La Casa Rosada denunció ante la Fiscalía Federal de Bariloche a todos los participantes del chat de Telegram que se difundió tras una operación de espionaje ilegal. En principio el Frente de Todos busca saber quién financió el viaje y la estadía de un grupo de funcionarios en el predio del amigo de Macri, Joe Lewis. Se sospecha que fue el grupo conducido por Héctor Magnetto.
Miércoles 7 de diciembre de 2022 11:46
Este miércoles, a través de un comunicado difundido por la vocera presidencial Gabriela Cerruti, el Gobierno nacional informó que “por instrucción del Presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento”.
Vale decir que, a partir de una denuncia de un particular, la fiscal federal de Bariloche María Etchepare ya solicitó la imputación de quienes ahora son denunciados por la Casa Rosada.
La denuncia busca determinar si un grupo de funcionarios judiciales incurrieron en los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “admisión de dádivas”, en función de que habrían sido beneficiados con un viaje y estadía en un lujoso predio de la Patagonia, propiedad del empresario británico Joe Lewis, amigo del expresidente Mauricio Macri. Viaje y estadía que habrían financiado jerarcas del Grupo Clarín y laderos de Lewis, a quienes se acusa de “ofrecimiento de dádivas”.
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La información sobre la que el Gobierno basa su denuncia se extrajo de mensajes escritos y audios de un grupo de Telegram. En rigor, fue obtenida a través de una operación de espionaje ilegal, donde supuestos “hackers” habrían accedido al teléfono del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. Según informaron medios oficialistas, esos piratas tecnológicos habrían vendido esa información a quien quisiera pagarla. De existir realmente esos “hackers”, se deduce que el propio Gobierno pagó para acceder al chat en cuestión, ya que gran parte de ese contenido fue difundido por streaming por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras conocer su condena en la causa Vialidad.
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Los denunciados son los jueces Julián Ercolini (titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10), Carlos Mahiques (de la Cámara Federal de Casación Penal), Pablo Yadarola (Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2) y Pablo Cayssials (Juzgado Contencioso Administrativo Federal 9). También el fiscal General de la CABA Juan Bautista Mahiques (hijo de Carlos), el ministro porteño Marcelo D’Alessandro. A todos los acusan de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “admisión de dádivas”.
En tanto que por “ofrecimiento de dádivas” fueron denunciados Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín, Pablo Casey (sobrino de Héctor Magnetto), director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo, Nicolás Van Ditmar, administrador de Lago Escondido, Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos de la ex SIDE, y Tomás Reinke, publicista “especializado en publicidad digital y política”.
En el comunicado oficial difundido por Cerruti, se afirma que “los hechos a ser investigados tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido”. Una vez aterrizados, “a la comitiva se habrían sumado” Rendo y Casey, “entre otras personas aún no identificadas”.
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“Según la información que tomó estado público”, dice el comunicado sobre el chat espiado ilegalmente, “la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido”.
En ese sentido, “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos (...) no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
El Gobierno pide como “medidas de prueba” a la Fiscalía Federal de Bariloche, entre otras cosas, que secuestre “los aparatos de telefonía celular de todos los implicados”. Y a la vez solicita que el Estado (el Poder Ejecutivo) sea aceptado como “parte querellante”, para lo cual delega en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos las acciones pertinentes.
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