A la Ministra y Diputados de la Salud, accionistas de Masvida, se les sumó Gisela Alarcón. La subsecretaria de la cartera resultó ser accionista en la Cínica Las Condes, la institución privada que más se enriquece con la permanente crisis de la salud pública.
Kevin Bustamante Médico de Familia, trabajador de Atención Primaria de Salud, militante del PTR.
Martes 14 de marzo de 2017
La crisis de la Isapre Masvida va provocando resonancias de mayores proporciones. Hace una semana nos enterábamos de que la ministra Carmen Castillo y Diputados como Juan Luis Castro eran parte de aquel conglomerado de más de 8.000 accionistas en la "isapre de los médicos", actualmente fiscalizada mediante un administrador designado por la Superintendencia de Salud y con sus afiliados cautivos en medio de esta investigación.
Pasaron pocos días para que brotara otro caso de lo que podríamos llamar desde "conflicto de intereses" hasta "robo" si lo enmarcamos en la crisis constante que vive nuestro sistema de salud: la Subsecretaria de Redes Asistenciales del MINSAL, Gisela Alarcón Rojas, figuraba como accionista de Clínica Las Condes S.A., entidad privada que más recursos ha recibido por parte del Estado en los últimos años por concepto de compra de servicios asistenciales.
¿Qué implicancias tiene esto?
La Subsecretaria de Redes (Gisela Alarcón) tiene a su cargo las materias relativas a la articulación y desarrollo de la red asistencial del sistema, la regulación de la prestación de acciones de salud y como objetivos estratégicos se plantean, entre otros, mejorar las condiciones que permitan el funcionamiento del Sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES/AUGE) en la Red del Servicio Público, mediante la gestión de las brechas operacionales necesarias para generar la oferta requerida por problemas de salud garantizados (AUGE).
Pero la que hoy es titular, antes detentó el cargo subordinado de Jefa de la División de Gestión de Redes Asistenciales entre el 2014 y el 2016, donde uno de sus departamentos (el de Gestión Centralizada de Camas) se plantea favorecer y coordinar el acceso al recurso cama por parte de los beneficiarios de FONASA.
La compra del "recurso cama" a proveedores privados aumentó desde el 2013 al 2016 de $4.298 a $34.724 millones: un aumento 8 veces el inicial en este período de tiempo; de los favorecidos con este aumento, ¿cuál es la Clínica que ha percibido la mayor cantidad de dinero por dicho concepto? Sí, la Clínica Las Condes (CLC), misma entidad en la cual nuestra protagonista, Alarcón, es accionista y que se calcula debió percibir aproximadamente $92 millones en inversiones por sus 2.500 acciones en CLC S.A.
En resumen, Alarcón ha tenido puestos claves en la organización de la red asistencial de salud y, por supuesto, ha manejado toda la información necesaria para saber cuáles son las necesidades de compra de camas y/o servicios que la salud pública no puede cubrir, especialmente los servicios derivados de las patologías AUGE; patologías cubiertas con las cotizaciones de la mayoría de los trabajadores que sostienen FONASA, que a su vez transfiere dinero a privados para garantizar lo que el deteriorado sector público no alcanza y de donde la intrépida funcionaria-accionista saca su tajada, regularmente.
Si esto no es una colusión, póngale el nombre que desee, pero de que es impresentable al punto de exigir la destitución de la Subsectretaria o de la Ministra en el caso Masvida, lo es.
¿Cómo superamos estas aberraciones del sistema de salud?
Como expresa un dicho: "cambian los payasos, el circo sigue". En este modelo de país, bajo este régimen capitalista, será un círculo vicioso buscar la solución en otro personero de gobierno. Con tanto daño a la salud de la población trabajadora, tenemos, al menos, un par de cosas que plantearnos: ¿Es posible que la administración de la salud esté en manos de esos miles de funcionarios públicos y competentes, como trabajadores calificados que son? ¿Y de esta manera detentar en nuestras manos nuestra salud y, por ende, nuestra vida?
La forma actual de administración de los recursos públicos en salud, heredada de la dictadura (FONASA/ISAPRE), ya nos mostró cuan irregular podía ser. La Salud es un derecho que debe ser construido para que sea para toda la sociedad, para que sea un Derecho Social, para que todo trabajador y sus familias vivan con mayor calidad.
Por lo tanto, plantearse y organizarse por un Sistema Único y Público de Salud, donde la administración del mismo esté en manos de los trabajadores públicos, y donde todo trabajador cotice con sentido solidario, independiente a su ingreso y así tengamos acceso universal y gratuito; esto, no es una utopía, es una necesidad vital.
