En los diálogos entre las autoridades y estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, respecto a la violencia de género, la propuesta emitida fue la capacitación de todos los funcionarios, autoridades, etc. con perspectiva de género, así como la colocación de una abogada mujer, para atender la violencia contra las compañeras en la facultad.
Lunes 16 de septiembre de 2019
Esto fue “totalmente respaldado” por parte de las autoridades que incluso presumieron la reciente creación de una comisión encargada de cuestiones de género.
Sin embargo, hablar de la violencia hacia las mujeres, implica hablar de la situación que vivimos por fuera de la universidad.
Se trata de una situación cada vez más grave y ante la cual, hechos tan alarmantes como el feminicidio de Lesvy Berlín o el asesinato de Aidé Mendoza en CCH- O, frente a los cuales las autoridades han hecho todo por entorpecer las investigaciones.
En ambos casos se negaron a hacer pruebas difundiendo "verdades a modo" o criminalizaron a las víctimas, y negaron su responsabilidad, como en el caso de una Aidé Mendoza alcanzada misteriosamente por una bala perdida a mitad de su salón de clases, o el caso de Lesvy Berlín.
Por otro lado, uno de los puntos controversiales del diálogo fue que la FCPyS aparece como firmante de un comunicado de rectoría publicado en la gaceta, en el cual se informa que la universidad abrirá carpetas de investigación a los manifestantes del pasado 3 de septiembre, para tomar represalias en contra de los estudiantes involucrados.
Llama la atención que el aparato que ha sido incapaz de moverse, ante el asesinato de compañeras, incluso al interior de la UNAM, ahora si se ponga al servicio de perseguir y criminalizar a los manifestantes.
En este sentido, constreñir la fuerza de la lucha que hoy las compañeras encabezamos en contra de la violencia dentro y fuera de la universidad, a la reforma de las instituciones que reproducen esta violencia en nuestra contra, mediante perspectiva de género, es insuficiente.
El problema no radica en el género de las abogadas. Nada cambia si éstas están ligadas a la estructura del aparato represivo de la universidad, que trabaja con el Tribunal Universitario responsable de la expulsión de tres mil estudiantes con motivos políticos, y que persigue y hostiga a los sectores organizados como ha ocurrido recientemente en CCH- Sur y CCH-Naucalpan, y que además son quienes maniobran las pruebas en los casos de violencia más cruenta.
Para enfrentar la violencia contra las mujeres y la violencia en contra de los sectores organizados, es necesario que haya comisiones independientes de las autoridades, conformadas por la comunidad universitaria, abogadas con perspectiva de género, defensores de derechos humanos, etc., que retomen cada uno de los casos y definan acciones al respecto.
Te puede interesar: FCPyS: ¿Hacia dónde va el diálogo público con las autoridades?
Te puede interesar: FCPyS: ¿Hacia dónde va el diálogo público con las autoridades?
Andrea Vargas
Estudiante de la FCPyS e integrante de la Agrupación Juvenil Anticapitalista
