Universidad. Lanzan llamado a construir una juventud revolucionaria, anticapitalista, antiburocrática y antiimperialista

Según Fernanda Quirós, integrante de la corriente estudiantil Organizate, promotora de la iniciativa y presidenta de la Asociación de Estudiantes de Filosofía, "se estarán llevando a cabo diversas actividades para poner en pie esta propuesta".

Acá el llamado.

Defender la educación pública al servicio de la clase trabajadora: por una transformación radical de la universidad

Ante los ataques a la educación superior pública, dentro y fuera de la Universidad, a través de los ajustes, recortes, virtualización forzada y ataques al salario, proponemos un programa para defender la U pública y a la vez denunciamos el modelo actual imperante antidemocrático, elitista y precarizador. Nos plantamos como una juventud revolucionaria que defienda una transformación radical de la Universidad.

La nueva normalidad de la que habla el Gobierno nos trae inestabilidad, recortes y ajustes, con detrimento directo en las condiciones de vida, de estudio y de trabajo de la clase trabajadora y sus familias. El ejemplo más claro es la propuesta del rebajo del 15% a jornadas y horarios del sector público, al mismo tiempo que no le cobran ni un centavo a los millonarios. Otro ejemplo es el desempleo, que es del 24%, afectando más a las mujeres y la juventud. Procuran seguir pagando la deuda externa con el salario que le quitan a los sectores medios bajos y empobreciendo a los sectores más vulnerables.

Recientemente la Comisión Legislativa que analiza el FEES aprobó un informe en el cual se priorizan las finanzas públicas antes que la autonomía universitaria dando paso a que la Asamblea Legislativa pueda reducir el presupuesto universitario, contrario a lo establecido por la Reforma de Córdoba. Este informe propone la autofinanciación de las universidades públicas, a través de la venta de servicios. Este golpe desde la Comisión Legislativa, además es ideológico, pues busca atacar la producción de conocimiento y la crítica dentro de la sociedad, demagógicamente atacando a la izquierda del país.

Es claro que la Comisión Legislativa busca orientar la educación superior hacia la privatización y el desmantelamiento. Sin embargo, no es la primera orientación privatizadora que la Universidad recibe. Desde hace más de una década, las empresas capitalistas, los gobiernos tradicionales y los entes imperialistas, con ayuda de las rectorías, vienen presionando y materializando políticas para que las universidades públicas en América Latina y el Caribe, dejen atrás el llamado modelo latinoamericano que sostiene a las universidades para las masas. La universidad, entonces, empezó a perfilarse como centros de garantía para las necesidades de la clase dominante, para satisfacer las necesidades técnicas y de mano de obra para el sostén del capitalismo. Hay injerencia de las grandes empresas capitalistas e imperialistas dentro de las universidades, como, por ejemplo, en la Sede del Caribe, donde hay injerencia directa de la transnacional holandesa APM Terminals. Otro ejemplo es la injerencia de la marca Colgate en la carrera de Odontología, o la inclusión disfrazada del “emprendedurismo” y de la autofinanciación en todas las mallas curriculares de la universidad, con lo cual se promueve la competencia y el individualismo de la comunidad estudiantil, para enriquecer a las grandes empresas.

Ante esta orientación, el préstamo en 2009-2010 con el Banco Mundial, significó que esta entidad dicte la manera en la cual se invierte el presupuesto universitario, cuyo pilar sería la competitividad y la venta de servicios. Esta orientación daba un vuelco a las universidades públicas, al servicio de los empresarios y el gran capital, además de la inclusión de categorías como “excelencia” y “calidad” en la universidad, como si se tratara de una empresa, llevando consigo la precarización laboral de docentes, pues sirven como herramienta para mantener una pequeña casta universitaria, a la vez que existen miles de trabajadores y trabajadoras precarizadas, a los cuales no se les proporcionan las condiciones necesarias para garantizar sus carreras docentes.

Por otro lado, el Gobierno del PAC, con la complicidad de la Administración universitaria, ha continuado la orientación privatizadora y desmanteladora hacia las universidades públicas. Antes de la pandemia, el Gobierno del PAC ya había realizado recortes a la educación, misma que obtuvo como respuesta una rebelión estudiantil. La imposición de la política fiscal del FMI y alianzas con entes internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, han orientado las políticas de ajuste, sometiendo la educación del país a las orientaciones de agentes imperialistas cuyo objetivo es la completa sumisión de Costa Rica al mercado mundial de los grandes monopolios, donde no haya pensamiento crítico y donde las Humanidades sean posibles exclusivamente para los ricos. También acá han actuado como socios menores los grupos capitalistas nacionales y los partidos políticos de la derecha, como Liberación Nacional, el PUSC o la derecha religiosa. Y ni qué decir de los medios de prensa como La Nación.

Frente a la pandemia, frente al sometimiento a los organismos financieros internacionales y frente a la virtualización forzosa, tanto la Rectoría de Jensen como la de Araya así como la FEUCR dirigida en su momento por Progre y actualmente por Alternativa, no han hecho más que administrar el ajuste y buscar soluciones enfocadas en “hacer mejor” los recortes, a través de continuar reproduciendo las medidas elitistas, excluyentes y antidemocráticas de la Administración, mientras miles de estudiantes se ven obligados y obligadas a salir de la U, y miles de trabajadores y trabajadoras de la Universidad ven en peligro sus salarios, sus trabajos y carreras de años.

La Universidad de Costa Rica mantiene un modelo universitario elitista, corporativo y antidemocrático

La Universidad ha venido desarrollándose sobre la base de un modelo elitista, excluyente, corporativo y antidemocrático, que prioriza los intereses de entes imperialistas, antes que los intereses de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud.

El ejemplo más reciente de este modelo fue la virtualización forzada del semestre, lo cual puso al desnudo la concepción elitista y excluyente que las autoridades universitarias nos recetan, al dejar por fuera a miles de estudiantes que no podían virtualizar sus cursos. Esto demuestra que la Administración concibe que las y los estudiantes cuentan con los suficientes recursos tecnológicos y materiales para virtualizar sus cursos sin problemas, sin importar que “unos cuantos” queden por fuera. La realidad es que esta medida elitista llevó a que más de 6 mil estudiantes renunciaran a más de 8 mil cupos y a que la Administración hiciera caso omiso a las limitaciones pedagógicas, emocionales o económicas de sus estudiantes.

Para las y los docentes en interinazgo la virtualidad continuó reproduciendo la precarización laboral y el trabajo invisibilizado. Este sector representa entre un 66-74% de las y los profesores de la Universidad, y pese a representar este gran porcentaje, no cuenta con contratos, lo cual genera inestabilidad laboral y económica y no tienen voz ni voto dentro de la institución, salvo en dos asambleas de escuela. Además, sus salarios son substancialmente más bajos a los del resto de docentes. Es increíble que no se pueda corroborar el dato la cantidad de docentes en interinazgo simplemente porque la propia administración no libera esos datos.

Por otro lado, la concepción elitista de la Universidad se refleja en las Pruebas de Aptitud Académica (PAA), más conocidas como examen de admisión para ingresar a las universidades públicas. Esta medida elitista deja por fuera a muchos y muchas estudiantes que provienen de clase trabajadora.

La exclusión de estudiantes de clase trabajadora a las universidades públicas puede incrementarse en medio de la pandemia, pues los colegios han implementado la modalidad virtual, con lo que existe la posibilidad de que la calidad de las lecciones, el aprendizaje que reciben sus estudiantes o las lecciones mismas, disminuyan.

Además, producto de la crisis económica actual disminuyen también las posibilidades de costear, por parte de familias de clase trabajadora, lecciones o cursos para la preparación del examen de admisión.

La Universidad también es antidemocrática. Solamente una casta toma las decisiones políticas y administrativas que conciernen a toda la comunidad universitaria. El cargo de Rectoría es elegido por una minoría, conformada por la Asamblea Plesbicitaria, constituida por alrededor de 2 500 personas. De esta elección quedan por fuera las y los docentes en condición de interinazgo y la enorme mayoría del sector estudiantil, pues votan menos de 500 estudiantes de los cerca de 40 000 con que cuenta la Universidad. Incluso la reciente elección del rector interino, fue más antidemocrática que de costumbre, pues Carlos Araya fue electo por solo 12 personas, representantes del Consejo Universitario.

Al modelo universitario elitista, excluyente, corporativo y antidemocrático, se le suma el hecho de que la Universidad mantiene casos de acoso sexual en la impunidad y las respuestas burocráticas que nos ofrecen como solución no son suficientes. La casta universitaria mantiene un régimen de complicidad hacia la violencia patriarcal en el campus. No se puede confiar en que una Administración para quien la violencia patriarcal es natural, como lo expresó el ex rector Jensen, vaya a solucionar la violencia patriarcal en la Universidad. En su lugar, es necesario que, como mujeres estudiantes y trabajadoras, confiemos en nuestras propias fuerzas y métodos de lucha para acabar con la violencia patriarcal en el campus.

Estudiar en tiempos de pandemia

La virtualidad forzada dejó por fuera a miles de estudiantes a quienes no les quedó otra opción más que renunciar a sus cursos, ya que la capacidad de llevar cursos virtuales no se limita a tener internet y una computadora. Se invisibilizaron situaciones de violencia, el redoble de las labores de cuido, el ingreso al ámbito laboral en medio de la crisis sanitaria y económica, o simplemente la incapacidad de tener un ambiente propicio para el estudio. El mejor ejemplo de la virtualización forzada ha sido el desalojo repentino de Residencias Estudiantiles.

Por otro lado, los montos de las becas nunca alcanzan, lo cual ha quedado en evidencia en medio de la crisis actual. Frente a la virtualidad de nuestras clases, continuamos en la disyuntiva entre pagar internet o comprar comida.

Si ya las becas no contemplaban los costos reales de la vida universitaria, esta situación se agrava más con la decisión de la OBAS, a través de la CIRCULAR ViVE-14-2020, del 8 de julio. Esta circular esclarece que el monto por gastos de carrera se otorgará según la carga académica, el monto de alimentación se asignará de acuerdo al horario lectivo, y el monto se asignará solamente en caso de tener lecciones presenciales. Para quienes necesiten reubicación geográfica, la Administración no pone más que trabas burocráticas, al solicitar más pruebas que demuestren el alquiler. Con esto, lo que buscan es recortar este beneficio, reduciendo la cantidad de personas a las que se les brinda.

En medio de un semestre que es virtual, es claro que, para la mayor parte de estudiantes, estos montos no serán asignados. Las Residencias Estudiantiles y el monto para gastos personales quedan suspendidos temporalmente.

Este panorama deja a la población becada en un grave problema, pues nuestra beca se verá reducida considerablemente. En tiempos de pandemia, en los cuales las rebajas salariales y despidos en nuestros hogares están a la orden del día, la beca es una ayuda económica para nuestras familias. Además, las limitaciones que trae la virtualidad, impiden que todos y todas podamos llevar una carga académica completa.

La lógica discursiva de la Rectoría sobre becas es terrible. Ya han dicho públicamente que no aplicarán aumento salarial para destinar recursos a becas. Es decir, su solución pasa por escoger entre las becas de estudiantes o el salario, pero ni un solo colón de los 4 400 millones que ganan al mes 109 autoridades universitarias es tocado. Rectoría refleja la misma política del gobierno de Carlos Alvarado.

Defender la educación, pero no el modelo actual

La defensa de la Universidad frente a estos ataques y esta orientación privatizadora y desmanteladora, es necesaria. Sin embargo, la defensa de la educación y de la autonomía, no puede darse en abstracto.

No podemos defender el modelo universitario actual, que se sustenta sobre la base de las desigualdades, en detrimento de miles de estudiantes y miles de docentes precarizados de la Universidad y el sector tercerizado en operarios. No defendemos un modelo corporativo, antidemocrático, elitista y excluyente.

Tampoco defendemos la autonomía universitaria que nos receta la Administración actualmente, en la cual, lejos de decidir la mayoría estudiantil y trabajadora, decide una casta universitaria, en beneficio de agentes imperialistas y de la burguesía nacional.

Al contrario, la defensa frente a los ataques, debe abrir el camino a la discusión sobre la necesidad de una transformación radical de la universidad al servicio de la juventud, la clase trabajadora, las mujeres y sectores populares. Esta discusión debe darse, en primer lugar, en conjunto estudiantes, docentes y trabajadores y trabajadoras. Invitamos al sector interino a que se organice y se prepare para dar la pelea, junto con las y los estudiantes, para garantizar una Universidad libre de desigualdades y discriminaciones.

Nuestra propuesta es rechazar los ataques, redistribuir el presupuesto y que haya un gobierno universitario de estudiantes, docentes y trabajadores, con mayoría estudiantil.

Para acabar con las condiciones paupérrimas de estudio y trabajo, hay que transformar desde la raíz el modelo actual universitario.

Para romper con el orden establecido y darle vuelta al modelo universitario actual, proponemos la transformación radical de la Universidad al servicio de la clase trabajadora y las comunidades, que abra paso a la creatividad, la criticidad, el acceso a la cultura y que permita apostar por una innovación de toda la universidad.

De la mano con la pelea por la exigencia de mayor presupuesto universitario y de la mano con el no pago del préstamo por 200 millones de colones al Banco Mundial se debe garantizar una redistribución del presupuesto universitario. Este préstamo debe pagarse hasta el 2042, lo cual significa pagarle a este ente más de 4 millones de dólares cada semestre, sumado a los impuestos que en total suman más de 179 millones de dólares.

Es claro que el presupuesto universitario actual es insuficiente y que se destina a los bolsillos de la casta universitaria. Es necesario que sean estudiantes, docentes y trabajadores y trabajadoras, quienes tengan control político del presupuesto universitario, cuya cifra aumente, para que, en lugar de destinarse a los salarios de las autoridades universitarias, o a deudas con entes internacionales, este sea destinado a solventar problemas del sector estudiantil, interino y tercerizado. En lugar de pagar cada semestre más de 4 millones de dólares a agentes imperialistas, ese dinero debe destinarse a otorgar becas que cubran los costos reales que implica la vida universitaria, garantizando así la continuidad en el estudio, con montos que tomen en cuenta cuánto cuesta alquilar, comer, estudiar en la universidad, y que realmente la beca sea concebida como un derecho, no un privilegio.
No hay nada de autonomía en continuar pagando una deuda que es ilegítima, impagable y que se hace en detrimento de nuestras condiciones de estudio y trabajo.

La redistribución del presupuesto debe abrir paso para acabar con la precarización y tercerización que mantiene la universidad. Deben garantizarse plazas al sector interino, así como mejores salarios y estabilidad laboral y económica. Esta medida aseguraría no solo mejorar las condiciones de trabajo del sector interino, sino también la apertura de más cursos y cupos, lo cual ayudaría a que la población estudiantil no se quede rezagada por falta de cupos y a recibir más estudiantes.

La redistribución del presupuesto también permitiría acabar con la precarización de funcionarias y funcionarios interinos, así como la contratación de más personal en áreas como Salud y CASE, y acabar con las largas listas de espera que afectan a estudiantes y trabajadores. De esta manera, la universidad podría ofrecer atención médica gratuita y de calidad a toda la comunidad universitaria, incluso a las comunidades, garantizando medicamentos y anticonceptivos gratuitos para la población que lo requiera, así como servicios en psicología, psiquiatría y odontología de forma gratuita.

Esta redistribución debe tomar en cuenta la creación de infraestructura de calidad, para garantizar buenas condiciones materiales de estudio y trabajo. La infraestructura debe contemplar las necesidades del sector estudiantil y trabajadores, por lo que los edificios deben ser de quienes les dan uso, no de entes como el Banco Mundial. Y no solo en infraestructura, sino también en investigación y desarrollo tecnológico que ayuden a resolver graves problemas sociales, como por ejemplo con el suero para combatir el Covid-19 que recientemente ha sido desarrollado.

Por otro lado, como parte de las condiciones materiales que se requieren para estudiar, se debe destinar presupuesto para la compra de materiales y útiles que estudiantes de todas las carreras necesiten. Como, por ejemplo, en el caso de estudiantes de Artes, Ingeniería y Salud, quienes deben realizar compras de materiales y equipo tecnológico diverso, pero no todos y todas las estudiantes tienen la posibilidad de hacerlo.

También es necesario garantizar un modelo democrático, es necesario que exista voto universal para acabar con la casta que maneja la Universidad a su conveniencia, eligiendo entre ellos mismos quién será el rector. El voto universal permitiría que seamos estudiantes, docentes y trabajadores quienes decidamos el rumbo político de la Universidad y tomemos las decisiones políticas que conciernen a la comunidad universitaria. En todo caso, somos estudiantes, docentes y trabajadores quienes ponemos a andar la Universidad, por lo que proponemos que cualquier miembro de la comunidad universitaria pueda postularse a la Rectoría.

La Universidad debe regirse bajo un gobierno de docentes, trabajadores y mayoría estudiantil, donde exista plena autodeterminación política por parte de estudiantes y sector trabajador y que las decisiones de la comunidad universitaria se tomen en Asambleas.

Es necesaria una transformación radical de la Universidad. Ante los problemas estructurales que la institución genera con su modelo actual, la solución debe permitir acabar de raíz con todos los problemas. La refundación del movimiento estudiantil que plantea Organizate, junto con la construcción de una juventud revolucionaria que pelee con las y los trabajadores, debe ir de la mano con la transformación radical de la Universidad.

Los conocimientos académicos que se produzcan dentro de la Universidad, así como todos los recursos materiales e intelectuales con los que cuenta, deben estar al servicio de la clase trabajadora, los sectores populares y la juventud. Incluso esta transformación de la Universidad debe abrir paso a cuestionarse qué tipo de sociedad queremos, justamente para, a lo externo de la Universidad, acabar también con el sistema que antepone los intereses de una pequeña minoría antes que nuestra vida y nuestra salud.

Para la transformación radical de la Universidad, es necesario que los programas académicos y los planes de estudio rompan con una educación imperialista, cuyas políticas incentiven generarle ganancias a los empresarios y el gran capital. En su lugar, la educación debe incentivar el pensamiento crítico, el cuestionamiento. Se debe dar paso a la autodeterminación de las y los estudiantes, que sean participantes activos y activas de su proceso de enseñanza-aprendizaje y que puedan brindar en los hechos, sus aportes, sus propuestas y sus conocimientos a la sociedad. Las y los estudiantes avanzados, en conjunto con docentes y trabajadores, pueden elaborar materiales y propuestas tanto para las comunidades, como para la comunidad universitaria. El conocimiento que se genera dentro de las aulas debe servir para aportar a las condiciones de vida de la clase trabajadora y todo el pueblo pobre.

Esto se hace más que urgente en medio de la pandemia. La Universidad debe poner al servicio de la clase trabajadora todos sus recursos materiales e intelectuales para mitigar la crisis y que no sea la clase trabajadora quien pague las consecuencias de una crisis que no generó. Ya se ha demostrado que la Universidad tiene la capacidad, hay ejemplos de la Escuela de Física, Microbiología y Medicina, en los cuales estudiantes y docentes utilizan su conocimiento para ponerlo a disposición de enfrentar la crisis. Más ejemplos de ello pueden ser posibles, si se rompe con la educación de corte imperialista que privilegia a los empresarios y el gran capital.
Es necesario que la clase trabajadora y sus familias puedan acceder a la cultura y que esta no sea solo para unos pocos. La Universidad tiene la posibilidad de generar para todos y todas más espacios y más acceso al conocimiento y a la cultura. Es necesario que todas las universidades en el país sean públicas y gratuitas y que exista ingreso irrestricto a las carreras universitarias, donde se incentive la libertad de cátedra, la autodeterminación de estudiantes y la educación crítica, Por lo anterior estamos por la eliminación del examen de admisión.

Para enfrentar la pandemia y los ataques del Gobierno, la Asamblea Legislativa y la Rectoría, llamamos a la construcción de Comités en defensa de la educación, conformados por estudiantes, docentes y trabajadores para que, como un solo puño peleemos contra los ataques y en defensa de la educación, sí, pero una educación y una Universidad en función de la clase trabajadora, la juventud y las mujeres. Debemos ser independiente de quienes negocian a nuestras espaldas. Necesitamos aprovechar todos los espacios virtuales con los que podamos contar, para organizarnos, como por ejemplo asambleas virtuales por Facultades. Que sean estudiantes, docentes y trabajadores de manera democrática quienes decidan el rumbo político de la Universidad. En ese sentido para enfrentar la violencia patriarcal, proponemos comisiones de mujeres.

Les abajo firmantes, hacemos un llamado a la organización y a un trabajo serio para defender la universidad pública, pero cambiando el actual modelo corporativista, elitista y antidemocrático. Llamamos a organizarnos para conquistar el voto universal para toda la comunidad universitaria, a organizarnos para conquistar la estabilidad laboral, por una universidad sin acoso sexual, sin castas burocráticas que controlan todo y tienen ingresos millonarios a costa de la precarización de la inmensa mayoría. La Universidad puede ser una luz crítica para todo el país.

Luchamos porque así sea.

Por un gobierno universitario de estudiantes, docentes y trabajadores con mayoría estudiantil.

Voto universal ya para toda la comunidad universitaria. No más antidemocracia en la Universidad. Elección bajo voto universal de la rectoría ya.

Por la eliminación del examen de admisión.

Por el no pago del préstamo al Banco Mundial y redistribuir esos recursos en función de los intereses e inquietudes de docentes, estudiantes y trabajadores.

Llamamos a construir comités en defensa de la universidad pública.

Por una juventud revolucionaria, anticapitalista, antiburocrática y antiimperialista.

Por una completa transformación radical de la universidad.

1. Fernanda Quirós Moya. B15209. Filosofía y Enseñanza de la Filosofía
2. Stephanie Macluf Vargas. A83592. Psicología.
3. Meilyn Murillo Ulloa. B85544. Enseñanza del castellano y literatura, Sede de Occidente.
4. Sofía Delgado Redondo. C02594. Ciencias Políticas.
5. José Daniel Díaz Moya. B32287. Sociología.
6. Gustavo Molina. B94918. Trabajo Social.
7. David Monge Navarro. B44393. Diseño Gráfico.
8. Pablo Jiménez Fuentes. B63615. Antropología.
9. Allan Rojas Molina. B86933. Ingeniería Química.
10. Alejandra Solano Matarrita. B77424. Filología Clásica.
11. María de los Ángeles Ulate Jarquín. C07908. Ingeniería Eléctrica.
12. Nissa Varela Sandoval. B88162. Enseñanza del Inglés, Sede de Occidente.
13. Ernesto Arévalo Rodríguez. B70611. Ciencias Políticas.
14. Mariann Flores Mora. B98978 Filología Clásica.
15. Mónica Gallardo Villalta. B73064. Francés y Filología Clásica.
16. Valeria Picado Mora. B86035. Primaria con Concentración en Inglés. Sede Occidente.
17. Andrés Venegas Villegas. 983897. Filosofía.
18. Kembly Pérez Herrera. C05905. Contaduría Pública.
19. Monserrat Chavez Quijano.C02226. Ciencias Políticas.
20. Guillermo Oro Gutierrez. B35017. Filosofía.
21. Ian Caleb Rojas Trejos. B66294. Inglés.
22. Ricardo Herrera Luna. B43366. Filosofía.
23. Greddy Alejandro Granados Castrillo. B53167. Ciencias Políticas.
24. Rosibel Chacón Bonilla, carné B61835. Sociología y enseñanza del castellano y la literatura. Recinto de Paraíso.