es totalmente funcional a los negocios capitalistas.
La conquista de plenos derechos civiles, laborales y sociales para la comunidad latina y el conjunto de los migrantes de todas las nacionalidades que llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor sólo puede obtenerse a través de la lucha.
Es fundamental una lucha mancomunada con los afroamericanos que enfrentan la violencia policial, con los trabajadores precarizados que luchan por el aumento del salario mínimo a 12 dólares la hora, con los jóvenes que se manifestaron ante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Una lucha que extienda su fuerza a través de las fronteras y que se enfrente también a la injerencia imperialista en Centroamérica y el Caribe, “legalizada” por los gobiernos a través de planes y tratados como la Iniciativa Mérida.
