AUTOPISTAS PORTEÑAS. "Larreta nos deja un nuevo tarifazo navideño como regalo para AUSA"

Luego de que fuera votada la ley que permite el aumento del 55% en el peaje porteño, beneficiando a la empresa AUSA, este 23 de diciembre se realizó la audiencia pública que estudia el proyecto. “Una audiencia pública ficticia, ya que no es vinculante. Así que el aumento ya se le otorgó a la empresa perjudicando a los usuarios” como denunció Alejandrina Barry.

Comenzando su denuncia la diputada Barry se explayó “A pocos días de terminar el año, el Gobierno de Larreta nos deja como regalo de Navidad un nuevo tarifazo, que se suma al del Subte y al nuevo impuesto al consumo sobre las tarjetas de crédito”. Haciendo una comparación en medio de la discusión sobre el derecho al aborto, Barry ironizó “Leí por ahí un tweet muy gracioso, pero no por ello menos importante, que decía que para Rodríguez Larreta la vida empieza desde la concesión”.

Audiencia por autopistas. A pocos días de terminar el año Larreta nos deja un nuevo tarifazo: aumento del 55% en los peajes de AUSA. Abro hilo con los increíbles argumentos que dieron y nuestra respuesta. pic.twitter.com/POhCJTtJl4

— Alejandrina Barry (@Barry__Ale) December 23, 2020

Dando cuenta del negociado de AUSA la concesionaria de las autopistas porteñas, Barry denunció “AUSA plantea que debe aumentar un 55% la tarifa porque está desactualizada como consecuencia de la inflación acumulada, lo cual afecta la situación económico-financiera de la empresa”. Y el Gobierno se la concede sin exigir siquiera que la empresa muestre sus balances económicos.

Es más, incluso se estipula “en adelante y para la proyección de la inflación del 2021 usaron el índice REM del BCRA, que para 2021 proyecta una inflación del 48%, muy superior al 29% que el Gobierno local y también el nacional proyectaron en sus presupuestos para el año próximo” siguió denunciando Barry.

Demostrando como el Gobierno de Larreta beneficia a las empresas concesionarias en detrimento de los usuarios y con una vara completamente distinta hacia los trabajadores, Barry continuó “Qué raro la verdad, para aumentar tarifas la inflación proyectada es del 48%, pero para el presupuesto de hospitales usan la inflación del 29%. Y ni hablar con respecto al salario de los trabajadores de la salud. Que se encuentran luchando por un justo salario, luego de haber sido la primera línea en la lucha contra la pandemia”.

“Ni los balance ni estados contables presentaron. Se ve que para el Gobierno no hace falta controlar eso, porque la palabra de la empresa es palabra santa” denunció, mientras recordó que “No parece poco rentable, ya que AUSA adquirió una extensión de la concesión por 20 años más, hasta el año 2049. Claramente es un gran negocio apañado por Larreta”.

Otro argumento empresarial para justificar el aumento de las tarifas, concedido por Larreta, es el que relató Barry: “AUSA dice que gracias a esta recomposición tarifaria podrá pagar la deuda que la empresa contrajo con organismos multilaterales “para la concreción de importantes obras de infraestructura durante el período comprendido entre los años 2016 a 2019”.

Ante esto Barry volvió a recordar que AUSA adquirió prestamos con organismos multilaterales por 130 millones de dólares en el 2013y por 250 millones de dólares en el 2016. Y para poder adquirir estos prestamos la Legislatura se los aprobó sin mediar alguna justificación. Incluso este último préstamo fue avalado y votado, no solo por el bloque oficialista, sino incluso por tres diputados del Bloque peronista y uno del Frente Renovador.

En la audiencia denuncie como este tarifazo es para que usuarios paguen deuda privada y negocios con la familia Macri. Hay que terminar con la concesión de servicios públicos. Que su acceso sea universal y gratuito y no una fuente de ganancias y negocios.

— Alejandrina Barry (@Barry__Ale) December 23, 2020

Sobre los cuales Barry denunció “son dos endeudamientos bastante escandalosos. Primero, porque tienen la conocida prórroga de jurisdicción ante los juzgados de Nueva York, lo que ya es una constante en los mecanismos de endeudamiento del país, tanto de la Ciudad como de Nación” y agregó como si esto ya no fuera poco que “ante la falta de pago de la deuda, los organismos extranjeros que dieron el préstamo puedan obtener ´la percepción directa del peaje´”.

Para dejar claro este negocio redondo para las grandes empresas, Barry explicó: “Es decir, si AUSA quiebra o deja de pagar, estos organismos extranjeros se quedarán con las ganancias del servicio. En lugar de hacer responsable a los dueños y gerentes, ya ni hablar de estatizar la empresa y el servicio, el Gobierno propuso que la deuda la paguen, una vez más, los usuarios”.

Al mismo tiempo este aumento del peaje trae aparejado un negociado, que incluso llegó a la justicia. Barry trajo a colación “AUSA está siendo investigada por actos de corrupción. Porque al llamar a licitación para construir el Paseo del Bajo dividió la obra en 3 tramos y en uno de esos tramos se presentaron 3 ofertas. De esas 3 ofertas, AUSA eligió la oferta más cara: la que había presentado IECSA, la empresa de Calcaterra, el primo del ex presidente Macri”.

Como se podrá ver, ya a esta altura, hacer negocios con las concesiones de los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires es un negocio redondo, ya que el Gobierno busca todos los mecanismos legales para abultar las megas ganancias de las mismas en detrimento de los usuarios del mismo.

Así lo expresó Barry: “Hay una definición clásica dentro del marxismo que afirma que el Estado no es más que la junta que administra los negocios de la burguesía. Es una definición sencilla pero también bastante precisa, que en situaciones como esta se ve de manera clara”.

En medio de una crisis sanitaria, económica y social, hace mas palpable esta definición, mientras genera mayor bronca entre la población de a pie, como expresó Barry: “en definitiva, todo este esquema de endeudamiento, ganancias millonarias y negocios fraudulentos con los servicios públicos de un lado, y la descarga del ajuste y la deuda sobre los trabajadores y sectores populares del otro, demuestra que, en la democracia capitalista, los empresarios tienen poder de decisión cotidiano y el Estado está para servirles a ellos”.

Y finalizando Barry dejó claro “Nosotros estamos en la vereda opuesta, y nuestra obligación como legisladores y legisladoras en estas instancias y en las calles es y será siempre la de enfrentar todos los tarifazos y ajustes que quieren aplicar sobre los trabajadores y los sectores populares. Por eso también exigimos que se anulen las concesiones de todos los servicios públicos y se estaticen bajo gestión de los trabajadores y usuarios”.

Y cerró con una definición que más temprano que tarde, y en medio de la agudización de la crisis, será compartida por cada vez más trabajadores y vecinos “Esta exigencia es parte de nuestra pelea para que toda la economía, todos sus recursos y servicios públicos, sean pensados y puestos en función de las necesidades de las grandes mayorías, y no la de un puñado de empresarios. Para que los servicios públicos sean un derecho universal y gratuito, y no una fuente de ganancia y especulación”.