Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) junto con ONG’s se proponen controlar origen y uso de fondos para reconstrucción. ¿Los mismos empresarios a los que el afán de lucro lleva a la edificación de inmuebles inseguros y obligan a trabajadores a laborar en edificios en riesgo controlarán los fondos para reconstrucción?
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Martes 3 de octubre de 2017
Son 30 las organizaciones no gubernamentales que lanzaron la plataforma cuyo fin es dar seguimiento al origen y uso de los recursos de la reconstrucción de las regiones afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre.
En un comunicado las organizaciones impulsoras se informa “Busca sentar las bases de una reconstrucción resiliente, local, equitativa, sostenible, participativa y efectiva mediante la creación de propuestas con apego a los más altos estándares en materia de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas”.
El primer eje de #Epicentro serán seguimiento del origen y uso de los recursos, con lo que se identificará la información sobre los fondos y se integrará en una plataforma, y se “controlará” su ejercicio.
Promover que la reconstrucción se lleve a cabo con perspectiva social y de derechos humanos, género, infancia y juventud, es el segundo eje. Su objetico es “contribuir a la cohesión comunitaria y se vele por las necesidades de las distintas comunidades”.
Laborar para identificar, investigar y castigar los actos de corrupción que contribuyeron a las pérdidas de miles de ciudadanos, así como observar que se garantice la reparación del daño es el tercer eje.
Según el comunicado mencionado, “#Epicentro hará recomendaciones de política pública para evitar que las deficiencias normativas que posibilitaron estos actos, se mantengan”.
Entre las organizaciones impulsoras de la plataforma se cuentan Coparmex, Transparencia Mexicana, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Oxfam México, Habitat International Coalition, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Mexicanos Primero, Mejor Ciudad y Causa en común.
Son parte del proyecto también el IMCO, México Evalúa, Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, The Hunger Project, Impunidad Cero, Wikipolítica CDMX, Equis Justicia para las Mujeres, Save The Children, Observatorio de la Industria de la Construcción, Tecnológico de Monterrey y Gobierno Fácil.
Asimismo, se sumaron NYU GovLab, Manos a la obra (estudiantes mexicanos del MIT), Fáctico, Supercívicos, PODER, Barra Mexicana Colegio de Abogados, Appleseed, Red ProBono México y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.
¿Control de una elite o control obrero y popular?
Casos como la apropiación de despensas por parte de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, el profundo cuestionamiento a las prácticas de corrupción de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), y la amplia participación social, en especial juvenil, en las labores de rescate y ayuda desde el primer momento son los factores que impulsaron la creación de #Epicentro.
La iniciativa de que exista una fiscalización pública de los fondos de la reconstrucción es totalmente legítima. Lo que hay que debatir es qué sectores pueden realizarla en interés de las familias damnificadas y de la mayoría de la población.
Como se observa en el detalle de qué organizaciones integran la plataforma #Epicentro, se trata en su mayoría de organizaciones de académicos y profesionistas, y de un notorio agrupamiento de empresarios, la Coparmex, que ha cuestionado en distintas oportunidades escándalos de corrupción del gobierno de Peña Nieto.
Entre las empresas asociadas a Coparmex se cuentan Grupo Bimbo, Manpower, FEMSA, Grupo Modelo, Roche, ExxonMobil, Telmex, Wal-Mart, Johnson Controls, Pepsi, entre muchas otras. Se trata de trasnacionales, algunas nativas de México y muchas extranjeras, y también hay otras que operan sólo en territorio nacional.
Todas acumulan enormes ganancias gracias a la aplicación de la reforma laboral que legalizó la subcontratación y el recorte de prestaciones, también gracias a los bajos salarios que lograron imponer. Algunas de estas empresas incluso han protagonizado escándalos de corrupción, como el caso de Wal-Mart, que gracias a una “negociación” con el entonces director del Instituto de Antropología e Historia, Sergio Raúl Arroyo García, obtuvo el permiso para construir una Bodega Aurrerá en la Zona Arqueológica de Teotihuacan, lo que implicó la pérdida de patrimonio arqueológico.
Es así que en realidad la Coparmex -en tanto agrupamiento de empresarios y CEO’s cuyo único interés es el afán de lucro y edificar millonarias fortunas personales sobre la base de la explotación de las mayorías- no es en absoluto confiable para controlar los fondos de reconstrucción.
Más aún: el secreto comercial y el ocultamiento del manejo de las finanzas públicas que es parte de la “normalidad” de este sistema de explotación y la opresión, ante una tragedia como el sismo revela su carácter reaccionario en toda su magnitud.
Es necesario que las centrales sindicales y sindicatos que se reivindican democráticos, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), entre otras, y organizaciones de derechos humanos, así como políticas y sociales alineadas con la clase trabajadora y los sectores populares, con las familias damnificadas al frente, impulsen la más amplia movilización de trabajadores sindicalizados y precarios, de mujeres y jóvenes, para abolir el secretismo en el manejo discrecional de las finanzas públicas y los fondos de reconstrucción.
Junto a profesionistas solidarios con las familias damnificadas, los trabajadores y la juventud, deben abrir y fiscalizar los libros contables gubernamentales y empresariales, para determinar con qué fondos se cuentan para la reconstrucción, y poder definir cuántos recursos son necesarios para que en ninguna población, por más alejada que esté de la zona metropolitana, falten viviendas dignas, escuelas, hospitales, inmuebles y vías de comunicación seguros.
Sólo las familias damnificadas y la clase trabajadora, junto a la juventud y los sectores populares, organizados por centro de trabajo, de escuela o por colonia, pueden llevar a cabo una reconstrucción urbana y rural racional en el marco de un plan de obras públicas que satisfaga las necesidades sociales, bajo control obrero y popular, que incluya la creación de puestos de trabajo con prestaciones y salarios que cubran el costo de la canasta básica y sean ajustables por inflación.
