Ante situaciones de emergencia o contingencia sanitaria, no se cortará el suministro de agua de uso doméstico para usuarios considerados como población vulnerable, de acuerdo con la reforma del párrafo cuarto del artículo 168 de la Ley de Agua para el Estado de Sonora.
Maestra Teresa Aguilar Maestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Jueves 7 de octubre de 2021
Este martes 5 de octubre el congreso local del estado de Sonora aprobó de manera unánime la propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Cricp), para garantizar el derecho del acceso al agua a familias vulnerables y de escasos recursos en el estado.
¿Esto realmente beneficiará a la población de escasos recursos?
Aunque la propuesta menciona que las familias vulnerables sigan teniendo servicio de agua frente a alguna “emergencia o contingencia sanitaria”, aun cuando exista falta de pago; el límite de dicha reforma es que, el suministro de agua dependerá, en última instancia, de lo que determine la administración de Sonora, o de que “las autoridades competentes” decidan si la situación de cada familia amerita hacer cumplir la ley, lo que no salva de la vulnerabilidad a los pobladores sonorenses que padecen la escasez de agua desde hace varios años.
Hermosillo, la capital del estado, hace años sufre la sequía de la presa Abelardo L. Rodríguez, que era su principal fuente de agua, lo que motivó al entonces gobernador panista, Guillermo Padrés Elías, a imponer la construcción del Acueducto Independencia sobre los intereses de las tribus indígenas yaqui, desatando el primer conflicto por el agua en México.
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Esto, sin contar el desastre ambiental del río Sonora provocado por la minera del Grupo México de German Larrea, por lo que fue sancionado sin mayor daño a su riqueza, pero dejando una huella ecológica y social grave, que aún no ha encontrado solución.
Conflicto por Acueducto Independencia
El conflicto que inició en 2010, dos años antes de la construcción del Acueducto, continúa hasta la fecha, ya que la mega obra -ya construida- desvía más de 30 millones de metros cúbicos de agua del territorio yaqui para la capital sonorense.
Recordemos que, las tribus yaquis han sufrido fuertes represiones por parte del gobierno en las movilizaciones en defensa del agua. Decenas de activistas yaquis han sido asesinados o desaparecidos en la última década, quienes han defendido la tierra y el agua, como es el caso de Luis Urbano Domínguez y Tomás Rojo, luchador contra el Acueducto Independencia; pero también quienes se han opuesto a la construcción de macroproyectos de minería, gaseoductos y acueductos, cómo les ocurrió con José de Jesús Robledo y su esposa María de Jesús Gómez, quienes se levantaron contra la minera Penmont.
Si bien el pasado 28 de septiembre se firmó un acuerdo entre el gobierno federal y parte de la población yaqui, donde se acordó la construcción del distrito de riego 18 para abastecer al pueblo yaqui, respecto de la existencia del Acueducto Independencia, el presidente López Obrador sólo dijo que “sería problemático” cancelarlo; lo que claramente significa que el saqueo continuará por ese medio.
El agua en manos de la industria privada
El abastecimiento del Acueducto no es principalmente para uso doméstico o de la población sonorense, sino que la agricultura ocupa hasta 59 veces más agua, misma que recolecta a través de tomas colocadas a lo largo del Acueducto que fueron aprobadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien ha concesionado tomas de agua a la industria privada que luego no vigila, permitiendo el saqueo irracional.
La industria alimentaria es la que más agua consume sin que se logre aprovechar toda su producción, la cual se desecha al no entrar en los parámetros del mercado.
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La conservación de nuestros recursos naturales pasará únicamente derrocando al sistema capitalista en favor de un sistema racional de producción donde el beneficio sea para la población y no para, tan solo, un puñado de ricos.
