La visita del Papa se está dando entre “milagros” de obras públicas, un enorme despliegue de propaganda, derroche económico y el fortalecimiento de la relación Iglesia-Estado-empresarios.
Viernes 12 de febrero de 2016
Desde hace unos días, antes de su arribo, los efectos de la visita del Papa ya eran visibles. Los gobernadores de los estados en los que estará, así como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, han desplegado una serie de medidas para recibir a Jorge Mario Bergoglio, jefe del Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y “Sumo Pontífice” de la iglesia católica.
Entre la reconstrucción de calles y avenidas, instalaciones de escenarios, logística, seguridad y un gran despliegue de publicidad, se calcula que la inversión de los gobiernos locales es millonaria.
Desde semanas atrás y generando importante debate en redes sociales, en la Ciudad de México las estaciones del metro, las paradas de autobús, las calles, avenidas y medios de transporte se cubrieron de una silueta rosa que representa a Bergoglio superpuesto a la ciudad.
Inicia ya el cierre de estaciones del metro, metrobus y diversas calles y avenidas, a realizarse a su llegada y durante su recorrido.
Además diversas denuncias han circulado por parte de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal debido a la exigencia, en diferentes dependencias, de extender turnos para cubrir la logística y seguridad en la visita del pontífice.
En Chiapas, Michoacán, el Estado de México y Ciudad Juárez la espectacular bienvenida que los gobernadores darán corre a cuenta del erario público. Además como caso extremo los “promotores” del acto que Francisco realizará en Ecatepec ya anuncian los lugares “VIP” encabezados por Onésimo Cepeda, uno de los obispos más ricos del país.
Como parte de la triada más interesada en la visita papal –junto a la Iglesia y el régimen político- se encuentran los grandes empresarios de este país, quienes “devotamente” están financiando diversos aspectos de la visita del papa.
Entre ellos destacan: Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del planeta, colaborador de la instalación de salas de prensa y fibra óptica para las transmisiones; Aeroméxico, colaborador de los traslados aéreos; Crysler, quien fabrica los papamóviles y encabeza el desplazamiento por tierra; y Banorte, quien aportará las pantallas y aparatos de sonido.
Serán también las grandes empresas quienes recibirán las cifras mayores de la derrama económica por la visita Papal que, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), estima en 870 millones.
La relación Iglesia-Estado hoy y antes
La relación entre la Iglesia y el Estado se ve cada vez más tersa. Aunque desde la construcción de México como Estado nacional la estrechez con la Iglesia Católica no fue ningún secreto y desde los “Sentimientos de la Nación” de Morelos - base para la Constitución de Apatzingán de 1814- a la Constitución Federal de 1824, la religión católica se planteaba como la “religión de la nación mexicana”.
Fue en 1860 cuando la relación con la Iglesia se tensó ante la promulgación de la Ley sobre libertad de cultos, en la que se establecía que “las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país (…)” y prohibía los actos públicos. Hecho que fue replicado en 1917 y reformado en 1992 cuando se estableció la posibilidad de realizar actos religiosos fuera de los templos con el aval del gobierno federal.
En 1992, con Salinas de Gortari en la presidencia, la relación con el Vaticano, rota en 1860, se restableció, teniendo como antecedente cuando Salinas, en 1990, recibió al “sumo pontífice” a la par que promovió y realizó la reforma a la Constitución para otorgar personalidad jurídica a las iglesias y permitir que los ministros de culto pudieran votar.
En diciembre del 2011 se realizó la última reforma que refería a la temática religiosa, que aunque no pudo aprobarse como fue propuesta –y dejo fuera la principal apuesta de la Iglesia Católica sobre integrar la enseñanza religiosa a la educación pública- fue un guiño importante entre el Estado y la Iglesia.
México es uno de los países que aporta más a las arcas del Vaticano y, después de Brasil, es el país con mayor número de creyentes, aunque de acuerdo a la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizada en 2012, 19.5 millones de mexicanos ya no son católicos, es decir el 17% de la población en ese momento. Esto significa 5 puntos más respecto a una década antes, cuando sólo 12% de los ciudadanos no se reclamaba de esa religión.
En materia política, la relación entre la Iglesia y el Estado es en realidad muy complaciente para ambas partes. La Iglesia participa directamente de los temas de la política nacional y es un peso importante respecto a la legislación en Derechos Humanos. Así, se mantiene dentro de debates referentes a la legalización del aborto, el matrimonio igualitario, la adopción entre parejas del mismo sexo y la legalización de las drogas.
Ha sido un actor central no solo pronunciándose en contra de la legalización del aborto en diversos estados, sino como impulsor de la repenalización, que aumenta las penas para las mujeres que lo realizan. Lo cual mantiene a decenas de presas en el país y a miles de mujeres muriendo por abortos clandestinos, quienes no pueden pagar una costosa clínica ilegal o viajar al DF para realizarlo legalmente.
En el tema de la homosexualidad Norberto Rivera, Arzobispo Primado de México, se ha caracterizado por sus posturas homofóbicas. En “defensa” de la familia ha dicho sobre el divorcio, las uniones homosexuales, el aborto, etc; que están “convencidos que afecta no solamente a la vida de dos personas, se afecta a la misma sociedad que se va deteriorando”. Claramente una doble moral de la defensa de la familia y la “niñez” para la institución que, en México tiene acusaciones de abuso sexual sobre 100 niños desde 2006.
