Tras más de quince años de denuncia, la CIDH otorgó medidas cautelares a pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago en Jalisco, "el más contaminado de México"
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 11 de febrero de 2020 19:46
Tras 18 años de que comenzaran a registrarse fallecimientos a causa de la contaminación en el Río Santiago, en Jalisco, y que comunidades aledañas y defensores ambientales levantaran la voz para denunciar las graves consecuencias que la contaminación del río estaba teniendo sobre la población, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas cautelares.
La denuncia atrajo la atención de medios como el New York Times, que publicó a principios de este año un reportaje sobre la situación de este río con el escandaloso, aunque no inexacto título de "Un Chernobyl en cámara lenta".
Desde 2003 hasta 2019, 28 personas habrían fallecido a causa de enfermedades renales crónicas derivadas de la exposición a contaminantes en el Río y alrededores. Además, se han detectado pesticidas en la orina de menores de edad. Conteos ciudadanos son menos optimistas y reportan cifras de hasta mil 293 personas fallecidas y más de mil 500 enfermas.
En 2008, un menor cayó al cauce del Río Santiago y falleció apenas unos días después, intoxicado por el arsénico que anega el agua.
Los municipios afectados son, principalmente, Juanacatlán y El Salto. Las localidades afectadas del municipio de Pincitlán son San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala. Sin embargo, según reveló el reportaje del New York Times, las afectaciones alcanzan inclusive el área metropolitana.
Mercurio y Níquel son algunas de las sustancias detectadas en las aguas del Río Santiago.
La resolución de la CIDH considera que pobladores se encuentran el "riesgo de daño irreparable a sus derechos". El organismo llamó al gobierno mexicano a adoptar medidas para "preservar la vida, integridad personal y salud " de pobladores de hasta 5 kilómetro del Río Santiago.
Las consecuencias de la contaminación se agudizan por la precariedad de los servicios de salud en la región, que no cuenta con infraestructura para atender padecimientos renales. Quienes caen enfermos y pueden costear el viaje y el tratamiento, se trasladan a la Ciudad de Guadajalara para atenderse.
La respuesta del gobierno local, directamente responsable de las condiciones del sistema de salud y medio ambiente, ha estado ad hoc con los intereses a los que verdaderamente responden. Y es que es conocido el presunto "acuerdo" al que llegó Enrique Alfaro con empresarios para "disminuir" la contaminación del Río, mismo que fue letra muerta en los hechos.
Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco, aseguró en 2018, aún en el cargo, que "no había pruebas" de la relación entre la contaminación y las enfermedades reportadas entre la población.
Hersey’s, Honda y Nestlé, ecocidas
Un informe de 2011 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, citado por Desinformémonos, revela cómo empresas nacionales e internacionales han sido favorecidas por las distintas administraciones estatales a pesar del impacto de sus desechos en el medio ambiente y la población. Este informe, además, alertaba especialmente sobre los resultados de la población infantil que mostraron consecuencias de una alta exposición a contaminantes.
Hersey’s, Honda, Urrea Herramientas y Honda, son algunas de las casi treinta empresas que han sido señaladas como responsables de descargas residuales "irregulares".
Las medidas que ha promovido el gobierno local, como la instalación de Plantas para tratar el agua, son insuficientes y, según destaca también en su resolución la CIDH, no responden al principal problema que hace a la atención integral de los daños ocasionados tras casi dos décadas de contaminación.
Se presume que hay un aproximado de 500 puntos de descarga de aguas residuales a lo largo del Río Santiago y a sus alrededores, según la investigación del NYT, se extienden casi 10 mil empresas. Un reto muy superior a las "medidas" implementadas por el gobierno de Alfaro para posar de que atiende las demandas ambientales y que, hasta el momento, han implicado apenas la toma de muestras para identificar "quiénes contaminan más".
El gobierno federal ha mantenido al respecto una posición contradictoria, y es que mientras "admite" públicamente el problema de la contaminación en Río Santiago, las "sanciones" -cuando las hay- son multas insignificantes para estos gigantes trasnacionales que están muy lejos de reparar el daño que han provocado y avalado empresas y gobiernos en sistemática complicidad.
Con información de Desinformémonos. Aristegui Noticias y Proceso.
