En la Estación Pudahuel del Metro, un guardia echó por “estorbo” a un joven ciego que tocaba la armónica junto a su perro lazarillo. Posteriormente, Felipe Díaz, de 25 años, se suicidó.
Nicolás Miranda Comité de Redacción
Viernes 13 de marzo de 2015
La acusación de la familia
De acuerdo a información de radio Cooperativa, la familia de Felipe Díaz acusó a una guardia del lugar de tratarlo de "estorbo" y de "sinvergüenza", además de decir que "fingía ser no vidente" para conseguir dinero.
Su hermano, Mauricio Díaz, declaró que "llegó súper triste a la casa, nos contó a todos que lo habían humillado acá en el Metro, que habían dicho que él engañaba a la gente, que no era no vidente a pesar de que era visiblemente una persona con discapacidad. Andaba con su perro, tenía problemas visibles de marcha, no podía caminar bien".
Impunidad y negocio en la seguridad privada
Según un reportaje de Ciper, hay tres veces más guardias de seguridad y vigilantes privados que policías en Chile. Es un mercado con entre 1.300 y 2.600 empresas, y 120 mil empleos directos. El negocio reporta ganancias por $37.000 millones al mes para las empresas, además de $400 millones al año a Carabineros, sólo por acreditar a guardias y vigilantes, por la prueba que deben dar los aspirantes a vigilantes ante la Dirección de Seguridad Privada de Carabineros (OS-10).
No se trata solo de negocio. Es un “emprendimiento” y una “salida laboral” para miles de ex militares, policías, y ex represores. Muchos de ellos, incluyendo ex miembros de la DINA y la CNI, continuaron su vida laboral y empresarial, en estas empresas. Es el caso del ex jefe de la CNI, Odlanier Mena, quien creó la empresa de seguridad Asise.
También de Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, con su empresa Alfa Omega. De Prosegur son dueños o en altos cargos, Rodrigo Zulueta Galilea y Alberto Labbé Galilea, hermano del ex alcalde de Providencia, ex edecán de Pinochet, y actual demandado por tortura, Cristián Labbé.
Impunidad y humillaciones
La defensa de la propiedad privada contra lo que consideran sus problemas de seguridad, crea el ambiente necesario para estas humillaciones y para la impunidad. Son conocidas cada cierto tiempo denuncias de golpizas y abusos de los guardias. La discriminación por “portador” de aspecto es otra cara del problema.
La mercantilización de la educación, la criminalización de la protesta social, llevó a que incluso en universidades se contrate a seguridad privada para vigilar ingresos y egresos en estas Casas de estudio. Este ambiente de abusos encuentra una nueva víctima en el suicidio del joven del Metro.
