La producción de recursos del mar ha sido un gran debate en materia ambiental frente al daño causado por la industria salmonera. ¿Qué salidas plantea el Frente Amplio para la relocalización de las concesiones acuícolas y prevenir el daño a la biodiversidad?
Teresa Melipal Santiago de Chile
Miércoles 9 de mayo de 2018
El pasado 17 de abril se llevó a cabo la votación en la Cámara de Diputados para el primer trámite constitucional de la ley “Ampliación de procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica, y establecimiento de permisos especiales de colecta de semillas” (Boletín N° 11317-21) . La cual fue aprobada con 128 votos a favor, 7 abstenciones y 4 en contra.
El proyecto de ley emanado por un mensaje de la ex presidenta Michelle Bachellet (PS) fue votado por unanimidad por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, y de Hacienda; para el ingreso del primer trámite constitucional, el cual indica ampliar la figura de la relocalización de concesiones a los demás cultivos de acuicultura que no sean salmones y establecer permisos especiales para la colecta de semillas.
Sin embargo, el proyecto busca sostener un permiso especial para ampliar la relocalización de plantas acuícolas de mitílidos (choritos) y algas en la región de Los Lagos por un plazo de 25 años, estableciendo una mayor fiscalización e información de las actividades de las empresas.
Las ganancias que deja la acuicultura
La acuicultura es el tercer sector productivo con mayor ingreso en Chile, mientras que a nivel mundial se corona como el octavo país con más ventas en el rubro, donde la producción y las ganancias están a manos de privados a la cabeza de siete grandes familias empresariales del país.
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En la actualidad, existen 1.901 concesiones de cultivos no salmónidos a lo largo del país, de las cuales 1.762 son de choritos y algas. La cosecha de 2016 superó las 300.000 toneladas, y debe considerarse que la demanda mundial por algas está creciendo dadas las múltiples aplicaciones que dicho producto que ha llegado a tener para las industrias farmacéutica, cosmética, alimentaria, etcétera. Sin embargo, la demanda y la producción sigue creciendo, según el Informe de Cuentas Nacionales de Chile el rubro acuícola-pesquero aumentó en más de un 20% el 2017, con tasas de expansión de dos dígitos en los tres primeros trimestres tras una importante caída durante los años 2015 – 2016.
Una alianza desde la derecha hasta el Frente Amplio
La votación por la ampliación de la relocalización de concesiones acuícolas fue votada por diputados de la derecha, ex Nueva Mayoría y Frente Amplio. El centro de la discusión fue la sustentabilidad del borde costero mediante la regularización de las concesiones y la productividad de los mares interiores que beneficiaría - en algún futuro- a la población.
Los diputados Alejandro Bernales, del Partido Liberal, y Jorge Brito, Revolución Democrática, intervinieron en la sala planteando su preocupación por los efectos medioambientales de la relocalización a lo cual insistieron que el proyecto sea revisado por la Comisión de Medio Ambiente, a esta moción se sumaron las palabras de diputados de la derecha como Andrés Celis de Renovación Nacional.
En tanto, Iván Flores (Florcita Motuda) del Partido Humanista, se refirió que esta ley se podría “dar espacio a sindicatos y organizaciones de pescadores artesanales”. No obstante, el temor a que no se respete la Ley Lafquenche y a la vez, el la polémica Ley de Pesca fueron argumentos que pusieron en cuestionamiento la misiva. Pero, ¿cuáles son las diferencias estratégicas de los argumentos a favor del proyecto?
Para la derecha de Chile Vamos, la ampliación de la relocalización de las concesiones permite mantener el estatus quo de los empresarios del mar y de los recursos hídricos, permitiéndose la licencia a las empresas que históricamente han practicado la acuicultura -y a las familias más poderosas- cultivar y extraer sin importar los daños estructurales del medioambiente.
Mientras que, para los sectores representados por la ex Nueva Mayoría y Frente Amplio una mayor regularización del Estado es suficiente para poder controlar los efectos de la producción acuícola en el sector, aplicando la sustentabilidad ambiental al problema. Sin embargo, esta mirada queda insuficiente si no se logra cuestionar quién controla, administra y decide en este sector productivo, como también quién se lleva las ganancias, frente a las millonarios ingresos de tan solo unos pocos.
Una salida real a la problemática de la acuicultura y a la extracción de los recursos naturales es la expropiación de los recursos naturales de la gran industria bajo el control de los trabajadores junto a los amplios sectores populares. Donde una planificación racional de la producción sólo puede provenir de quienes trabajan en esos centros y de quienes habitan entorno a ellos, y no de capitalistas y familias millonarias que solo quieren incrementar su riqueza.
