En los cinco años de gobierno que lleva López Obrador se ha mostrado un acercamiento sistemático entre la 4T y los militares. Tan importante ha sido su papel que se han convertido en uno de los pilares fundamentales que sostienen al Morena, lo que los ha llevado a tener una fuerte injerencia en la vida pública y en donde destaca los intentos del presidente por defenderlos.

El papel de las Fuerzas Armadas en México ha sido cada vez más cuestionado gracias al caso Ayotzinapa que, durante la 4T, lejos de resolverse, la impunidad continúa. El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comenzó desde hace algún tiempo a desvalorizar el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que dejó de operar en julio de 2023 y a pesar de eso, hoy siguen sosteniendo con pruebas que la desaparición de los 43 apunta a la participación de los cuerpos castrenses en los hechos. Fue por esto por lo que antes, durante y después de la marcha del 26 de septiembre de 2023, día en que se cometió la infamia nueve años antes, los padres de los normalistas desaparecidos señalaron al gobierno por no dar toda la información, basándose en la investigación realizada por el propio GIEI.

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Ante esta situación el titular del poder ejecutivo ha respondido que el Ejército ya entregó todas las pruebas, sin aclarar ni especificar sobre los datos que los afectados y los expertos reclaman, sólo dijo “que ya se entregó todo” sin poder demostrarlo realmente. A eso se sumó que, casi una semana después, en su conferencia mañanera del 2 de octubre, López Obrador se puso de nuevo del lado de los militares como parte de una operación ideológica para relegitimar a esta institución, que fue duramente criticada en los últimos sexenios por las repetidas violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados.

El presidente pretendió disociar al Estado Mayor Presidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como forma de exculpar a las tropas que fueron partícipes de la represión del movimiento y que tiene como símbolo indeleble la matanza perpetrada por soldados en la Plaza de las Tres Culturas. El mandatario afirma que toda la responsabilidad de los hechos recaía únicamente en el mandatario de aquel momento, Gustavo Díaz Ordaz, aprovechando las declaraciones que este último hizo en aquella época, “acepto íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica con relación por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”.

Díaz Ordaz dio la orden para iniciar con la represión que culminó con la masacre del 2 de octubre, lo que le da la mayor responsabilidad, pero por supuesto esta decisión la tomó en completa complicidad y la participación activa de los altos mandos militares y de la Sedena, por lo que no se puede deslindar al Ejército de su historial represivo ¿Por qué se nos presenta el empeño de AMLO por construir este relato en que las Fuerzas Armadas son “pueblo uniformado” o “pueblo en armas” y no son responsables de los crímenes por los que se le señala a pesar de las abundantes pruebas?

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El Ejército en la economía de la 4T

Desde que inició el sexenio, la relación entre el gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Ejército ha sido muy estrecha. El presidente ha involucrado a la institución castrense en las obras públicas, en especial las que tienen que ver con los megaproyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o el Tren Maya, con la justificación de que eso evitará su privatización. En 2021 declaró “Si estos bienes se los dejamos a Fonatur o a la SCT no aguantan ni la primera embestida”. Asimismo, los aeropuertos de Palenque, Tulum y Chetumal también quedaron en manos del Ejército a través de una empresa pública, junto al Tren Transístmico y la ampliación de los puertos en Coatzacoalcos, en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca, desde aquel año y hasta el día de hoy están bajo la custodia de la Secretaría de Marina. [1]

Ahí aprovechó para explicar que 75 % de las utilidades de las obras de infraestructura se utilizaron para el pago de las pensiones de los militares y para asegurar, según el propio discurso del presidente, un buen mantenimiento y administración de los bienes nacionales. Afirmó “Esto nos va garantizar que no se privaticen estas obras, nos garantiza también buena administración y seguridad en todo lo que es el sureste, el Istmo y el sureste, tanto con la Marina como con la Defensa, eso es lo que estamos procurando”. [2]

La administración de las Fuerzas Armadas sobre obras de infraestructura ha continuado de forma constante durante todo el sexenio, pues controlan parte de los aeropuertos, ferrocarriles, puertos, aduanas etc. Por ejemplo, en Sonora se les entregó un libramiento ferroviario para que el tren de carga no pase por el centro de la ciudad de Nogales. En Baja California, la Sedena también tiene a su cargo la construcción de un segundo piso que correrá paralelo a la franja fronteriza y la edificación de una aduana en Otay, ambos proyectos en Tijuana, con una inversión de alrededor de 10 mil millones de pesos.

Por ejemplo, el ya mencionado AIFA se construyó en un campo militar, en donde la institución castrense tiene una libertad total de tener injerencia, pero su influencia no termina ahí, pues ahora que los trabajos han concluido los efectivos militares se trasladaron a la reconstrucción y administración de dos aeropuertos más: el de Tulum, en Quintana Roo, y el de Palenque, en Chiapas. Por otra parte, en el famoso Banco del Bienestar, el Ejército ha sido el encargado de construir las sucursales, de las cuales terminó 46 % hasta febrero de 2022, es decir, 1,255 sucursales concluidas de las 2 mil 700 previstas [3] en ese año.

Por otro lado, a la Marina se le otorgó el control completo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el principal aeropuerto del país, en donde incluso los marinos, en la segunda semana de octubre del presente año, izaron la bandera nacional como símbolo de que su administración sobre el sitio es total. Desde que el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño fue colocado en la dirección del AICM la presencia de dicha institución se ha dejado ver, pues sus insignias han sido pintadas en las instalaciones. [4]

Es decir, la 4T ha seguido un patrón semejante al de otros gobiernos que buscan presentarse como progresistas y con un perfil antineoliberal ante las masas, en donde estos progresismos tuvieron el gran objetivo de “recomponer la capacidad de mediación del Estado con sus políticas de democratización formal, ´inclusión social´, neodesarrollismo económico y recuperación de algún grado de relativa autonomía política frente al imperialismo”. [5]

Ahora, lo que caracteriza específicamente a la 4T frente al resto de los progresistas es que su relación con las Fuerzas Armadas es mucho más estrecha que lo que fue, por ejemplo, el kirchnerismo en Argentina o incluso hoy en Chile. En este último, Gabriel Boric, quien había sido crítico de las fuerzas represivas durante la revuelta de 2019, en abril de este año amplió por ley el poder de los carabineros, con lo cual extendió el uso de la “legítima defensa”, es decir, más poder para reprimir, en un país con una historia importante de revueltas recientes.

Los Guacamaya Leaks

La 4T se vio envuelta en el escándalo a partir de que se dieron a conocer los Guacamaya Leaks, que fueron datos sensibles extraídos de los archivos de la SEDENA, en los que se divulgaron casos como el de la familia de Patricia Manon Romero Rodríguez y sus hijos, quienes han entrado en la proveeduría militar y han hecho jugosas transacciones a través de la empresa Intman, que en 12 años consiguió contrato de 3 mil millones de pesos, situación que ha tenido continuidad en el gobierno de AMLO.

Entre el 2020 y el 2021 esta empresa logró una licitación que le permitió continuar haciendo negocios con los militares a pesar de tener señalamientos de que los productos que entrega no son de la mejor calidad. Además de estar involucrada en los Panamá papers, una serie de documentos que señalaba a políticos y capitalistas del mundo entero y su relación con paraísos fiscales, donde estaban depositados recursos económicos de dudosa procedencia. [6]

Los Guacamaya Leaks también señalaron los viajes de lujo que ha realizado la familia del actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, los cuales contradicen por mucho el discurso de austeridad republicana promovido por la 4T. Esto en buena medida es producto de que la administración de AMLO ha cedido cada vez más espacio a militares en la administración y en la seguridad pública, lo que ha dado a los cuerpos castrenses privilegios y beneficios utilizando el presupuesto del Estado.

Por otro lado, los datos filtrados del Ejército muestran que la presencia de los militares en las calles se ha prestado al aumento importante de violaciones a los derechos humanos como son las desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, asesinatos. Lo que también va en detrimento del derecho a la información, pues los militares se manejan con muchos secretos, que no dan a conocer por clasificarlos como temas de seguridad nacional. [7] Esto ha sido, desde los sexenios de Calderón y Peña Nieto, una política consciente para mantener a toda costa la “paz social”, en medio de la continuidad y profundización de la dependencia de la economía mexicana a la del imperialismo, en especial el estadounidense.

En ese sentido, también ha existido continuidad del uso del espionaje contra quienes son vistos como contrincantes políticos del Estado, ya que durante el gobierno de Felipe Calderón se comenzó a adquirir el famoso malware conocido como Pegasus, una herramienta de ciberespionaje usada por las administraciones anteriores, y supuestamente creada para perseguir al terrorismo y al crimen organizado. Dicha herramienta se instala en celulares y es capaz de tomar el control sobre éstos, sin que el propietario se dé cuenta.

Pegasus fue puesta en operación durante el sexenio de Peña Nieto para espiar a los adversarios del gobierno como políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, dirigentes de oposición entre ellos el propio López Obrador y 50 personas de su círculo más cercano, incluido su médico cardiólogo. Por ello cuando se le preguntó en julio de 2021 al presidente sobre el tema, él respondió diciendo que el espionaje político a través del Cisen y otros organismos de inteligencia del Estado se había terminado, pues ya no se espía a nadie, no se censura tampoco a ningún ciudadano, “eso fue cosa del pasado, ahora estamos en una etapa de transformación”. [8]

Sin embargo, esta afirmación no se sostuvo, porque al año siguiente se demostró que el Centro Militar de Inteligencia (CMI), (que reemplazó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional -Cisen- en 2018) utilizó Pegasus, pero no es sólo eso, entre 2018 y 2021, es decir durante el gobierno de la 4T, su planilla de agentes pasó de 293 a 619 personas. Lo que revela la investigación “Ejército espía” es que, durante el gobierno de AMLO, se contagió con Pegasus el teléfono del defensor de derechos humanos tamaulipeco, Raymundo Ramos, para entorpecer una investigación sobre una ejecución extrajudicial cometida por integrantes de la Sedena el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. [9]

Otras violaciones a derechos humanos ocurridas durante este gobierno tuvieron lugar el 5 de febrero de 2023, cuando soldados asesinaron a cinco jóvenes sin previa advertencia y sin que estuvieran armados, alegando que escucharon disparos. Pero no terminó ahí, ya que familiares de las víctimas denunciaron intimidación por parte de los militares por hacer las denuncias del hecho, [10] buscando silenciarlos.

El trasfondo del uso del Ejército por parte de la 4T

El gobierno de López Obrador se ha caracterizado por apoyarse en las masas, ya sea mediante el uso gubernamental de las encuestas, las pretendidas consultas e incluso se ha valido de la movilización de grandes contingentes de sus seguidores para demostrar su popularidad ante amplios sectores de la población. Todo esto ha sido uno de los grandes pilares de su gobierno para mostrar la fuerza del consenso, también para ser el gran mediador entre mediadores de los diversos grupos sociales, económicos y políticos.

Pero el otro gran pilar de su gobierno han sido las Fuerzas Armadas, lo que consideramos como un rasgo de un fenómeno que desde el marxismo denominamos bonapartismo, en donde una de sus características es su estrecha cercanía con el Ejército, que termina por ser incluido como parte del proyecto de gobierno, otorgándole muy amplias y variadas funciones. Este fenómeno se viene expresando en el México actual desde la década del 2000, como rasgos bonapartistas de un régimen democrático burgués.

En ese sentido la militarización del país se ha venido dando con la excusa de enfrentar la violencia atribuida al narcotráfico y la delincuencia, pero su gran objetivo político es generar amedrentamiento social, mantener la estabilidad política y garantizar los negocios capitalistas (por ejemplo, en la zona donde hay muy importantes reservas de recursos naturales). Y que la entrada en juego de los cuerpos castrenses en temas “civiles” es una vía para fortalecer las posiciones del gobierno, al darle un firme aliado durante todo el sexenio y garantizar el despliegue de sus megaproyectos.

Por eso cuando AMLO insiste en presentar al Ejército como “pueblo uniformado” o “pueblo en armas” descendiente de los combatientes de la Revolución mexicana, lo que hace es buscar relegitimar a esta institución para volver a posicionarla como pilar clave del Estado burgués, fortaleciendo a las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista político, económico y hasta institucional. Sobre todo, tras todos los cuestionamientos que los cuerpos castrenses recibieron durante la época neoliberal, en especial en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y sobre todo a partir del caso Ayotzinapa que mostró el verdadero papel de los militares, ya que este caso expuso la colusión entre las fuerzas represivas y el crimen organizado. Eso fue lo que generó tanto repudio, en el marco del histórico cuestionamiento por la responsabilidad en masacres como la de Tlatelolco.

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Por lo que las operaciones político-ideológicas realizadas por López Obrador han ido encaminadas a represtigiar al Ejército y a los cuerpos represivos, lo cual se articula con medidas que son vistas como progresivas por sectores de las masas, como los planes sociales o aumentos al salario mínimo, entre otras “concesiones” mínimas realizadas por AMLO, con lo que ha ganado una base social de masas entre la clase trabajadora, y esa base social es fundamental para que la 4T pueda llevar a cabo proyectos que los gobiernos neoliberales no pudieron, como ahora el Tren Maya y el corredor interoceánico, que eran parte del Plan Puebla Panamá.

Por otro lado, consideramos que se busca fortalecer la figura presidencial frente a los distintos sectores dentro del régimen, como son los ya conocidos PRI, PAN, PRD etc., para mostrar quién es el presidente y máxima autoridad del Estado, lo cual sirve para fortalecer al propio régimen de conjunto.

Todo esto combinado con una política de concesiones, acercamientos y diálogo con los empresarios, protegiendo sus intereses, lo que requiere que los soldados estén al cuidado de sectores estratégicos de la economía; por ejemplo, los aeropuertos, las carreteras, los trenes y los puertos, que son fundamentales para hacer funcionar cosas como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Mediante ellos es como se echan a andar las cadenas de valor, por las cuales se transportan las mercancías, para proteger las ganancias capitalistas, potenciándolas con medidas como los megaproyectos del sureste, además de hacerse de los recursos necesarios para hacer funcionar sus programas sociales, aunque en el marco de una crisis general a nivel internacional del gran proyecto del neoliberalismo, lo cual pone límites, por lo que necesita aumentar el control de esos rubros de la circulación de bienes.

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¿Y entonces qué?

Desde nuestro punto de vista y por todas las razones antes expuestas, las Fuerzas Armadas no son “pueblo uniformado” al contrario, son parte del aparato de Estado cuyos intereses son contrarios al de la población pobre y trabajadora. Por lo que para abonar a una perspectiva estratégica en favor de los explotados y oprimidos de México es una necesidad que se avance en la construcción de un gran movimiento por la desmilitarización del país, ya que la presencia de soldados no garantiza la seguridad de las y los trabajadores, al contrario, su presencia en el espacio público perpetúa la violencia.

Además de que juegan un rol fundamental en garantizar a través de la misma, la consecución de los intereses económicos de los grandes capitalistas y las multinacionales imperialistas, que buscan ampliar sus ganancias mediante la expoliación de los recursos naturales y mecanismos como el despojo. Porque históricamente su papel ha sido reprimir a las mayorías laboriosas o a los sectores disidentes o “disuadir” (es decir, amedrentar), la emergencia de la protesta social, esto se acrecienta cuando estas cuestionan las medidas patronales impuestas por el Estado.