Hacia la Constituyente de la Ciudad de México hay que bregar por echar abajo el protocolo de control de multitudes, la disolución del cuerpo de granaderos y la libertad de todos los presos políticos.
Sergio Abraham Méndez Moissen México @SergioMoissens
Sábado 19 de marzo de 2016
El 10 de junio del 2013 en el marco de la movilización en conmemoración del llamado “halconazo”, la organización de la que formo parte –el Movimiento de los Trabajadores Socialistas–, junto a muchas otras organizaciones y activistas, fuimos emboscados por el protocolo de control de multitudes de la policía capitalina.
Caí preso con varias decenas de compañeros, cinco de ellos de mi organización, y gracias a una expedita e importante campaña democrática nacional e internacional salimos libres rápidamente, suerte con la que no corren otros activistas y luchadores en la capital.
Siempre ha habido represión en la Ciudad de México. Durante la huelga de 1999 por ejemplo, los estudiantes del Consejo General de Huelga fueron constantemente reprimidos por el entonces gobierno perredista de Rosario Robles.
En los últimos años, a partir del 1 de diciembre del 2012, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, verdadero alfil de Enrique Peña Nieto en la capital, incrementó la represión contra la juventud y el movimiento estudiantil.
Muchos jóvenes luchadores que participaron en la movilización del 1 de diciembre del 2012 contra la asunción de Peña Nieto, fueron detenidos arbitrariamente, golpeados y torturados, como nuestro compañero Rafael Romero Escalante. En muchas otras movilizaciones como la del 2 de octubre del 2013 y del 2014, jóvenes y estudiantes fueron arrestados y hoy pagan penas injustas y arbitrarias de hasta 5 años.
Un caso emblemático fue el de Brayan Reyes y Jaqueline Santana que el 15 de noviembre del 2014 fueron “levantados” por policías vestidos de civil. Lograron gritar y llamar la atención de un policía capitalino que interfirió, lo cual obligó a los policías a presentarlos ante un Ministerio Público. Ahí fueron acusados ¡del robo de 500 pesos a un policía! y trasladados a los Reclusorios Norte y Santa Martha Acatitla, donde permanecieron varios meses.
En pleno movimiento por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 20 de noviembre del 2014, una movilización masiva fue dispersada por la Policía Federal. Varios estudiantes de la UNAM fueron presos, como los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Hugo Bautista, Tania Damián y Hillary González Olguín, entre otros. Pero lo más indignante es que ¡fueron trasladados a penales de máxima seguridad! Ahí a donde recientemente el Chapo Guzmán hizo un túnel y se esfumó.
Y así existen decenas y decenas de casos. En estos días acaban de liberar, después de mucho tiempo de lucha e indignación a Nestora Salgado. Las cárceles capitalinas están llenas de pobres y de luchadores, en particular jóvenes. Según datos oficiales, el 50% de los reclusos en la Ciudad de México son jóvenes de entre 18 y 30 años.
La lucha contra el artículo 362
El artículo 362 del código penal capitalino, conocido como de “ataques a la paz pública” fue aprobado en el 2001 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El mismo plantea que “se impondrán de 5 a 30 años de prisión y, suspensión de derechos políticos hasta por 10 años a quién mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia; realicen actos contra las personas, los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública”.
En manos de la policía capitalina y el gobierno de Miguel Ángel Mancera, atacar a la “paz pública” significa movilizarse, estar contra el gobierno, ser joven, y así lo corroboran las decenas y decenas de detenciones arbitrarias que ya pesan sobre el gobierno capitalino y que han derivado en recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Desde el 1 de diciembre, el delito de “ataques a la paz pública” ha sido utilizado para criminalizar a la juventud y la protesta social. La lucha contra su derogación, que nos hermana con los jóvenes de 1968 que luchaban por derogar el represivo “delito de disolución social”, lleva ya varios años desde entonces.
Después de varios años de lucha por los presos políticos y contra el 362, se logró la inconstitucionalidad del artículo 362 del Código Penal Capitalino ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación este 24 de febrero. Esto no se debió a que esa cueva de jueces y funcionarios reaccionarios haya accedido graciosamente, sino a las intensas movilizaciones y reclamos de muchas organizaciones políticas, de derechos humanos y de defensa de los presos políticos, como la Coordinadora 1 de diciembre, entre otras.
Pero persisten en la ciudad la violencia policial y los presos políticos. Por eso desde la candidatura que represento junto a Sulem Estrada –maestra normalista–, estamos planteando que es necesario luchar por la disolución del cuerpo de granaderos y la libertad de todos y cada uno de los presos políticos, así como contra el protocolo de control de multitudes y todas las leyes que criminalizan la protesta social.
Esta, la lucha contra la represión, tendría que hermanar a todas las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos que todos los días enfrentamos el hostigamiento policial porque, si tocan a uno, nos tocan a todos.
