El gobierno ha dado las primeras cifras en lo referente a la Ley de Inclusión en la región de Magallanes, cuyo cambio más importante es el de terminar el copago, haciendo que los establecimientos opten por pasar a ser establecimientos sin fines de lucro, ser particulares pagados o cerrar, pero persiste la duda respecto a la relación entre gratuidad y educación de mercado.
Álvaro Pérez Jorquera Profesor de Historia y Geografía, historiador y músico
Sábado 5 de agosto de 2017
Según cifras del gobierno, a dos años de haberse promulgado la ley de inclusión, más de un 95% de los establecimientos de la región de Magallanes, donde se implementó, se mantuvo como particular subvencionado, mientras un 2,5% se transformó en particular pagado contra un 1% que decidió cerrar definitivamente.
La condición más importante para mantenerse en el sistema recibiendo subvención es la de transformarse en establecimientos sin fines de lucro eliminando el copago, bajo lo cual no deben cobrar ningún derecho de escolaridad a sus estudiantes y sus familias.
Además de ello, las cifras de la región arrojaron que el 85% de los estudiantes quedó en alguno de los establecimientos que eligió y un 64% quedó en su primera preferencia.
Gratuidad y Educación de Mercado
A 6 años del comienzo de las grandes movilizaciones estudiantiles por una educación gratuita y el fin de la educación de mercado, cabe preguntarse si esta ley de inclusión va en el mismo sentido de las demandas estudiantiles.
A partir de los argumentos del propio movimiento estudiantil, la crisis de la educación cuyos síntomas mas evidentes eran la enorme brecha entre establecimientos públicos, subvencionados y particulares en la posibilidad de continuidad de estudios, los cierres antojadizos de establecimientos y la quiebra de universidades, el principal problema era la existencia de un mercado de la educación, con empresarios que realizaban un servicio a cambio de ganancias, lo que daba lugar a este escenario donde quienes podían pagar accedían a una mejor educación y dónde si la empresa no prosperaba se cerraba según criterios empresariales de gestión.
La ley de inclusión lo que hace es eliminar el copago, por lo que los fondos provenientes de las mensualidades los pasaría a pagar el estado a los sostenedores, mantieniendo la educación de mercado, agregando "parches" para tapar sus consecuencias más evidentes, pues los sostenedores siguen existiendo, se sigue subvencionando la matrícula y en el ámbito público, se mantiene la competencia por fondos, aspecto que la Desmunicipalización no toma ya que es una reforma principalmente administrativa.
De esta manera, no está de más preguntarse ¿No es posible destinar los millones que el estado ya entrega en subvenciones a privados directamente a financiar la educación pública?
Es posible terminar con la educación de mercado
La reforma mantiene los aspectos estructurales de la educación de mercado, la lógica de la competencia y la inyección de millones de dólares a privados mientras la educación pública se cae a pedazos por falta de financiamiento.
Claramente, hay fondos para garantizar una mejor educación pública pues el estado está dispuesto a entregar más subvenciones que las que ya entrega para cubrir las mensualidades, por lo que el problema de la educación pública se transforma en un problema de voluntad e intereses políticos.
Las reformas de la Nueva Mayoría han apuntado a mantener el modelo de mercado, dedicándose a paliar sus aspectos más desagradables, sin embargo se mantiene gran parte de su base estructural. Los políticos del régimen, fieles a sus patrones empresarios, han legislado para mantener el negocio y contra los intereses de trabajadores, apoderados y estudiantes, señalando que el camino para lograr otro sistema educativo no se encuentra en el parlamento.
La actual ley de Inclusión no sólo no significa la vigencia del modelo de mercado, es un paso abiertamente en contra del fortalecimiento de la educación pública, pues sin financiamiento no hay proyecto educativo que perdure, manteniendo la actual tendencia de proliferación de establecimientos privados mientras se cierran las escuelas públicas.
Es hora de que trabajadores de la educación, estudiantes y apoderados tomen la lucha en sus propias manos y confíen en sus propias fuerzas, tomando lo mejor de las experiencias históricas como lo fue el proyecto de la Escuela Nacional Unificada impulsado desde el Sindicato único de Trabajadores de la Educación (SUTE). Sólo un sistema público financiado por el estado y gestionado por los propios actores de la educación pueden asegurar una educación gratuita, de calidad, intercultural y no sexista como un derecho y no como un privilegio de pocos.
