OPINIÓN. Lanata recargado: otro ataque a la comunidad mapuche y la familia de Santiago

El cronista no pudo evitar la risa ni la aprobación.

Pero hay cosas que no dejan de sorprender. En su programa del domingo 29 de octubre, Jorge Lanata mostró cómo la derecha es capaz de envalentonarse nada más que con un buen resultado electoral.

Entre otros temas, Periodismo Para Todos volvió a cargar contra las comunidades mapuches que no están muy convencidas de querer vivir bajo las reglas de terratenientes como Benetton o Lewis, de la ministra Bullrich Luro Pueyrredón y los comandantes de Gendarmería.

En la semana en que se cumplen tres meses de la desaparición -y posterior muerte- de Santiago Maldonado, Lanata dedicó un programa a atacar a las víctimas. Para eso, elaboró dos teorías ridículas: por un lado, la existencia de un territorio mapuche liberado en la comarca andina de Chubut. Por otro, el estigma de la “autoridad moral de las víctimas”, lo que le permitiría a la familia Maldonado sostener sus hipótesis sólo porque sufrieron una pérdida. “El dolor no transforma a los Maldonado en jueces”, lanzó sin pudor. “Hay mucha gente que por muchos años usó los cadáveres de los demás para hacer política”, dijo después.

Este último tema merece una nota aparte, porque terminó elaborando un ataque en regla contra los organismos de derechos humanos.

Dos canalladas.

Para eso, aprovechó el abultado presupuesto que seguramente le otorga el Grupo Clarín -pauta oficial mediante- para enviar un equipo de “periodistas” que realizaron un informe sobre “la RAM”. La trama consistía en relacionar cualquier reclamo mapuche que superara lo que terratenientes y empresarios están dispuestos a ceder -un lote y algunas ovejas- con un proceso de “insurgencia mapuche”.

No nos cabe a nosotros decir qué existencia tiene hoy la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). De lo que queremos hablar es del operativo mediático para estigmatizar y convertir en victimarios a las comunidades mapuches que reclaman derechos territoriales al Estado y los terratenientes, contexto en el que desapareció Santiago.

Pocas ideas, mucha campaña

“La situación cambió, y mucho. Ya no hay la tranquilidad que había. Hay muchos actos de violencia, generados por este grupo”. Uno imagina que se va a referir al grupo de Noceti, Escola, Echazú y compañía, y la violenta represión que terminó con la desaparición y muerte de Santiago. Pero no. La dueña de una pequeña empresa se refiere a una serie de supuestos atentado que habían recibido sus instalaciones de parte de “la RAM”.

“Una de las víctimas de la RAM”, dice el videograph. Según su relato, acompañado por música de suspenso, el Poder Judicial no habría podido avanzar en la investigación (casualmente por “falta de pruebas”). “Que nadie haga nada es feo”.

Luego fue el turno de dos intendentes de excelente relación con los terratenientes extranjeros de la zona y los escuadrones de Gendarmería. El de El Bolsón, Bruno Pogliano (Somos Río Negro) denunció “hechos de violencia y desestabilización” por parte de los jóvenes mapuches, pero también "del kirchnerismo y la izquierda", en una ciudad que cuenta con escuadrones de Gendarmería, Ejército y Policía.

El de El Maitén, Oscar Currilén (FpV) no habla de Santiago, pero se refiere a la Pu Lof como “el campamento de la RAM en la estancia de Benetton”. Se sabe que Carlo Benetton es prácticamente un “ciudadano ilustre” de El Maitén y los escuadrones de Gendarmería del interior suelen alojarse en el gimnasio municipal de esa localidad. Será por eso que el informe de PPT muestra el pabellón argentino de guerra cerca de la Municipalidad. Currilén fue uno de los que pidió “liberar las rutas” a pocos días de la desaparición de Santiago y en la entrevista se jacta de detener a “vecinos” que estaban organizándose para ir en caravana hacia las comunidades para “hacer justicia por mano propia”. Sonó a advertencia.

El otro “invitado” fue el fiscal Carlos Díaz Meyer, quien contó el episodio en que integrantes de la comunidad de Vuelta del Río pidieron que los policías que acudieron por un atentado a la comunidad realicen el trámite sin armas. Díaz Meyer se siente con las manos atadas ante el accionar de “estos grupos operativos”.

Finalmente, sería el turno de otros sectores de la comunidad, que dicen compartir el reclamo pero no la modalidad “de la RAM”.

Cualquier desprevenido que miraba el programa, se encontraba ante un desfile de gente supuestamente aterrorizada, atormentada, oprimida, por una organización de alcances impresionantes. “El poder de la RAM en la Patagonia”, asegura la periodista, es capaz de pasar de Chile a Argentina “sin dejar rastros”. Quizá porque siempre vivieron allí, quizá porque desconocen la frontera estatal.

La periodista que relataba el informe iba creando, a esta altura, un clima tal que cuando uno la ve subir a un helicóptero “para recorrer la Pu Lof porque por tierra no nos han dejado”, uno temía por su vida. Podía ser víctima de un misil tierra-aire, quizás. O de las boleadoras con que los jóvenes mapuches se defienden de los ataques represivos, pero en boca de los gendarmes parecen armas de última generación y un poder de destrucción incalculable.

Pero finalmente, no pasa nada. Tampoco en el informe. La periodista gasta miles de pesos en un informe sin valor periodístico alguno, salvo terminar de dar forma a la teoría de “zona liberada”. Ésa es la teoría que retoma Lanata en su reflexión final: en Cushamen hay una zona liberada, como había en los 70; hasta ahí llega la jurisdicción de la justicia; se podría llamar Ministerio de Justicia de la Nación, con excepción de Cushamen.

Si no fuera trágico, sería gracioso.

Una “alta fuente” asegura que el “periodista” Claudio Andrade se atragantó con su cena al sentirse tan superado en su disciplina preferida.

Corriendo por derecha a Noceti y el comandante Escola

Al final del informe, uno se queda con varias certezas.

La primera, que la borrachera electoral quizá afecte las escasas capacidades periodísticas de los periodistas del Grupo Benetton. Perdón, del Grupo Clarín. Al punto de exigir una “radicalización” del poder autoritario del Estado. “Se nos está pidiendo todo el tiempo que creamos en los cambios. Esto destruye cualquier mística. Hay enemigos mucho peores. Estos son un grupo minoritario. Si no pueden con estos, con quién van a poder”. Lanata apela con fervor a la mística de Roca.

La segunda, que el “modus operandi” es calcado del utilizado por Gendarmería pocos días después de la represión y desaparición del 1° de agosto. Como consta en el expediente, por eso días baja una resolución interna de la cúpula de Gendarmería que ordena a todos los miembros de la fuerza a cambiar la palabra “mapuches” por “RAM”. ¿Habrá una resolución interna del comandante Lanata al respecto?

La tercera, la terrible tergiversación de los hechos. Lo cierto es que si hay algo que ha hecho la justicia provincial y federal es criminalizar cada reclamo de las comunidades mapuches (así como antes lo había hecho con el movimiento anti-minería). El juez Colabelli llegó al extremo de querer juzgar algunos de los reclamos aplicando la Ley Antiterrorista. Fue tan brutal que el propio juez Guido Otranto – el mismo que ordenó el despeje de la ruta 40 que terminó en la desaparición de Santiago – le dijo “es mucho colega”. El fiscal Díaz Meyer es directamente un activista antimapuche y racista, con rango judicial. Fue uno de los que encabezó la represión del 10 y 11 de enero, que terminó con jóvenes mapuches con balazos en la cara y la cara fracturada. E incluso reconoció que en esos días presenció sesiones de torturas a Ivana Huenelaf en la comisaría de El Maitén. Además es autor de la “teoría del puestero” junto al funcionario Gonzalo Cané.

Lo cierto es que la justicia de la zona, que ha avalado la apropiación de tierras por un puñado de terratenientes, ha criminalizado cada uno de los reclamos comunitarios con causas como usurpación, abigeato, artículo 194, resistencia a la autoridad y cuanta figura del Código Penal se les ocurriera. Si cabe alguna duda, recordemos el 1° de agosto de 2017.

La cuarta, la brutal operación de que en la comarca andina – la zona que comprende el noroeste de Chubut y el suroeste de Río Negro – hay una “zona liberada” a la “insurgencia mapuche”. Distinto sería reconocer el surgimiento de reclamos territoriales de comunidades originarias, que afectan intereses de algunos amigos del poder. Pero la afirmación de Lanata es una ridiculez digna del Libro Guinnes. Explicarlo sería darle algún crédito. Basta con recordar que allí están parte de las 900 mil hectáreas del Grupo Benetton, los escuadrones 35, 36 y 37 de Gendarmería, las comisarías que tienen en su fachada el logo de la Compañía de Tierras del Sud, los cuarteles fundados por el ejército del genocida Roca.

En todo caso, es una tierra liberada para los terratenientes y los que saquean el país. Una tierra liberada por los responsables de la desaparición y muerte de Santiago.