Facundo Aguirre @facuaguirre1917
Martes 10 de marzo de 2015
La causa Nisman, amén de sus consecuencias políticas, tiene sus ribetes policiales. Mientras el gobierno cruza a la jueza Sandra Arroyo Salgado, este lunes 9 fue allanada la vivienda de Diego Lagomarsino en Martínez, en Monseñor Larumbe al 3.500 en busca de datos informáticos. El procedimiento solicitado por la jueza Fernanda Palmaghini, busca establecer si Lagomarsino pudo haberse conectado a la computadora del fiscal Nisman desde un usuario remoto, el domingo 18 de enero, cuando se encontró el cuerpo sin vida del magistrado. Hombres del área de Delitos Informáticos de la Policía Metropolitana secuestraron notebooks, pendrives y consolas de juego para realizar un peritaje de computadoras. La fiscal Viviana Fein habría sido notificada del allanamiento cuando éste ya se estaba realizando.
El allanamiento se realizó a pedido de la querella de Arroyo Salgado, quien en su presentación de la semana pasada sobre las pericias, establecieron que la muerte del fiscal se sucedió entre la tarde y noche del sábado 17 de enero. Según el testimonio del propio Lagomarsino en esa franja horaria, él le habría entregado personalmente a Nisman el arma con la que se efectuaron los disparos que terminaron con su vida.
El abogado de Lagomarsino, Marcelo Rusconi, pidió que se continuaran los peritajes en las computadoras de Alberto Nisman ya que, según establecieron, el fiscal se habría conectado a ediciones matutinas de los diarios y a su correo electrónico a las 8 de la mañana del domingo 18. Los peritajes a los equipos informáticos habían sido suspendidos por pedido de Arroyo Salgado para proteger la privacidad.
Mientras tanto el gobierno volvió a pegar contra las pericias del equipo encabezado por Osvaldo Raffo, los peritos de parte de la querella de Arroyo Salgado. El Jefe de Gabinete Aníbal Fernández sostuvo que: "Acá no hay dos pericias: hay una sola realizada a pedido de la fiscal Fein, que hizo un equipo con enorme prestigio y lo otra es un informe hecho por profesionales con algún reconocimiento". El funcionario de bigotes tupidos puntualizó que "no tiene ni pie ni cabeza" que Arroyo Salgado "no haya permitido hacer las pericias sobre los teléfonos y computadoras" por una cuestión de privacidad.
Detrás de todos estos movimientos en la investigación juega la interna del partido judicial y los servicios de inteligencia. Arroyo Salgado es una persona íntimamente vinculada a Stiusso, y según se dice, fue “el Ingeniero” quien sugirió su nombre a Néstor Kirchner quien la nombró aún rompiendo su acuerdo con el intendente Gustavo Posse a quien había prometido ocupar el cargo con su gente. En el gobierno sospechan que la maniobra de Arroyo Salgado apunta a conseguir la carátula de homicidio en la causa Nisman para que la misma sea llevada al fuero federal, donde el ex hombre de inteligencia aún pisa fuerte. Creen, además, que se niega a la continuación del peritaje informático porque podría develar secretos de la relación entre Stiuso, el fiscal y la acusación contra el gobierno que el juez Rafecas dio por inválida. Dentro de la hipótesis del equipo de Raffo, la única que podría ser favorable al discurso del kirchnerismo, es que se establece en el lugar y hora del deceso a Diego Lagomarsino, el experto informático que trabajaba para Nisman por un salario de 40 mil pesos y gastos de tarjeta de crédito de 70 mil sin que se presentara a cumplir horario en su oficina. El informático fue quien, como se sabe, entregó el arma con que supuestamente el fiscal se habría suicidado (dicho sea de paso, según los expertos, la pistola calibre 22 no es un arma defensiva para el cuidado personal, que fue el argumento de Nisman para pedirla prestada, sino ofensiva: su finalidad es matar. Un calibre que durante muchos años -con la Beretta 22- fue arma oficial de la Mossad). Es posible que las tramas sobre Lagomarsino respondan al hecho que en el juego de ajedrez sangriento de una guerra de inteligencia, algún peón sea sacrificado para proteger al rey.
Llama la atención que Marcelo Rusconi sea el abogado que eligió Lagomarsino, y surge la pregunta de cómo puede costearlo siendo uno de los letrados más caros de la Argentina, y entre otras personalidades, supo ser defensor de Carlos Menem.
Recordemos que Marcelo Saín señaló a Lagomarsino como un hombre de la ex SIDE que le ofreció información contra una supuesta red de narcos en sus tiempos a la cabeza de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria).
El kirchnerismo, por su parte, había conseguido expurgarse del asunto y dejar sin sustento las sospechas en su contra a partir del fallo Rafecas. Sin embargo, la afirmación de Arroyo Salgado y la interpretación del peritaje de Osvaldo Raffo (el mismo que en tiempos de dictadura negó que habían sido fusilados los dirigentes montoneros Cambiasso y Pereyra Rossi) que señala la existencia de un homicidio, le impide al gobierno superar la crisis abierta con la muerte del fiscal y las sospechas que las usinas de inteligencia enfrentadas, y de los servicios imperialistas, quieren sembrar sobre una supuesta complicidad con el crimen. Arroyo Salgado es, además, una de las participantes del 18F y como tal la figura intocable parida por el dolor del "partido judicial".
Facundo Aguirre
Militante del PTS, colaborador de La Izquierda Diario. Co-autor junto a Ruth Werner de Insurgencia obrera en Argentina 1969/1976 sobre el proceso de lucha de clases y política de la clase obrera en el período setentista. Autor de numerosos artículos y polémicas sobre la revolución cubana, el guevarismo, el peronismo y otros tantos temas políticos e históricos.