Editorial. La vivienda, la ciudad y la furia

Después de la enorme repercusión que tuvo la lucha de Guernica, la problemática de la ocupación de tierras como forma (desesperada) de conseguir un lugar para vivir, no concluyó.

Guernica fue una de las consecuencias tempranas de un tipo de gestión de la pandemia, de su impacto económico, en un país con décadas de arrastre de problemas estructurales. En este terreno, todos los gobiernos tienen su parte de responsabilidad.

Haciendo un recorrido por las notas de la izquierda diario, se ve que lo extendido del fenómeno: la containera en el barrio mugica (ex villa 31) en la ciudad mas rica del país, en La Ribera en Lomas de Zamora, en Rafael castillo, Capitán Bermúdez, Don Bosco, Reconquista, Libertador general San Martin, El Trebol en Neuquén, Melchor Romero, Lanús, la lista sigue

Solo en el gran La Plata, rodeando la capital de la provincia de Buenos Aires 200 mil personas viven en unos 260 asentamientos según un informe de la UCALP.

¿Pero cuánta gente hay en Argentina que vive en terrenos o viviendas tomadas en Argentina?

Cómo difundimos hoy en La Izquierda Diario el número supera los tres millones de personas.

El cinismo del tratamiento del problema por los gobiernos y los medios cuando hay una ocupación es tan alevoso, que reducen el problema a cada caso, ponen la lupa en ese momento y después se olvidan de ese porcentaje altísimo. Hoy la ocupación de terrenos o la toma de viviendas, es parte de la vida de la clase trabajadora en nuestro país.

Hay una relación muy directa, un cruce entre entre precariedad laboral y habitacional: además de la desocupación, en las tomas se ven a laburantes informales, changarines, feriantes, trabajadoras domésticas. Son los que no pudieron pagar más el alquiler o ya estaban en situación de calle.

El otro dato que duele cuando lo vemos repetirse es el de las mujeres que huyen de la violencia de género junto a sus hijas e hijos en los brazos.

El problema de la vivienda aparece como un emergente crítico de la condición de un sector de la clase trabajadora, pero que incluye muchas capas de precarización de la vida. Son condiciones que se desarrollan sobre la enorme desigualdad social, que la pandemia potenció y multiplicó.

Si la ocupación es la acción desesperada de familias trabajadoras, la reacción del Estado y los gobiernos se define por los desalojos. Solo si la organización y decisión de los vecinos y la fuerza que reúne el reclamo se los impone, abren algún tipo de negociación. En el caso de la provincia de Buenos Aires, Rambo Berni y el Cuervo Larroque fueron dos piezas claves.

El primero además de encabezar la represión acusó a la izquierda de venir “armados” y “pertrechados con gases lacrimógenos”. Larroque, quien es ministro de Desarrollo de la Comunidad en la Provincia, dijo que Berni es una persona que “lo que dice lo cumple, que es muy eficaz en su tarea”. No era la primera vez que estaba involucrado en desalojos.

No es una excepción, no fueron solo las intransigentes mujeres y los pibes decididos de la primera línea de Guernica. Es parte del panorama de la Argentina del año 2021. Es el mismo país que genera ganancias extraordinarias para el Agropower y el campo, y que destina millones de dólares para los acreedores.

La respuesta oficial y estatal a este problema no se puede tomar siquiera cómo un intento serio de resolverlo. Le va mejor la definición de actos de campaña: la imagen de la familia joven a los que el funcionario le entrega una llave con una sonrisa porque van a cumplir el “sueño” de la casa propia.

En esa tónica por ejemplo fue el anuncio del Gobierno en abril de este año donde anunció créditos hipotecarios para 85.000 personas.

En 2020 la categoría recibió la menor cantidad de recursos de al menos la última década, un 0,11 % del PBI. En el Presupuesto 2021 tampoco es una prioridad la vivienda,lo adjudicado para ese fin en el 2021 asciende a 0,34% del PBI y apenas representa poco más que la mitad de lo invertido en 2015 (último año de la presidencia de Cristina Kirchner), y hoy con un poder de compra 4 veces menor.

Son números que se quedan muy cortos. El déficit habitacional en Argentina tiene una dimensión cuantitativa y una cualitativa.

La dimensión cuantitativa habla de la faltante de viviendas en función de la cantidad de hogares que hay en argentina: comprende a 1,3 millones de viviendas faltantes. La dimensión cualitativa se refiere a viviendas que no proveen a quien la habita las condiciones mínimas para mantener un nivel de vida digno y alcanza a 2, 2 millones de viviendas. En total es un déficit habitacional de 3,5 millones de viviendas, todo según el Censo Nacional de 2010.

Un dato para no naturalizar: Según el INDEC, en los primeros meses de 2019, el 34 % de las viviendas del país eran inadecuadas por carencia de conexión a infraestructura pública o por las características de la construcción. En la Provincia de Buenos Aires, la situación es más grave: el 46 % de las viviendas son inadecuadas.

Detrás de los números del déficit, aparece el entramado complejo que une a Estado, Gobierno y privados. El diseño de políticas pone una vez mas el énfasis en la ganancia de sectores concentrados. Por eso vemos que se construyen esas megatorres en las grandes ciudades, o se destinan terrenos enormes, incluso se reservan para countries.

Es en ese marco que los pocos miles de créditos hipotecarios que impulsa el gobierno quedan desdibujados.

Solo algunos números, según un comunicado que circuló el año pasado firmado por más de 130 organizaciones sociales: Solo en la provincia de Buenos Aires cerca de 500 barrios privados se construyeron sin permiso.

El estado en este caso deja hacer, y no pone el grito en el cielo por la propiedad privada o de la tierra.

Nos queda corto el espacio para desarrollar otro aspecto ligado a la propiedad de la tierra en la patagonia, la apropiación y la expulsión de las comunidades, de pequeños productores productores y pueblos originarios para el desarrollo de agronegocios o simplemente para el descanso del multimillonario Joe Lewis o la familia Benetton. Es parte del mismo problema.

Preguntas ante el déficit habitacional ¿El problema es estructural porque no hay espacio? ¿o porque no hay construcciones?

Ligado a este aspecto, Cristian Cola, arquitecto, plantea que por eso es necesario hacer un inventario nacional de vivienda ociosa, identificando las que corresponden a los multimillonarios grupos empresarios inmobiliarios o desarrolladoras y obligarlos a ceder al Estado las propiedades en esa condición.

También plantea que al resto de las viviendas sin ocupar es necesario aplicar un impuesto progresivo a la vivienda ociosa que vaya a un Fondo para la integración socio urbana de asentamientos precarios y villas. Con el mismo criterio se debería tratar las grandes propiedades baldías localizadas en zonas urbanas.

Guernica entre otras cosas mostró que ninguna salida de fondo va a venir desde arriba.

Que el apoyo a las luchas que ponen en cuestión el tema de la vivienda es imprescindible y que a la vez hay que poner en debate medidas urgentes como la prohibición de los desalojos mientras el déficit habitacional se cuente por millones, mientras seguimos discutiendo las salidas de fondo, que permitan conquista el derecho a la vivienda y a vivir la ciudad para quienes la trabajan todos los días.