Iniciado el proceso de admisión de las universidades del CRUCh, el debate educativo tocó distintas aristas causando debates e incertidumbre en más de 1 millón de estudiantes que esperaban acceder a la gratuidad. Dentro de las sorpresas el Mineduc planteó eliminar la beca de mantención para los futuros “mechones”.
Ayline del Canto Estudiante periodismo UAH
Jueves 14 de enero de 2016
Este año alrededor de 160 mil estudiantes podrán acceder al beneficio de la gratuidad, donde 40 mil de ellos quedará sin acceso a la conocida Beca de Mantención. Cuando ya parecía que nada más podría seguir cuestionando la actual reforma, el CONFECh salió a rechazar el proyecto del Ejecutivo, demostrando las consecuencias de la letra chica.
El jefe de división de educación superior del Ministerio de Educación, Francisco Martínez, fue quien afirmó que quienes ingresen a su primer año y tengan gratuidad, no podrán acceder a la beca. Se trata de un monto de $18.500 mensuales que complementaba gastos de transporte, materiales de estudio y alimentos, que sólo perdurará para quienes hayan accedido en años anteriores a ella.
Los dirigentes adjudican esta noticia al desorden que tiene el gobierno en cuanto a materia educativa y señalan que “no sólo debe garantizarse el acceso a la educación, sino que también una serie de condiciones que entreguen bienestar durante el periodo como estudiante.” Además hicieron un llamado a revertir la medida una vez iniciado el periodo académico.
Jorge Sanhueza, militante de la Agrupación Combativa y Revolucionaria (ACR) y Consejero de Filosofía y Humanidades de la UCH, se refirió a que “la gratuidad del gobierno es a medias y funciona como un sistema de voucher más, donde a un sector reducido se les entrega una beca, mientras a otros se las quitan. Además de tener que seguir acreditando la pobreza a través de formularios”
Pero esa no parece ser la única contradicción. Esta semana la Ministra Adriana Delpiano se refirió a que la decisión de los planteles de pasar a ser sin fines de lucro es voluntaria, en cuanto a los IP y CFT. La decisión será respaldada con la ley que se está tramitando en el Congreso y que permitirá a estos establecimientos mantenerse bajo esa condición.
Nuevamente se está dando margen a los empresarios de la educación para que puedan seguir lucrando y viendo los planteles como un negocio más. La regulación de a quienes se les da la gratuidad fue un mero discurso del gobierno, donde los estudiantes no tienen seguridad de que pasa con su dinero y el rumbo de su educación siguen siendo bajo el criterio de los privados.
Y en esos planteles es donde ingresa un alto porcentaje de estudiantes de sectores precarizados. Este año la matrícula aumentó un 13% en relación a las postulaciones pasadas, donde sólo el 65% (23 mil estudiantes) perteneciente a colegios municipales logró acceder a alguna de sus preferencias y el 86% de colegios particulares pagados quedó en una carrera de sus primeras opciones.
Además, hay que considerar que cerca del 25% de los jóvenes que rindieron la PSU, no lograron acceder a alguna carrera a la cual postularon durante el proceso de admisión o si lograron ingresar a un plantel, este no accede a la gratuidad por no contar con el estándar de calidad de los cuatro años de acreditación o no ser del CRUCh. Por lo tanto aunque su situación socioeconómica les diera el beneficio, estos no logran estudiar gratis porque su puntaje fue insuficiente para la selección.
Incluso las matrículas de establecimientos como la UAHC y UCEN han disminuido, porque sus estudiantes tienen gratuidad pero no pueden acceder a ella en esas universidades, llevando al retiro de sus estudios en búsqueda de otros lugares.
Bachelet mencionó esta semana que “la gratuidad ya está aquí, y lo hicimos entre todos", pero la realidad es que fue hecha por la derecha, por el Tribunal Constitucional y los políticos corruptos, pero no por los estudiantes, trabajadores y el pueblo. La gratuidad no llegó para todos y los estudiantes exigen que nadie quede fuera.
