Cuatro semanas cumplirán los incendios que afectan el sur del país, según la Onemi: 43 incendios se encuentran activos. ¿Existe una alternativa a este negocio forestal que deja a miles de afectados?
Miércoles 6 de febrero de 2019
En lo que ya va de la semana, se han registrado 139 siniestros, de los cuales 43 se encuentran activos, 47 fueron controlados y 49 ya fueron extinguidos. Además, dos personas han fallecido en medio de la emergencia en la Región de La Araucanía, la más afectada hasta ahora.
Sumado a esto, este martes se decretó Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe para la Región del Biobío, a excepción de las comunas de Concepción y Talcahuano; Región de La Araucanía, excluyendo la comuna de Temuco; y las comunas de Mariquina y Panguipulli.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, explicó que hasta el momento se han registrado 630 incendios en esas zonas del sur del país, que han afectado al menos 9.500 hectáreas. "Ha habido un aumento significativo respecto al año anterior".
Sin embargo, del total de hectáreas afectadas al día de ayer llegaba a 139.842. De ellas, 35.059,49 hectáreas correspondían a árboles nativos, mientras 77.270 hectáreas, a pino y eucalipto. Hacia la misma fecha del año pasado (2016), ni siquiera 10.000 hectáreas se habían quemado, y en el año fueron de conjunto 60.000 hectáreas de bosque a causa de 1992 incendios forestales, según indicó la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
Los reales afectados: el pueblo pobre
Solo en la región de la Araucanía se han registrado 74 personas damnificadas, 44 albergadas, 1 lesionada y 14 viviendas destruidas. Dentro de los afectados, hay tres brigadistas forestales muertos; cientos de familias humildes, también numerosas hectáreas de pequeños agricultores.
En Limache, ubicado en la V región, según el último reporte de las autoridades municipales hay un total de 250 damnificados y 60 viviendas destruidas. Lo que da cuenta que frente a estos desastres naturales las personas más afectadas son los trabajadores rurales, agricultores y ganaderos, el pueblo pobre y la flora y la fauna del sector.
Por supuesto las grandes hectáreas de forestales o los inmuebles de los ricos, no son las afectadas por los incendios en mayora parte, y si se llegan a dañar, todas están protegidas por seguros que consolidan y mantienen el negocio forestal
D.L. 701: Una herramienta legal impuesta a fusil que benéfica a los de siempre
El Decreto Ley 701 del año 1974, como tantos otro que se han mantenido y profundizado a lo largo de los años, fue creado e impuesto a punta de fusil en la dictadura militar. Esta normativa ilegitima, que ha sido conocida como “la ley al fomento forestal”, se ha mantenido hasta la actualidad, aunque con modificaciones parciales, pero que no han cambiado en lo más mínimo su esencia.
Este inconstitucional precepto, se caracteriza por subsidiar con un 75% de los recursos a las plantaciones de monocultivos de pinos y eucaliptos. El Estado que fija un valor de costo de plantación de árboles relativamente alto, junto a este “subsidio” a las empresas, promovía la destrucción paulatina del bosque nativo por plantaciones de pino y eucaliptus rentables para el negocio forestal.
Justamente el 2017, fueron los grandes empresarios forestales los beneficiados con estos incendios, gracias a la apropiación de enormes extensiones de territorio nacional centralmente hacia dos grandes monopolios: CMPC, de la familia Matte y Bosques Arauco, del grupo Angellini. Ambas empresas controlan el 70% del negocio forestal. Juntas poseen más de 2 millones de hectáreas: Matte 750.000; Angellini 1.200.00. Sostenidas con el despojo al pueblo mapuche, cuyas diversas comunidades no alcanzan siquiera el medio millón de hectáreas.
Mientras el grupo Matte acumula una fortuna de casi 7.000 millones de dólares y el grupo Angellini unos 2.300 millones de dólares; en las zonas forestales, con supuesta abundancia de agua, hay 100.000 personas sin acceso al agua potable, “derecho” accesible sólo mediante camiones aljibes; y es mayor la pobreza al promedio nacional: en Cautín es de 25% y en Malleco del 35%.
Derogar el D.L. 701 y poner en marcha un gran plan de emergencia
Frente a toda esta alarmante situación que está ocurriendo en nuestro país, se hace ultra necesario derogar el ilegitimo Decreto Ley 701, así como toda la herencia de la dictadura. Para que al mismo tiempo se ponga en marcha un gran plan preventivo de los incendios forestales, protegiendo así no sólo la flora y la fauna, sino que también la calidad de vida de todas las personas que viven en los alrededores.
Este propósito, requiere que todas las herramientas se pongan a disposición de esta emergencia; aviones cisterna con mieles de litros apaguen los fuegos, miles de brigadistas con buenos salarios y todos los implementos de seguridad necesarios para abordar el siniestro.
Pero sabemos, que como las riquezas están en manos de unos pocos a los cuales nuestras vidas les valen menos que nuestras ganancias, es imperioso que este plan vaya de la mano con imponer grandes impuestos a las empresas forestales hasta lograr la completa expropiación de sus inmuebles que ilegítimamente poseen, sin pagarles ni peso de indemnización tras los años de saqueo y enriquecimiento a costa del pueblo trabajador.
Por el contrario, perfectamente se podría poner fin al negocio forestal, colocando en marcha un nuevo sistema alternativo, en donde CONAF pase al Estado y sean las mismas empresas publicas gestionadas por sus trabajadores y trabajadoras los que elaboren y administren una institución pública forestal que responda a sus propias necesidades y la del pueblo trabajador, terminando con la precarización laboral de miles de brigadistas que ponen el cuerpo, y en definitiva, ponga fin al negocio de los Matte, Angellini y se nacionalicen las más de 2 millones de hectáreas que hoy están en sus bolsillos.
Esta nueva empresa pública debe funcionar mediante el control de los sindicatos, comunidades mapuche y poblaciones del sector, buscando planificar de forma auto-organizada e independiente la producción forestal, hacia un camino transitorio que vele por la recuperación del bosque nativo que se ha descompuesto de manos de los empresarios, además de devolver las históricas tierras ancestrales a la nación mapuche que les fueron negadas y arrebatadas desde la invasión colonial.
