En medio del stand by sobre el desalojo (postergado para el 15 de octubre) el ministro de Desarrollo de Kicillof aseguró que la solución será “pacífica” si los ocupantes del predio agarran el ofrecimiento oficial. Pero hasta ahora solo ofrecieron migajas y una amenaza de represión violenta a manos de Berni.
Lunes 5 de octubre de 2020 11:24
Foto Santiago Hafford | La Nación
En la mañana de este lunes, en el programa que conduce el periodista ligado al kirchnerismo Mauro Federico en su radio Delta, habló el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires Andrés Larroque. Obviamente sus definiciones centrales fueron en relación al conflicto habitacional de Guernica.
Larroque aseguró al aire que “400 familias, personas, firmaron el acta compromiso con el Ministerio para salir de la toma y volver a su lugar de origen a partir de algún tipo de solución que nosotros le acercamos en la emergencia”. Aunque, aclaró, también el Gobierno estaría “trabajando para construir una solución de fondo”.
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Según el ministro fundador de La Cámpora, el “censo” que hicieron los funcionarios de Kicillof dio como resultado que en la toma hay “1.900 personas que respondieron, 1.600 acreditaron tener un grupo familiar y alrededor de 300 plantean ser personas adultas sin menores a cargo”. Según esos propios números, y si Larroque no estuviera mintiendo, hasta el momento el chantaje del Estado habría tenido efecto en apenas un quinto de las familias censadas (que no son todas las que están en el predio).
Se dice chantaje porque, tal como lo viene documentando La Izquierda Diario, hasta el momento el “ofrecimiento” que se conoce de parte del Gobierno para con las familias en situación de desesperación habitacional se reduce a firmar un “acta compromiso” donde, ante todo, deben aceptar irse de esa tierra y recién después alguna especie de subsidio por alquiler, chapas para hacerse una casilla en otro lado o, en última instancia, conseguir un lugar en los “paradores” para persones en situación de calle. Escandaloso.
Nuevamente Larroque buscó dividir de forma interesada lo que sería “la gente” de la toma y “las organizaciones” que participan en ella. “La toma tiene dos formatos de representación, los delegados y delegadas y las organizaciones políticas que participan del proceso”, dijo el ministro, quien identificó, macartistamente, a estas últimas con “la izquierda”.
Como se recordará, la semana pasada tanto él como otros funcionarios acusaron a esas mismas organizaciones de “llevar” a las familias de Guernica a ser víctimas de la probable represión policial en el marco de un desalojo ordenado judicialmente.
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Con un poco menos de virulencia que la semana pasada, el ministro dijo que el Gobierno provincial plantea “poder tener algún nivel de acuerdo para avanzar en profundizar el registro de la situación de las familias, porque tenemos una responsabilidad como Estado sobre esas personas y esas familias. A partir de la resolución que queremos encontrar, por lo menos en materia transitoria y término de cuestiones de fondo, pero también en el tránsito de esa construcción de una solución, tenemos una responsabilidad como Estado”. Demasiadas palabras y ninguna idea concreta y tangible (más que la amenaza de desalojo).
Larroque graficó, a su manera, la complejidad del tema habitacional en la provincia de Buenos Aires. “Hay un escenario de más 80 tomas judicializadas en la provincia, de las cuales hay cinco que presentan un nivel de complejidad mayor y Guernica es, lejanamente, la más compleja”, afirmó. Pero esa “complejidad” la referenció más con la “exposición” mediática y política del caso que con la situación de miles y miles de personas necesitadas, mayoritariamente niñas y niños.
Así y todo, el ministro aseguró sin dar muchas presiones que “están todas las condiciones dadas para encontrar una resolución pacífica y voluntaria”. De hecho lo único “concreto” que pudo mencionar es una promesa a larga plazo: “ha cambiado el contexto de la semana pasada para aquí, porque el Gobernador ha presentado un plan de hábitat, suelo y vivienda que yo me animo a decir que es histórico y va a marcar un punto de inflexión respecto a la presencia del Estado a la hora de resolver un problema estructural que lleva décadas en Argentina”. Un plan que por el momento no sale de un simple power point presentado con bombos y platillos el último jueves en La Plata.
Pero además Larroque lanzó una definición muy poco seria. Según él, el problema estructural de la vivienda en Argentina “se intentó paliar entre 2003 y 2015, pero claramente con estos cuatro años que tuvimos de repliegue del Estado requiere de una intervención mucho más presente del Estado en todos sus niveles”. ¿En serio lo dice? Nadie puede desconocer que el macrismo hizo estragos entre la población pobre argentina. Pero de ahí a plantear que el ciclo kirchnerista de gobierno marcó una línea diferente en términos estructurales de déficit habitacional, suena un poco atrevido.
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Como se dijo en un artículo de este diario publicado el domingo, “Andrés Larroque, otrora miembro ilustre del cerebro camporista, hoy aparece al frente de esa poco decorosa función de chantajear, zanahoria mediante, a familias sin techo. De utilizar el Estado para presionar y expulsar a personas sin casa. De apoyarse en fiscales y jueces duhaldistas para apretar a familias humildes, resguardando los negocios de especuladores macristas y apelando a un marcado macartismo contra la izquierda”.
En ese marco, la “promesa” más ambiciosa expresada por el ministro debería dar vergüenza al régimen político patronal de conjunto. “Una de las medidas centrales que plantea este plan del Gobernador tiene que ver con poder ordenar la oferta de tierra y también la demanda, porque si bien todos sabemos que hay una situación de demanda muy fuerte en materia habitacional tampoco está ponderada de manera clara, y no hay un registro que a nosotros nos permita determinar efectivamente el nivel de esa demanda y nos manejamos por estimaciones. A partir de la creación del Registro de Suelo Urbano, que va a regular la oferta, y el Registro Provincial de Demanda Habitacional nosotros vamos a empezar a acortar esa brecha que hoy es inmensa”.
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Teniendo en cuenta la situación calamitosa de miles de familias sin tierra ni casa y que el peronismo gobernó la provincia de Buenos Aires 29 años de los 37 que van de constitucionalidad, ¿en serio el exponente de un gobierno peronista pretende convencer a la población que, en medio de una crisis económica fenomenal y donde las prioridades son el pago de la deuda y los negociados de las patronales del campo y la industria la situación cambiará para mejor en el mediano plazo? Poco serio. O, mejor dicho, todo lo serio que es implementar una política basada en la zanahoria y el garrote.
Pero, como se dice en el mismo artículo citado de este domingo, “ese rol de Larroque, hay que decirlo, se lo ganó con ‘militancia’ previa. Ya había tenido la función de desalojar un acampe de sectores qom en Capital Federal. ‘La patria es el otro’ es una promoción no válida para pobres y pueblos originarios. Cuervo le dicen a Larroque. Y sí”.

Redacción
Redacción central La Izquierda Diario